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Las perspectivas de Cristina para el 2014

El gobierno argentino pone en juego su propia identidad: priorizar el equilibro fiscal y asumir la conflictividad social, o buscar formas de posponer los ajustes con el riesgo de que estalle una profunda crisis.

11 de enero de 2014 20:12 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Reclamada con insistencia por la oposición –y también por la propia tropa peronista-, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio por terminadas sus vacaciones para hacerse cargo de una agenda veraniega con temas de alto voltaje político.

Y, a pesar de que la temática es muy diversa –desde finanzas provinciales hasta el dólar paralelo, desde las negociaciones salariales hasta el precio del tomate–, todos los puntos tienen un denominador común: el gobierno argentino se enfrenta a una drástica disminución de recursos al tiempo que los reclamos sectoriales se hacen más intensos

Nunca semejante restricción de recursos había ocurrido con tanta gravedad en la década que el kirchnerismo lleva en el poder, y esta situación implica todo un desafío para Fernández.

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Ocurre que el peronismo es el partido que hace del alto consumo y de la redistribución de renta su principal bandera. Y en tiempos de billeteras flacas se enfrenta a una disyuntiva que pone en juego su propia identidad: priorizar el equilibrio fiscal y asumir la conflictividad social, o buscar formas de posponer los ajustes aunque el riesgo de una crisis futura se agrave.

Los últimos datos de la economía confirman las peores presunciones: en 2013, por primera vez en este gobierno, la recaudación impositiva fue inferior a la inflación: 26,3% subió el ingreso fiscal contra una inflación que, según estiman los economistas, fue del 28%.

Y esto ocurre en el peor momento: cuando la economía parece estancarse, cuando afloran las tensiones sociales por la inflación –como quedó en evidencia en la huelga policial de fin de año y en los saqueos protagonizados por pobladores de barrios marginales– y cuando el malhumor social se exacerba ante los cortes de luz.

“El gran interrogante es si, ante una situación inédita para el cristinismo, como es el de tener que administrar la escasez, es posible la estrategia de redoblar la apuesta. Dicho de otra manera, el oficialismo solo sabe manejarse en la abundancia de recursos para hacer populismo, pero no sabe administrar un país con escasez”, sintetiza el economista Roberto Cachanosky.

Y no oculta su visión escéptica sobre el futuro inmediato: según su estimación, en la década kirchnerista la voracidad recaudatoria ha llevado a que las arcas públicas incrementaran 1.600% su ingreso, contra una inflación del 620%. Y aun así –destaca–, el déficit fiscal no solo no bajó sino que crece a toda velocidad, obligando a una financiación del Banco Central.

La primera gran cuenta a pagar en 2014 es el incremento salarial de los policías –con subas nominales en torno de 40% promedio– otorgado por la gran mayoría de los gobiernos provinciales. La situación financiera de las provincias está muy lejos de ser ideal, al punto que solamente con una huelga que llevó al caos social por la falta de patrullaje policial se accedió a la firma de estos acuerdos.

Una estimación de la Fundación Mediterránea indica que, tras el probable efecto dominó que elevará todos los salarios estatales en torno de 30%, se generaría un déficit financiero de $ 19.300 millones, unos US$ 2.900 millones, lo que agravaría en 0,6 puntos del PIB el desequilibrio de las cuentas fiscales.

Provincias al rojo vivo
La desesperación de los gobernadores es indisimulada. Por lo pronto, en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Misiones se llegó al extremo de anular el acuerdo de aumento salarial por haber sido firmado bajo extorsión.

Pero en la mayoría de las provincias saben que no solo no hay margen para dar marcha atrás con estos aumentos, sino que se deberá hacer frente a la oleada de demandas salariales de los demás trabajadores estatales, que inmediatamente incrementaron su nivel de reclamo por encima del 30%.

Las dificultades para hacer frente a estos pagos llegó al punto que hubo gobernadores que insinuaron que no les quedaría otra salida que emitir bonos provinciales para pagar sueldos y deudas a los proveedores. Sería una reedición de las “cuasimonedas”, tristemente recordadas por ser el símbolo de la descomposición económica y social de 2001: estas monedas rápidamente perdían valor en el mercado secundario, ningún comerciante quería aceptarlas o lo hacían con un fuerte descuento.

Fernández de Kirchner ordenó expresamente a sus funcionarios que se evitara llegar a ese extremo, para lo cual se instrumentaron algunas medidas de ayuda –como la postergación en el pago de deudas provinciales al gobierno nacional– que no terminan de resolver el fondo el problema: no hay plata para pagar, sobre todo en provincias pequeñas donde el empleo público tiene una fuerte incidencia y supone una parte importante del presupuesto oficial.

“Con un gasto salarial que en promedio participa con más del 50% de las erogaciones totales el impacto es directo y simple de entender. Cuanto más subas salariales otorguen los gobernadores, mayor será el déficit en las provincias y por ende mayor sus necesidades financieras”, señala un informe de la consultora Economía&Regiones. Y agrega que por cada punto de aumento salarial, el gasto consolidado para este año aumentará $ 2.200 millones –unos US$ 330 millones de dólares al tipo de cambio oficial–.

“Las provincias tendrán déficit recurrentes ya que la recaudación está en baja, producto de la alta inflación y la falta de poder adquisitivo de la población. Si este es el escenario, sería mejor que las provincias sean asistidas por pesos por parte del gobierno nacional, y no generar el desorden que causarían la emisión de cuasimonedas”, argumenta el analista Salvador Di Stefano, en un planteo que comparte la mayoría del gremio de los economistas.

Un ajuste al estilo K
Ante esta situación, el gobierno está desarrollando dos líneas de acción. La primera consiste en extremar el celo por la recaudación de impuestos, algo que no es fácil de llevar a cabo si se tiene en cuenta que la presión tributaria, en torno del 40% del PIB, está en su nivel histórico récord. La segunda estrategia del gobierno también es difícil de aplicar: el uso de los salarios como variable de ajuste, por la vía de impulsar aumentos inferiores a la inflación, en torno de 20%. La mayoría de los gremios –tanto estatales como privados– está reclamando aumentos con un piso de 30%.

La última carta del gobierno consiste en un relativo éxito del nuevo acuerdo de precios con los supermercados y empresas productoras. Justo en febrero debuta el nuevo índice inflacionario, y la intención del ministro Axel Kicillof es que, luego de los aumentos de fin de año, haya un cuatrimestre de cierta estabilidad de precios, que ayude a morigerar las pretensiones salariales.

No es necesario explicar que el escepticismo de los economistas es total. Y su previsión es que, en un escenario de mayor demanda social y menores recursos disponibles, el agujero de las cuentas será llenado con el recurso clásico: la “maquinita” de emitir pesos.

Economía&Regiones estima que el 55% de las necesidades financieras de las provincias terminará siendo financiado por emisión monetaria del Banco Central. Esto implicaría volcar al mercado un adicional de $ 26.000 millones –unos US$ 4.000 millones al tipo de cambio oficial–.

Por ahí transita el difícil equilibrio de la política económica argentina: demandas crecientes con recursos en caída, y la inflación como forma casi inevitable de pagar los desequilibrios fiscales.

Mientras tanto, en el ámbito de las empresas, todo el mundo reajusta los planes, haciéndose a la idea de un primer semestre recesivo

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