Las fiestas del riesgo

"El 21/12 vuelve la 'casita' para despedir este 2016 y explotar la noche. Las esperamos...", dice un post de Instagram publicado esta semana y en la que otras tres "casitas" anuncian una fiesta conjunta para despedir el año y promocionar los eventos en el Este.

Se organizan en casas propias, alquiladas o en clubes; hay alcohol gratis, luces y música, como si se tratara de un boliche. Si bien en general se organizan por grupos de la misma generación, o equipo, los "organizadores" se reservan el derecho de admisión y las chicas son siempre bienvenidas. Se promocionan a través de las redes y las entradas se venden anticipadas. Para saber la dirección hay que mandar un mensaje privado. Y una vez que se pasa la puerta los controles quedan afuera.

Este tipo de fiestas, que aparecieron como algo ocasional, distinto, dejaron hace tiempo el ámbito privado para ser fiestas organizadas a las que acuden entre 150 y 500 personas, y que las autoridades categorizan como el ámbito de "mayor vulneración de derechos" para los adolescentes en el último año.

Aunque las más conocidas, por la destrucción que dejaron en las viviendas, son las que se dan en la zona de La Barra en Maldonado, las fiestas se organizan durante todo el año en Montevideo, y en todos los departamentos, afirmaron a El Observador en el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU).

Las razones por las que las fiestas en "casitas" se hicieron populares son varias. La primera tiene que ver con la falta de oferta dediversión para adolescentes. La segunda, por una "necesidad de los adolescentes de sentirse fuera del control de los adultos", explicó la directora de Espectáculos Públicos del INAU, Alejandra Pacheco. Y una tercera, ganar estatus.

Pacheco advirtió que hay que distinguirlas de las fiestas realmente privadas –como puede ser un cumpleaños- y llamarlas por lo que son: fiestas inhabilitadas.

"Hay una cierta organización donde podemos pensar que el primer interés es evadir los controles y regularidad del Estado para espectáculos, a lo que denominan fiesta privada, pero no son", afirmó Pacheco a El Observador. La diferencia radica en que quienes acuden a la fiesta no pertenecen a un mismo colectivo o se conocen, sino que el círculo se amplía. Y asimismo lo hace la inseguridad.

"¿Qué pasa si las 400 personas se van de lo que es el código de buen comportamiento?", se preguntó la directora de Espectáculos Públicos. A su entender, cuando no se tiene la seguridad edilicia, de personal y no hay controles, "deja de ser un juego divertido para ser un juego de riesgo, donde se pone en juego la vida de las personas".

En un lugar al que acuden adolescentes de entre 12 y 17 años, y en el que circulan sustancias desde alcohol hasta una pastilla, de las que no se conoce la procedencia ni el estado, "las situaciones pueden ser inabarcables", agregó.

Para el INAU, las fiestas de más gravedad son en las que participan chicos de entre 12 y 14 años, pero que emulan fiestas de otros países y otras edades. En general son organizadas por algunos varones de la generación, que buscan estatus y distinguirse frente al resto. En esas fiestas, según las autoridades, hay una selección a la entrada en la que no importa si fueron compañeros de clase todo el año, sino que se mide la belleza y la apariencia y se expone al que queda fuera de ese círculo a situaciones de inseguridad, como robos en la calle.

Lo que preocupa es que muchas veces son los padres los que acceden y prestan su casa. "No es lógico que empecemos a recepcionar denuncias de otros padres porque sus hijos fueron a la casa de un amigo, donde les dieron alcohol hasta emborracharlos y los mandaron solos en un taxi", señaló Pacheco.

En el entorno de estas fiestas, que además generan ruidos molestos, se genera "todo un combo que deja al Estado por fuera, excepto cuando suceden cosas graves a nivel físico (con alguno de los adolescentes) o daños a bienes inmuebles", explicó la directora de Espectáculos Públicos de Inau. Es que al hacerse en residencias, la Constitución impide ingresar a los organismos del Estado.

"Podemos intervenir posteriormente pero antes no", afirmó.

Son 12 las denuncias que el Inau tuvo en 2016 por este tipo de fiestas, aunque aseguran que las intervenciones fueron muchas más, ya que cada vez que saben de que habrá alguna fiesta, ya sea por redes sociales o denuncias, concurren. En algunos casos, se habla con los organizadores para que no ingresen menores, en otros, con los clubes para que sepan qué se hizo en esos lugares, o con los padres de quienes organizan la fiesta.

Al ser una fiesta no habilitada, ni la intendencia, ni la Policía, ni el INAU pueden pedir requisitos, y la responsabilidad, dijo Pacheco, recae en los propietarios del lugar. En base a eso fue que se tomaron medidas en Maldonado para evitar los destrozos y problemas de convivencia registrados en verano.

"Un día, un vecino contabilizó 100 cajas de botellas de whisky entrando a una de las casitas", contó a El Observador Juan Salgado, un vecino de La Barra. Las casas y alrededores quedaban destrozados y, tras las quejas las autoridades de Maldonado, decidieron aumentar las multas y se planean controles en conjunto esta temporada.

Según la nueva normativa, "aquellas fincas o locales en los cuales se compruebe que se realizan actividades tendientes a ofrecer y procurar al público situación de ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos sin la debida habilitación" serán pasibles de una multa de hasta 70 unidades reajustables (con un valor actual de $ 929 la UR). Además, los ocupantes están obligados a hacer una declaración jurada del uso que darán a la vivienda. La multa se aplica al padrón de la casa y se cobrará junto con la Contribución, por lo que se hace responsables también a los propietarios.

Para el Inau en 2016 "los espacios donde mayoritariamente se han vulnerado los derechos son en las fiestas y eventos organizados en residencias o casa particulares", que por la convocatoria e infraestructura tienen carácter de público, pero que "simulan ser fiestas de carácter privado, lugares sin las habilitaciones y por tanto sin las condiciones de seguridad exigidas, quedando fuera de toda regulación y cuidado" para los jóvenes.