El director blanco del organismo había fundamentado a favor de los ascensos
El presidente Luis Lacalle Pou ordenó detener diez ascensos en el Correo que no se habían realizado por concurso y que fueron autorizados por el directorio en su última sesión antes del cambio de gobierno.
El 19 de febrero, las autoridades del Correo aprobaron el ascenso de funcionarios que pasarían a cumplir funciones de supervisión en la Red Nacional Postal, pero el presidente junto con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, observaron el acta y exhortaron a los directores a cumplir las recomendaciones.
En la resolución, Lacalle Pou y Paganini señalaron que las autoridades del Correo argumentaron “razones de servicio, urgencia y criticidad” las cuales no eran “diferentes a la situación funcional habitual de la operativa postal” y expresaron que con las asignaciones dispuestas se impactaba en el “rubro cero” (mano de obra).
El presidente y el ministro también rechazaron que los ascensos fueran transitorios pero sin mecanismos para revertirlos, y recordaron que en caso de que se produzcan vacantes en cargos de supervisión, la mejor forma de reponerlas es a través de un llamado a concurso.
De los diez ascensos, tres son a gerente de división (grado 13), otro a jefe departamental (grado 11), uno a jefe de sección (grado 9) y cinco a supervisores comerciales y operativos (grado 6).
La aprobación de los ascensos había generado una discusión en la interna del directorio, ya que la vicepresidenta Giannella Viñoly se opuso y votó en contra citando informes de distintas áreas del organismo como Capital Humano y la Gerencia General.
En su fundamentación, señaló “falta de oportunidad y conveniencia” en tomar la resolución “a cinco días hábiles de la asunción de la nueva administración”.
“La acefalía no se verificó en este último lapso ocasionando perjuicios, sino que se trata de situaciones prolongadas en el tiempo, lo que debió en su caso, determinar una consideración anterior”, expresó.
Inés Guimaraens
Viñoly también dijo que había varias dependencias con supervisiones vacantes que ameritaban la implementación de concursos “en línea con la normativa vigente” y que al impactar en el rubro cero, la medida generaba que no pudiera haber reasignaciones en eventuales ingresos, porque el dinero ya se había utilizado en las readecuaciones remuneratorias.
También consideró que se estaba exponiendo a los funcionarios implicados en los ascensos ante el gremio que ya había anticipado medidas y planteó que en los casos más urgentes se haciera una intervención funcional temporal. “Sin dejar de reconocer la justicia de algunos planteos, por cuanto se trata de funcionarios que vienen cumpliendo tareas por encima de su cargo y grado desde extenso período”, sentenció.
En tanto, la presidenta Solange Moreira y el director blanco del organismo Fernando Saralegui votaron a favor argumentando que era imperiosa la necesidad de regularizar las situaciones anómalas.
Camilo dos Santos
Moreira señaló que había 41 vacantes de supervisión, aunque siete de ellas eran críticas y tres estaban en centros de procesamiento neurálgicos para la empresa. La presidenta dijo que los funcionarios venían desempeñándose en el cargo sin estar designados, por lo que no recibían “la retribución salarial que les corresponde por desempeñar efectivamente dichas tareas”.
Saralegui, por su parte, aseguró que no se expedía sobre quiénes ascendían y que la resolución no impedía la asignación por concurso, y reiteró que desde hacía “mucho tiempo” se venía reclamando la “solución a la totalidad de estas situaciones motivadas por la falta de legitimidad del ejercicio de cargos de supervisión”.