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1 de agosto 2023 - 5:03hs

Entre 1996 y 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEHG) enfrentó una abrumadora tarea: contar muertos. El país recién dejaba atrás un conflicto armado interno que se prolongó más de tres décadas y terminó con conversaciones de paz patrocinadas por Naciones Unidas (ONU) entre el gobierno y los remanentes de los grupos guerrilleros de izquierda.

El número final alcanzó a unos 200.000 muertos. Nueve de cada diez, la mayoría indígenas, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, o bien por grupos paramilitares aliados al poder. Un registro tenebroso que superó el brutal accionar de otras fuerzas contrainsurgentes de la región durante los años de Guerra Fría.

Pese al trabajo de la comisión, la mentalidad contrainsurgente sobrevivió entre las élites empresarial, política y militar.

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En opinión de esos sectores, los esfuerzos de fiscales y jueces para investigar las violaciones de los derechos humanos y la corrupción se inscribían en un regreso de la izquierda. La respuesta de los poderes fácticos fue cooptar al Estado y perseguir a los críticos de los gobiernos que se sucedieron desde el aparente regreso de la democracia.

Fuera de Guatemala, el deslizamiento hacia el autoritarismo ha pasado casi desapercibido. El país está dominado por grupos de poder que establecen alianzas entre políticos, empresas y grupos del crimen organizado que compiten por los cargos públicos. La finalidad: mantener el estatus quo.

Estados Unidos, un actor decisivo, ha tendido a pasar por alto la gravedad del retroceso. El principal motivo es el papel que juegan las autoridades en la detención de los migrantes que se dirigen al norte.

En ocasiones, el gobierno demócrata de Joe Biden ha criticado los abusos e impuesto sanciones. Los republicanos, en tanto, consideran al gobierno conservador como un socio incondicional que no puede ni debe ser criticado.

Desde fines de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2010, Guatemala logró avances democráticos, como un mayor control civil de las fuerzas armadas y, más tarde, una menor impunidad por hechos de corrupción. Pero el progreso se ha revertido desde 2017 como parte de una reacción violenta a los esfuerzos anticorrupción.

Para algunos, los observadores que se inclinan hacia la izquierda suelen reducir la compleja historia de América Latina a una simple historia de golpes respaldados por Washington, élites locales despiadadas y mayorías sin voz.

En Guatemala, la descripción se acerca terriblemente a la realidad.

La larga noche autoritaria

AFP

Comenzó en 1954. Fue cuando un golpe orquestado por la CIA derrocó a Jacobo Árbenz, el segundo presidente de una breve serie de reformadores electos democráticamente que buscaron desmantelar el orden semifeudal mediante reformas laborales y agrarias.

Washington, en deuda con los intereses comerciales de sus empresas organizó el golpe.

El derrocamiento sentó las bases para la insurgencia. Una revuelta de oficiales del ejército nacionalista inspirada por la revolución cubana fue aplastada por las fuerzas de seguridad y los asesores militares estadounidenses en la década de 1960.

A fines de la década siguiente, las condiciones se habían vuelto aún más desesperadas y una segunda ola de insurgentes surgió de las tierras altas indígenas. Llamaron no sólo a una lucha de clases, también a una lucha “étnico-nacional” a los grupos étnicos mayas explotados, que constituyen el 40% de la población y una proporción mucho mayor de los pobres.

Todavía en la década de 1970, muchos mayas eran obligados a trabajar sin remuneración en las grandes rurales. Si la reforma socialdemócrata había sido un anatema para la élite empresarial-militar blanca, la perspectiva del derrocamiento de un sistema de castas raciales y económicas de siglos de antigüedad encendió temores todavía más profundos.

Los insurgentes, a diferencia de sus contrapartes salvadoreñas y nicaragüenses, nunca estuvieron a una corta distancia de tomar al poder. Sin embargo, cuando los sandinistas derrocaron a la brutal dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979, las élites entraron en pánico.

Las familias adineradas se apresuraron a prestar a los militares sus tierras y aviones privados. A principios de la década de 1980, las tácticas de “tierra arrasada” de los militares guatemaltecos alcanzaron nuevos extremos bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt.

Ejército y paramilitares arrasaron con las comunidades indígenas y masacraron a uno de cada siete miembros de las etnias maya achí e ixil. En Rabinal, un pueblo rural a unas pocas horas en coche de la capital, todavía en 2014 se seguía desenterrando víctimas de fosas comunes.

Washington dejó de entregar ayuda militar a Guatemala por un tiempo, que restauró bajo la presidencia de Ronald Reagan bajo el argumentó que el ferviente anticomunista Ríos Montt estaba “totalmente dedicado a la democracia”.

La democracia aparente

Un grupo diferente de militares devolvió el poder a los civiles en 1985 y el país volvió formalmente a la democracia. Pero los oficiales de inteligencia mantuvieron el poder de veto y continuaron cometiendo crímenes con impunidad. Por su parte, las élites empresariales bloquearon las reformas económicas y tributarias que  buscaron aliviar la pobreza extrema generalizada.

Guatemala, pese a todo, comenzó a progresar hacia el fortalecimiento de la democracia. Fue con la firma de acuerdos de paz entre el estado y los grupos guerrilleros en 1996. Los logros incluyeron el informe de la comisión para el esclarecimiento y la condena en 2003, la primera de su tipo, de un miembro de los altos mandos militares; además se eliminó el todopoderoso Estado Mayor Presidencial, que espiaba y perseguía a disidentes.

Tal vez, ninguno de estos avances fue tan importante como el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) patrocinada por la ONU y formada en 2006 para ayudar a los fiscales a investigar las redes criminales surgidas del conflicto armado, muchas de las cuales involucraban a exmiembros de las fuerzas armadas.

Fin de ciclo

Ese modelo era nuevo. Los desafíos también. En 2005, una década después del fin del conflicto armado, la violencia criminal estaba fuera de control. El cártel mexicano de los Zetas había colonizado Guatemala. Los ex oficiales de inteligencia, ahora sin trabajo, recurrieron al secuestro y el asesinato.

Los políticos del establishment que invitaron a la comisión no esperaban que su trabajo fuera más allá de enjuiciar a delincuentes de bajo nivel. Sin embargo, los tribunales y la fiscalía, cooptados durante mucho tiempo por las redes de corrupción, obtuvieron un nuevo liderazgo. A medida que el Poder Judicial se deshizo de los operadores corruptos, comenzó a producir resultados.

Mientras tanto, la justicia comenzó a investigar las violaciones de los derechos humanos. En 2013, un tribunal condenó a Ríos Montt por genocidio. Posteriormente, la Corte Suprema anuló el veredicto. Ríos Montt enfrentó un nuevo juicio, pero murió en 2018 antes de que se pudiera concluir un segundo juicio.

En 2015, los investigadores revelaron un gran esquema de fraude aduanero que involucraba al presidente en funciones, Otto Pérez Molina. También a su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Decenas de miles de guatemaltecos salieron a las calles para apoyar el trabajo y la CICIG emergió como la institución más popular. En el extranjero se habló de una “primavera guatemalteca”.

La suerte de Pérez Molina dividió a la élite. Algunos aplaudieron, pero solo al principio. Todo cambió cuando la justicia y la CICIG comenzaron a investigar la corrupción en el financiamiento de campañas, amenazando con exponer posibles vínculos entre el ejército, el  narcotráfico y las élites.

El punto de inflexión se produjo cuando el comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, denunció que en 2016 y 2017 miembros de las familias más ricas del país y el hijo y hermano del nuevo presidente, Jimmy Morales, estaban involucrado en actos de corrupción.

Las conferencias de prensa televisadas de la CICIG se convirtieron en el evento mediático. Las largas detenciones previas al juicio y las tácticas de investigación desplegadas durante mucho tiempo contra los ​​pobres se convirtieron en rutina. Los ricos y poderosos fueron sometidos al sistema de justicia por primera vez.

En 2018, Morales declaró a Velásquez persona no grata, envió a los militares a la sede de la CICIG y anunció que no extendería el mandato de la misión. Los empresarios contribuyeron, financiando el lobby en Washington.

Estados Unidos cortó los fondos para la comisión, que cesó en 2019. Morales nombró a un fiscal general vinculado con militares veteranos, congeló los casos de la CICIG y purgó a los fiscales que habían colaborado con la comisión. Las represalias se intensificaron luego que el actual presidente de derecha Alejandro Giammattei asumiera el cargo en enero de 2020.

La nueva ofensiva conservadora

La Fundación contra el Terrorismo, una entidad en apariencia dedicada a la defensa legal de los militares, pasó a la ofensiva, presentando una larga serie de denuncias penales por supuesta corrupción contra fiscales y jueces que habían trabajado con la comisión.

Virginia Laparra, una exfiscal acusada por la fundación de abusos de autoridad, estuvo confinada en una celda sin ventanas durante 23 horas al día durante meses, y luego sentenciada a cuatro años de prisión. El juez Miguel Ángel Gálvez, quien condenó a prisión a nueve exmilitares en 2022 por su papel en las desapariciones de críticos del régimen militar, recibió un ultimátum.

Le dieron cuatro días para salir de Guatemala. Se convirtió en un exiliado más.

La Guatemala de hoy no es la Guatemala de hace cuatro décadas. Las carreteras conectan zonas rurales antes inaccesibles, la mitad de la población vive en ciudades y el 65% tiene acceso a Internet. La migración masiva a Estados Unidos y el flujo de las remesas han transformado la sociedad y las comunidades, al tiempo que el narcotráfico y el crimen organizado han producido una nueva élite que incursiona en la política.

El pasado, aunque de otra forma, sigue presente. El país se encamina ahora un balotaje, pero lo hace en el marco de un proceso desprovisto de la legitimidad necesaria, a medida que la violencia contra los activistas por la tierra y el clima sigue afectando a las zonas rurales.

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