Economía y Empresas > Reforma de la Seguridad Social

AFAP, jubilaciones por incapacidad y unificación de cajas: qué discuten los expertos

Entre los temas sensibles que aborda la comisión de 15 expertos hay puntos complejos que tienen su impacto en la caja del Estado y afectan a diversos colectivos   

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16 de noviembre de 2020 a las 13:08

La primera sesión de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social  (CESS) se realizó el 6 de noviembre y desde entonces se han concretado varios encuentros frecuentes. Si bien parece prematuro realizar una puesta al día al respecto, no lo es considerando que varios de sus integrantes tienen años trabajando en el tema y barajando propuestas sobre la problemática, hoy puestas sobre la mesa y que fluyen bastante bien en esta fase.

Distintas instituciones colaboraron con sus estudios demográficos y estadísticos, entre ellos están los insumos del Banco Mundial sobre la situación financiera del sistema previsional uruguayo, sus beneficios, cobertura, y sustentabilidad; la CAF con sus investigaciones sobre los desafíos del envejecimiento; y tres talleres propuestos por la Udelar.

La comisión refleja diversidad de visiones en tanto los expertos pertenecen a diferentes partidos políticos y organizaciones sociales. No obstante, hay clara predominancia de economistas (9 de un total de 15 integrantes), dos contadores, tres abogados (Rodolfo Saldain, presidente de la comisión, es uno de ellos), un escribano, un ingeniero agrónomo y un maestro (Ernesto Murro, del Frente Amplio). Algunos de ellos participaron en anteriores reformas de la seguridad social.

Hay clara predominancia de economistas en la comisión.

La comisión está enfocada en mostrar pluralidad; hay unas 50 reuniones pautadas. La frase de Murro en una rueda de prensa: “En términos de truco, el gobierno es mano y es pie; en términos futbolísticos, es locatario, (…) Veremos lo que pasa". Pese a diferencias naturales en el enfoque de distintos temas, el clima de trabajo en las reuniones a puertas cerradas en el Banco Central es armónico, según relataron miembros de la comisión a El Observador.

Algunos expertos –como el presidente de la comisión Saldain– estiman que si no hubiera hecho cambios a la seguridad social en el año 2008, esta reforma no se tendría que hacer ahora, sino en 15 años o más.

La reforma de la seguridad social es monitoreada de reojo por las calificadoras de riesgo, ya que tiene implicancias en la sostenibilidad del gasto público y los niveles de la deuda pública en un horizonte de mediano y largo plazo.

Estos son los principales temas en el tapete:

Un gasto creciente: hoy 11% del PBI

Hoy en día el gasto público en jubilaciones y pensiones se lleva 11% del PIB (unos US$ 6.000 millones), un porcentaje sumamente elevado en comparación con otros países de América Latina –que están en un promedio del 5%– y equiparable a España y Bélgica, países que tienen niveles de envejecimiento incluso más altos que Uruguay pero menor gasto público en este renglón, según la CAF.

La cantidad de personas mayores es alta en Uruguay y son muchos los trabajadores que aportan al sistema durante poco tiempo, lo que genera desequilibrio. La baja de los aportes patronales que se produjo con la reforma tributaria de 2008, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, de 12,5% a 7,5%, le quitó sendos recursos al sistema.

La baja de los aportes patronales de 12,5% a 7,5% en 2008 perjudicó al régimen previsional.

Demografía, la base de todo

La población se reducirá a 2,7 millones (o incluso a 2,5 millones) para finales del siglo, lo que se traducirá en menos aportes al régimen previsional y una carga también para el sistema de salud. Si bien esta proyección es a largo plazo, se empezará a notar la tendencia decreciente a partir del año 2045, aproximadamente.

Este dato obligó a que los técnicos de la comisión de expertos tuvieran que reenfocarse, porque estaban haciendo sus cálculos en función de una población cercana a 3,1 millones y no de 2,7 millones.

Técnicos estaban haciendo sus cálculos en función de una población cercana a 3,1 millones, no a 2,7 millones.

40% de los trabajadores en riesgo

Solo la mitad de los aportes al sistema previsional se realizan por los trabajadores; el resto corresponde a Rentas Generales, es decir, hay una gran carga para el Estado.

Los estudios indican que uno de cuatro trabajadores en Uruguay no realiza aportes al sistema previsional por ser informales, lo que reduce la fracción de contribuyentes en una magnitud similar a los 40 años de envejecimiento.

El 40% de los trabajadores hace tareas rutinarias en el país, por lo que ese grupo poblacional es el que corre más riesgo de perder el empleo con los cambios tecnológicos que se vienen en el mercado laboral.

En los últimos años, al menos 7% de los montevideanos hizo algún trabajo en plataformas digitales (taxis con aplicaciones, deliveries con encargos vía digital, compras o servicios online, etc.), lo que fue una oportunidad de actualización para la gente, pero se corre el riesgo de que muchas de esas personas no formalicen sus actividades y por ende, afecten las arcas del sistema previsional.

Recursos que se desvían de otros lados

La CAF advierte que si el gasto público no estuviera tan volcado a los adultos mayores como lo está en Uruguay desde hace años, más recursos podrían ser dirigidos a otros grupos poblacionales también necesitados, como la pobreza de niños, adolescentes y jóvenes, que alcanza el 15%; una cifra bastante alta en el contexto país. En cambio, la pobreza en adultos mayores es solo de 2%.

Jubilarse y seguir trabajando

En la comisión se está analizando articular las nuevas formas de trabajo (como por ejemplo, el teletrabajo, asesorías a distancia y demás) con el régimen de previsión social, para que los jubilados puedan seguir trabajando, parcial o totalmente, y al mismo tiempo aportando a la caja.

Este es uno de los puntos más espinosos para discutir en la comisión ya que unos expertos son partidarios de las jubilaciones parciales, mientras que otros piensan que esa figura ha fracasado parcialmente en algunos países de Europa y convendría evitar experiencias similares.

Edad mínima, años de aporte y nivelar hacia abajo

Las opciones para que el sistema de seguridad social sea sostenible en el tiempo pasa por elevar la edad mínima de jubilación, aumentar la cantidad de años de aporte al sistema previsional y ajustar la tasa de reemplazo; esto último es la relación entre los aportes durante la vida laboral y la jubilación que se recibe. Esa nivelación se haría a la baja. Hoy la tasa de reemplazo común con 30 años de trabajo y 60 años de edad es del 45%. Para calcular, las jubilaciones se toman los mejores años 10 de aportes del trabajador o el promedio de los 30 años y sobre ello se le aplica la tasa de reemplazo para definir el sueldo básico jubilatorio.

Una de las propuestas que está sobre la mesa es la de unificar las distintas cajas (comercial, profesional, notarial, bancaria, policial y militar). Esto aliviará la carga del Estado, aunque se trata de una medida antipopular porque implicará para los futuros jubilados de algunas de estas cajas un régimen más duro que el actual. De ahí que sea otro de los puntos sensibles de la reforma.

Revisar las jubilaciones por invalidez

Entre las medidas que podrá definir la comisión a más corto plazo será tratar de bajar la cantidad de jubilaciones por invalidez o incapacidad física, a través de exigencias más estrictas. De un total de 35 mil jubilaciones que se tramitan cada año, 15% o más corresponden a altas por invalidez, según el BPS.

El alza de este tipo de pensión contributiva se dio a partir de la ley 18.395 (artículo 4) del año 2008, la cual flexibiliza las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios, y a su vez, por el decreto 306/ 013 que estableció un cambio sobre cómo se determinan las jubilaciones que representan un incentivo para que la gente elija esa opción.

Este problema fue planteado durante varios años por Elvira Domínguez, integrante de la comisión en representación de las empresas; ahora tiene la oportunidad de coronarse en esta reforma.

El futuro de las AFAP

La comisión maneja la alternativa de profundizar el ahorro obligatorio a través de distintos mecanismos, que se están definiendo, además de las AFAP. También se plantea la posibilidad de un cambio de régimen de las comisiones que cobran las AFAP, por considerarse altas, así como ampliar el fondo de ahorro previsional de estas, con lo que podrán compensar el porcentaje más bajo de comisión.

En un principio, se pensó que una comisión calculada sobre el aporte ayudaba a que las AFAP se instalaran en el país y hubiera así competencia en el sector. De lo contrario, si hubiera estado en el mercado solo la AFAP del Estado, podría haber terminado absorbida por el BPS.

Actualmente la propuesta es que la comisión que cobran las AFAP no se calcule sobre el aporte, sino sobre el capital administrado.

Estos son temas que se están abordando para el diagnóstico, en el que existen bastantes coincidencias entre los expertos; las diferencias podrán evidenciarse más en la fase de recomendaciones en 2021.

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