Los cambios al proceso penal incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración, entre los que se incluyó la reducción de los procesos abreviados de modo que la mayoría de los casos terminaran en juicio oral, alarmaron a la Asociación de Fiscales, que advirtió que de concretarse esas transformaciones el sistema "colapsaría". La preocupación fue manifestada personalmente al presidente electo, Luis Lacalle Pou, en un encuentro de más de una hora con autoridades del gremio de fiscales del que también participaron la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y el prosecretario de Presidencia designado, Rodrigo Ferrés, encargado de la redacción del texto.
Los fiscales entregaron un documento al gobierno electo con experiencias del sistema acusatorio en América Latina y su evolución a lo largo de los años, que el futuro presidente se comprometió a analizar. Según dijeron fuentes políticas a El Observador, Lacalle Pou es proclive a tomar en cuenta los planteos de los fiscales y rever los puntos más criticados del proyecto.
La presidenta del gremio, Mirtha Morales, aseguró que se trató de una reunión “muy cómoda” y que los puntos planteados tuvieron un “buen recibimiento” por parte del gobierno electo. “Fueron atendidos, por lo menos escuchados, los planteamientos. La Asociación de Fiscales está muy preocupada con las modificaciones porque entendemos que no es el momento ni el objetivo que se busca, que es optimizar el sistema de justicia, reducir la criminalidad. Más bien lo que entendemos es que se va a generar el efecto contrario”, dijo en rueda de prensa luego de la reunión.
Leonardo Carreño
Mirta Morales, presidenta de la Asociación de Fiscales
Morales insistió en que los fiscales esperan que no se envíen al Poder Legislativo los artículos referentes a la reforma del Código del Proceso Penal tal como están redactados porque sería contraproducente para todo el sistema penal.
“Nuestro principal cuestionamiento es que todas las causas vayan a juicio y recortar las medidas alternativas. No existe un país en el mundo, ni en el sistema anglosajón, ni en los países que tienen régimen acusatorio en América Latina, que se lleven todas las causas a juicio. No hay sistema que lo soporte, pero no porque la Fiscalía no pueda. Porque el sistema del Poder Judicial lo podría hacer, ni la sociedad lo podría aguantar que la policía tenga que ir a declarar, que los forenses tengan que ir a declarar, que los testigos tengan que ir a declarar, que las víctimas, a todas las causas criminales”, dijo y agregó: “En todo sistema acusatorio se llega a juicio oral y público en un porcentaje mínimo, aquellos casos que realmente justifican. Por eso nosotros defendemos las medidas alternativas. La existencia de la estructura del proceso abreviado la Asociación de Fiscales la defiende”.
Las modificaciones al Código del Proceso Penal dispuestas en el proyecto de ley de urgente consideración implican no solo limitar los procesos abreviados y medidas sustitutivas, sino también un nuevo rol para la policía. En el encuentro entre los fiscales y el nuevo gobierno, el tema se mencionó, aunque no fue el foco de la reunión, y coincidieron en que había que dotar de mejoras herramientas de investigación a la policía.
Dentro de las modificaciones previstas se le otorgan potestades a la policía para interrogar a los detenidos antes de pasarlo al fiscal. A la vez, el documento amplía de dos a cuatro horas el plazo de detención de personas en averiguaciones en casos de registros en busca de pruebas de delitos. Según el texto, la policía podrá registrar a las personas y vehículos y luego comunicarlo a los fiscales.
El proyecto del gobierno electo propone en su redacción inicial que el proceso abreviado por el cual el delincuente puede acordar una pena menor con el fiscal solo se aplique a delitos con una pena máxima de tres años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, lo que reduce las posibilidades de cerrar casos sin ir a juicio. Ese es el principal punto que despertó alarma en los fiscales.
El gremio ha criticado la falta de recursos con los que cuenta el sistema judicial, que lleva a que los fiscales deban cumplir largas jornadas de trabajo. Sin embargo, para la Asociación de Fiscales es preferible esa situación que la planteada en el proyecto de ley de urgencia porque en ese caso entienden que lo que colapsaría sería “todo el sistema”. En esa línea, Morales insistió en que uno de los problemas es que lo plateado en el proyecto de ley "no es ni un sistema inquisitivo ni un acusatorio". "Es una indefinición que lo que va a provocar es el colapso porque no hay una estructura que la soporte. No solo en Uruguay por las carencias que podemos tener presupuestales, en ningún lado del mundo".
