Este lunes a las 17:00 horas el presidente, Luis Lacalle Pou, se reunirá con el Consejo de Ministros para presentar los principales lineamientos de la Rendición de Cuentas del año 2022.
Tras negociaciones que duraron varios meses entre las distintas carteras y el equipo económico, encabezado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el presidente presentará una Rendición con un incremento de presupuesto de más de US$ 100 millones, indicaron legisladores oficialistas a El Observador.
Si bien los distintos ministerios y organismos realizaron sus pedidos y plantearon sus reclamos en esas negociaciones, ahora es el presidente el que le anunciará a sus ministros cómo se distribuirá el dinero.
Lo que ya es conocido por los jerarcas es que los principales aumentos están en las áreas de educación y seguridad.
En el primer punto, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pidió un piso de incremento de US$ 62 millones
El ente educativo quiere tener los fondos necesarios hasta 2024 para llegar a los 60 centros María Espínola, mejorar los salarios de directores, equiparar el de los adscriptos y orientadores, y renovar estructuras de algunos edificios educativos en mal estado. De todos modos, el uso de los recursos nuevos destinados a la educación genera diferencias en la interna de la coalición. Mientras que los colorados apuestas por la transformación educativa los blancos quieren priorizar los salarios docentes.
En lo que respecta a la seguridad, el Ministerio del Interior pidió US$ 23 millones, con el fin de comprar 150 nuevos vehículos y cubrir 1.500 vacantes de la Guardia Republicana, Bomberos y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Por otra parte, el Ministerio de Defensa pidió fondos para el incremento salarial de policías y soldados, algo en lo que tiene el respaldo de Cabildo Abierto.
Más allá de lo que defina el Poder Ejecutivo, luego el Parlamento tendrá una ventana de tres meses para negociar y redistribuir el dinero. El Poder Legislativo no tiene potestad para aumentar el gasto.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), uno de los mayores beneficiados en la anterior Rendición de Cuentas con US$ 50 millones para la primera infancia, pidió para esta instancia más recursos para el Instituto de Alimentación (INDA), el Sistema de Cuidados y programas de atención de salud mental y adicciones.
Otro de los que más dinero recibió en el presupuesto anterior debido al plan de erradicación de asentamientos, el Ministerio de Vivienda, pidió $ 433 millones (un poco más de US$ 10 millones) para Mevir. La idea con este aumento es construir 300 viviendas nuevas durante el actual periodo de gobierno en el interior.
El Ministerio de Ambiente solicitó un incremento de $ 188 millones (alrededor de US$ 4,5 millones), para instalarse de forma definitiva en una nueva sede, hacer el seguimiento de proyectos de "alta complejidad", comprar nuevos automóviles, financiar un préstamo con el BID y una excepción para cubrir vacantes de ingreso.
Por su parte, el Ministerio de Ganadería solo quiere dinero para concretar la puesta en funcionamiento del Instituto de la Granja, organismo presupuestado en 2020 pero sin financiamiento hasta ahora.
El Congreso de Intendentes pidió $ 1.000 millones (más de US$ 24 millones) para su Fondo de Asimetrías, que busca cubrir la diferencia de ingresos que reciben las distintas intendencias por parte del gobierno.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) busca un aumento para continuar con la implementación de los ocho juzgados de Género votados en la Rendición de 2022, y para la creación de ocho juzgados en el interior que terminen con los turnos únicos. Además, se pretende la creación de cinco nuevas fiscalías: tres de Delitos Sexuales, una de Estupefacientes y otra de Lavado de Activos.
La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) quiere un incremento para reforzar el sistema de emergencias (SAME).
El Ministerio de Transporte no realizó ningún pedido presupuestal, pero sí solicitó llevarse 120 de los 400 trabajadores de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). La cartera quiere dar rango de dirección general a Transporte Ferroviario, lo que implicaría el traslado de las unidades Vía y Obra y Comunicaciones de AFE a la órbita del Ministerio.
Además, el gobierno negocia con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) una fórmula para alcanzar la recuperación salarial que se enmarque dentro del actual presupuesto.
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