Las claves para que se levante el veto de Lacalle Pou a la ley para extrabajadores de Casa de Galicia

Según el artículo 138 de la Constitución de la República: "Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con
objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado".

¿Cuántos legisladores son tres quintos de la asamblea? depende de cuántos estén presentes. En el caso de que estén todos, y sean 129, son 78.

A los que apoyaron la ley en el Senado y en Diputados, ahora se les deberán sumar legisladores del Partido Nacional (PN) o del Partido Colorado (PC).

El senador Sergio Botana dijo, cuando se conoció la noticia del veto de Lacalle Pou, que estaba dispuesto a levantarlo en la Asamblea General.

"Todos en este sentido tenemos las facultades que nos otorga la Constitución y la ley. O sea que si estamos razonablemente convencidos de lo que debemos hacer, debemos ser constantes en ese camino. No podemos tener dos caras", dijo en Arriba Gente (Canal 10).

Si la Asamblea levanta el veto la ley quedará como fue aprobada por los legisladores, antes de la observación de Lacalle Pou.

Ese caso se estima que el gobierno debe pagar US$ 30 millones (más de $600 mil o 105 mil unidades indexadas por trabajador), en lugar de los US$ 8 millones que quiere el Poder Ejecutivo ($174 mil o 30 mil unidades indexadas por trabajador). Son 2.036 trabajadores afectados.

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El veto parcial refiere al aporte financiero para las indemnizaciones e incluye un sustitutivo que establece como máximo US$ 8 millones.

Esa suma era la que había planteado el Ejecutivo al Parlamento en primer lugar para constituir un fondo especial, sin embargo, se trata de menos de la cuarta parte de la deuda de US$ 42 millones demandada por los trabajadores. 

Los senadores blancos Sergio Botana y Juan Straneo (suplente de Juan Sartori), el Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) habían señalado que ese monto era insuficiente, porque suponía un cobro promedio de $174 mil por persona, contra los más de $600 mil que ya prevé el tope del Fondo de Garantía del BPS.

Primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputado se votó una ley que fue un revés para Presidencia y se aumentó la cifra a unos US$ 30 millones.

La última redacción en el Parlamento fue aprobada en cámara baja por el FA, CA, los diputados blancos Carmen Tort y Marcos Portillo, y César Vega del PERI. 

Establece que los créditos adeudados a los extrabajadores –por concepto de sueldos, licencias, aguinaldo, indemnizaciones y otros rubros posteriores al concurso de la mutualista– saldrán del Fondo de Garantía del BPS, que se estima tiene unos insuficientes $420 millones (poco más de US$ 10 millones), compartido además con otras empresas que entraron a concurso.

En caso de insuficiencia de recursos, según el texto, el gobierno "deberá" aplicar un artículo de la ley vigente desde 2018 que lo conduce al Poder Ejecutivo a poner el monto que falte "a efectos de mantener la cobertura". 

"Lo que hace es modificar la ley que hoy establece que, a falta de fondos, el Ministerio de Economía 'podrá' asistirlo financieramente. Ahora cambia el 'podrá' de esa ley por el 'deberá' asistir financieramente para pagar créditos posconcursales, porque se sabe que el dinero del fondo no es suficiente y está otorgando una desigualdad con respecto a otros trabajadores que están en las mismas condiciones", dijo semanas atrás a El Observador el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti.

"Directamente se incrementa el gasto a un año de las elecciones", afirmó el jerarca, alegando que por esa razón es inconstitucional, un argumento recogido por las bancadas del PN y el PC.