El presidente, Luis Lacalle Pou, está decidido a incidir en el plan para erradicar los asentamientos y negocia con la ministra de Vivienda, la cabildante Irene Moreira, una fórmula que le permita tener "cerca” a ese programa para poder “hincarle el diente” al tema.
Según supo El Observador a partir de fuentes del gobierno, el mandatario y la secretaria de Estado tuvieron ayer, en el marco del acuerdo ministerial celebrado en la Residencia de Suárez y Reyes, una conversación “franca y fraterna” en la que acercaron posiciones aunque seguirán intercambiando para definir la forma en que se instrumenta la propuesta.
Una de las opciones que está arriba de la mesa, y convence a las autoridades de Vivienda, es que Presidencia esté al frente de la coordinación y planificación pero que sean los ministerios quienes ejecuten las obras.
La negociación entre el presidente y la ministra se produce luego que fracasara en el Parlamento la propuesta de Lacalle Pou –incluida en el proyecto de Presupuesto– de pasar a Presidencia la coordinación y ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), que forma parte de Vivienda.
Leonardo Carreño
Lacalle Pou y Moreira buscarán llegar a un acuerdo que permita incluir un artículo sustitutivo en la ley que está siendo discutida en el Senado.
El objetivo de la propuesta es que sea Presidencia la que lidere y coordine las políticas interinstitucionales sobre asentamientos para evitar duplicar esfuerzos, mientras que los ministerios se encargarán de ejecutar las obras.
Desde la campaña electoral, Lacalle Pou ha manifestado que una de sus obsesiones es erradicar los asentamientos y por eso quiere tener “cerca” estos programas.
Las autoridades de Vivienda también manifestaron a Lacalle Pou su acuerdo en que sea él quien designe a quien estará al frente de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), que fue creada en la ley de urgente consideración y cuya función es coordinar el trabajo del Plan Juntos y el PMB.
A su vez, no se prevé que se realicen cambios en los coordinadores del PMB, los colorados, Álvaro Martínez y Consuelo Pérez, aunque el gobierno deberá designar a una nueva gerenta técnica, dado que Tamara Paseyro renunció y trabajará hasta este viernes porque fue designada por Carolina Cosse como directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo.
Trabajadores en conflicto
La negociación entre Lacalle Pou y Moreira se produce en momentos en que un grupo de 35 contratados del PMB se declaró en conflicto por recortes e incertidumbre acerca del futuro del plan. El colectivo proyecta realizar paros los primeros días de noviembre –en fechas que están previstas las entregas de viviendas– si no tienen un ámbito de diálogo con la ministra.
Los contratados a través de la Intendencia de Montevideo emitieron un comunicado en el que rechazan los recortes planteados en diferentes obras, la falta de respuesta sobre proyectos en 17 barrios del departamento, y la incertidumbre acerca de 35 contratos que vencen en diciembre.
Diego Battiste
Según el comunicado, el recorte anunciado en setiembre para las obras previstas para el resto del quinquenio es una decisión que no está "respetando los compromisos asumidos con los más de 50 mil vecinos y vecinas de los barrios y asentamientos en los que ya se venía trabajando".
Además, los trabajadores destacaron que debilitar los programas que intervienen en el acceso a la vivienda "profundiza las desigualdades de nuestra sociedad" y agregaron que hay una "obligación constitucional del Estado de garantizar este derecho".
El coordinador del PMB, el arquitecto Álvaro Martínez, dijo a El Observador, que estaba “esperando resoluciones” para “poder actuar”. “No tomo decisiones hasta tener las directivas claras. Con esta incertidumbre no puedo tomar decisiones al respecto porque no sé qué va a pasar”, expresó.
Intervenciones
En el Presupuesto, el gobierno también incluyó otras disposiciones que habilitan a hacer intervenciones territoriales en cualquier asentamiento irregular durante un plazo de hasta dos años con la posibilidad de ampliar el período por un año más.
La intervención consistirá en la realización de obras de infraestructura y mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra y el fomento de la integración de las familias participantes y su entorno.
“Durante el período de la intervención, y, exclusivamente, en el territorio delimitado para la misma, no serán de aplicación los procedimientos de revisión de los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, previstos en el artículo 29 de la ley Nº 18.308, del 18 de junio de 2008, para el cambio de categoría del suelo, así como toda otra normativa legal sobre fraccionamientos, cesiones y edificaciones”, agrega en los siguientes artículos.
Además, las obras que se realicen estarán comprendidas en los beneficios tributarios de la ley de Vivienda de Interés Social.
