Durante ciertos pasajes de los gobiernos del Frente Amplio muchos policías veteranos, y muchos ciudadanos, sintieron que el Ministerio del Interior estaba siendo dirigido por gente arrogante y metropolitana, que se sonrojaba ante la palabra represión, y que, por confusión de fines, experimentaba cual aprendiz de brujo con la seguridad pública.
Luego, en marzo de 2020, cuando una de las mitades en que se divide la opinión pública uruguaya desplazó a la otra, arribó Jorge Larrañaga, un cascoteado dirigente del Partido Nacional, con renovadas chances de fracasar.
Él representaba cierta sencillez de la gente del suburbio y del interior del país, con un pie en el campo, de donde sale la mayor parte de los policías, y una firmeza de convicciones imprescindible para la acción ejecutiva.
Pese a los reparos de la oposición, la cantidad de delitos cayó significativamente el último año, después de décadas de trepada vertical, a lo largo de gobiernos de los tres principales partidos uruguayos. Y la razón parece sencilla: el respaldo y confianza que el ministro dio a los policías, incluido el trato franco y directo, quienes se la devolvieron con una acción mucho más resuelta.
Todo lo dicho hasta aquí puede parecer un estereotipo: una simplificación de asuntos complicados. Pero los estereotipos suelen estar cargados de sentidos, y los virajes históricos muchas veces responden a razones sencillas.
La muerte de Larrañaga ocurrió en el momento en que acumulaba más popularidad, una muestra de su capacidad para reinventarse, según señaló un análisis de El Observador. De derrota en derrota, que es cuando se demuestra el valor, acabó en la cúspide de la consideración pública.
La superabundancia de delincuentes libres, que transformaron en un infierno la vida en las barriadas más humildes, fue una de las principales razones de la derrota del Frente Amplio en 2019 tras quince años de completo predominio.
“En el tema seguridad el Frente Amplio erró y no fue capaz de dar respuestas claras”, resumió Andrés Lima, el intendente frenteamplista de Salto, a La Diaria en marzo de este año. “Ahora en Salto la cosa cambió: hay mayor presencia policial”.
No hubo con el nuevo gobierno mayores cambios presupuestales sino una transformación política e ideológica, que es un presupuesto necesario para la acción. Las autoridades dejaron de mostrarse culposas por asumir sus obligaciones.
“Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia”, dijo Larrañaga a los jefes policiales el 2 de marzo de 2020.
Ahora Luis Alberto Heber, su sustituto, debe cruzar esa vara alta, tras dejar detrás, en el Ministerio de Transporte, una estela de debates.
Heber encabezó las negociaciones para extender 50 años más la concesión a la empresa belga Katoen Natie (Terminal Cuenca del Plata) de la playa de contenedores del puerto de Montevideo.
Sectores empresariales y políticos se dividieron en torno a si este nuevo contrato era bueno para el país, a cambio de duplicar la capacidad instalada y bajar tarifas, o si solo bendice el cuasi monopolio natural que ya ejercía, pese la competencia parcial de Montecon.
El Estado uruguayo es socio de Terminal Cuenca del Plata a través de la ANP, en tanto Montecon pertenece a capitales chilenos y canadienses.
Al designar a Heber como ministro del Interior, el presidente Luis Lacalle Pou optó por un nuevo “primer ministro” de completa confianza personal para un frente decisivo.
Desde 1830 los presidentes de Uruguay asentaron su poder sobre cuatro Ministerios claves, que adjudicaron a personas de particular confianza: Gobierno (actual del Interior, el primero de los Ministerios), Hacienda (ahora de Economía y Finanzas), Relaciones Exteriores, y Guerra y Marina (ahora Defensa Nacional).
Heber, de 63 años, proviene del patriciado del Partido Nacional, tanto como para que una de sus hijas se llame Victoria Blanca. Antes de probarse como ministro fue diputado y senador durante 35 años consecutivos, un récord histórico; y presidió el Directorio desde 2011, tras la renuncia de Lacalle de Herrera.
Él simboliza la antigua alianza entre los Herrera y los Heber, basada en la confianza personal y en los lazos familiares.
Luis Alberto de Herrera, líder de la mayoría del Partido Nacional durante buena parte del siglo XX, se casó en 1908 con Margarita Uriarte, viuda de Alberto Heber Jackson. Éste había muerto joven, en 1892, en un accidente cuando recorría una construcción en el Centro de Montevideo.
Entre los ilustres ancestros del finado se contaban Dámaso Antonio Larrañaga, un cura con intereses científicos y constituyente decisivo de 1830; el riquísimo inglés John Jackson y su hijo aún más rico y filantrópico, Juan Dámaso; y Carlos Heber Wichelhausen, un modesto inmigrante de Franckfurt que se casó con Clara Jackson, un notable acierto.
Alberto Heber Uriarte, uno de los hijos de Alberto y Margarita, tuvo dos descendientes que, con el tiempo, se convirtieron en dirigentes principales del Herrerismo: Mario y Alberto “Titito” Heber Usher. Éste último incluso llegó a presidir en 1966 el Consejo Nacional de Gobierno, el Poder Ejecutivo colegiado de entonces.
Luis Alberto Heber, el ahora ministro del Interior, es hijo de Mario Heber Usher y de Cecilia Fontana, asesinada en 1978 con vino envenenado, que también fue hecho llegar en forma anónima a Lacalle padre.
Margarita Uriarte, la viuda del accidentado Heber Jackson, sólo tuvo una hija en su posterior matrimonio con Luis Alberto de Herrera. La llamaron María Hortensia, y se casó con Carlos Lacalle. Ambos fueron los padres del expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera y abuelos del actual.
Por tanto, la bisabuela del novísimo ministro del Interior también fue bisabuela del presidente de la República; y ambos, al fin, deben su nombre a Luis Alberto de Herrera.
Heber fue desplazado por Lacalle Pou de la candidatura del Herrerismo en 2014. Ahora, si le va bien, tal vez renueve sus ambiciones —en competencia entre otros con el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a quien le ha salido un primer ministro alterno.
