Doce días después del traspaso de mando, Uruguay anunció los primeros casos de coronavirus y la epidemia pasó a ser la principal protagonista del 2020 –y lo que va de 2021–. El Frente Amplio, que todavía se estaba adecuando al nuevo rol opositor, se mantuvo cauto hasta que a finales de marzo de 2020 movió sus primeras fichas.
"La respuesta a los legisladores y la orgánica del Frente Amplio ha sido cero", dijo a El Observador el senador Daniel Olesker consultado sobre el efecto que tuvieron las propuestas entregadas al gobierno.
¿Cuáles fueron las iniciativas que presentó la oposición durante la epidemia? A continuación, un resumen de ellas.
Marzo
Ingreso de emergencia
El 27 de marzo de 2020 el Frente Amplio presentó su plan de contingencia sanitario, económico y social. De las más de 40 propuestas, la principal y más llamativa del documento –que fue y sigue siendo rechazada por el gobierno– refiere a la necesidad de otorgar un subsidio equivalente a un salario mínimo para los trabajadores informales, es decir, aquellos que no están registrados en el Ministerio de Trabajo ni en la Seguridad Social. También pretendían que ese beneficio se extendiera a los beneficiarios del Plan de Equidad y la Tarjeta Uruguay Social (ambos programas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social). Entre las dos poblaciones, el Frente Amplio pretendía llegar a entre 300 mil y 320 mil hogares.
Por ese entonces, la oposición sugería mantener ese subsidio por el tiempo que durase la cuarentena. En abril, durante una entrevista con Telenoche, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue consultada sobre la propuesta y respondió que en la situación en la que estaba el país, el gobierno debía ser "muy selectivo" y focalizarse en las personas específicas a las que quería llegar con los aportes.
Olesker sostuvo que este plan contenía las medidas socio económicas "más duras" porque el Frente Amplio entendía que la "política sanitaria estaba relativamente controlada" y no era necesario incluir medidas de ese tipo. Según el economista, de haberse aplicado el ingreso ciudadano de emergencia el gobierno habría destinado 1% del producto interno bruto en otorgar esa prestación.
"Seguramente, los efectos económicos sobre los seguros de paro y las empresas hubiesen sido mucho menores", consideró el exministro de Desarrollo Social (2011-2015).
Mayo
Proyectos de ley
El 6 de mayo los legisladores del Frente Amplio presentaron siete proyectos de ley vinculados a la pandemia y sus efectos. Ninguno de ellos tuvo el apoyo del oficialismo y las propuestas todavía siguen en las comisiones correspondientes.
Entre los proyectos de ley, había propuestas para limitar los despidos durante la emergencia sanitaria; suspender los cortes en el suministro de servicios básicos; un plan para saldar deudas de tarjetas de crédito a aquellos que hubieran perdido el empleo; establecer un período de gracia para quienes deben el alquiler (con un subsidio del Ejecutivo a los arrendadores); instalar expendios de medicamentos; blindar jurídicamente el delito de violación de las disposiciones sanitarias; exigir que los lugares de trabajo cuenten con elementos de protección personal para sus empleados; y fijar precios máximos en los productos de la canasta básica familiar, así como otros de higiene.
Reunión con Vázquez
El 25 de mayo el expresidente Tabaré Vázquez recibió en su residencia del Prado al presidente Luis Lacalle Pou, quien le había pedido una reunión luego de conocer un documento de cerca de 90 páginas con un análisis sobre la situación sanitaria y una serie de recomendaciones para el manejo de la epidemia en el país. El "Plan Estratégico" presentado por Vázquez –quien falleció el 6 de diciembre pasado– incluía la propuesta de otorgar un salario mínimo nacional para unos 300 mil hogares, así como postergar el recorte del gasto estatal mientras durara la emergencia sanitaria.
A la salida de la reunión, Lacalle Pou dijo que había ido a buscar "coincidencias y no diferencias", y que los planteos del exmandatario iban en línea con lo que estaba haciendo su gobierno.
Diciembre
Comisión especial
El 3 de diciembre de 2020 los senadores del Frente Amplio plantearon a la vicepresidenta Beatriz Argimón la creación de una comisión especial de seguimiento del covid-19. La intención de la oposición era que en esa comisión participara el Congreso de Intendentes, la Universidad de la República, la academia y "todos aquellos que oportunamente fuera necesario convocar", según la declaración de la bancada frenteamplista.
Allí, además, los senadores buscaban recibir información de primera mano del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Sin embargo, esa comisión no fue aceptada por el oficialismo, que propuso crear un ámbito informal –en el marco de la coordinación de todas las bancadas– para tratar los temas vinculados a la pandemia. El Frente Amplio reclama que esa reunión nunca fue convocada.
Carta a Lacalle
En diciembre Miranda envió una carta a Lacalle Pou reiterando algunas de las propuestas presentadas en marzo en el plan de contingencia, pero adaptadas a la nueva realidad y con el agregado de la preocupación sobre el curso de la epidemia, así como la falta de información sobre el plan de vacunación.
En esa carta el Frente Amplio volvió a insistir con la necesidad de otorgar un ingreso ciudadano de emergencia equivalente a un salario mínimo nacional.
Según Olesker, las propuestas de noviembre consisten en una especie de "trípode". "A partir de agosto –y digo agosto y no octubre, que es cuando se da el aumento de casos, porque era previsible un par de meses antes que iba a haber un giro en la situación sanitaria– hablamos del trípode: de las medidas socio económicas, sanitarias y ahora le agregamos la necesidad con cierta urgencia de tener un plan de vacunación", señaló el senador.
"El enfoque central es que hay una necesidad de reducir la movilidad, no solo para aplanar la curva, si no para pasar las 34 semanas que llevará completar la primera y segunda fase de la vacunación. En las 34 semanas hay que seguir con las medidas farmacológicas. Y la movilidad social se va aumentando pero en un proceso, y eso requiere un fuerte apoyó económico", sostuvo.
Artículo 44 en vez de 38
Cuando el gobierno anunció que limitaría el derecho a la reunión, establecido en el artículo 38 de la Constitución, el Frente Amplio se opuso a esa medida. En su lugar, los legisladores plantearon la posibilidad de reglamentar el artículo 44 de la Constitución, que hace referencia al deber de cuidar la salud.
Lo que proponía la oposición era que, en vez del Ministerio del Interior, fuera el Ministerio de Salud Pública quien se encargara de intervenir en casos de aglomeraciones de personas. Recién agotados todos los pasos, si los funcionarios de Salud Pública no podían disolver la aglomeración, se pediría la ayuda de la fuerza pública.
Esta propuesta alternativa del Frente Amplio no fue acompañada y el oficialismo, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, aprobó la reglamentación del artículo 38 que limitó el derecho a reunirse.
Asociación con otros países por vacunas
Si bien no fue una iniciativa partidaria, el 10 de enero de 2021 cuatro frenteamplistas vinculados a la medicina –Marcos Carámbula, Miguel Fernández Galeano, Ricardo Ehrlich y Uruguay Russi– elevaron una nota al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sugiriéndole que Uruguay se asocie con otros países de la región para conseguir lo antes posible alguna de las vacunas disponibles.
Una vez que trascendió la carta, Lacalle Pou convocó a Carámbula, dos veces intendente de Canelones y expresidente de ASSE, a una reunión en la Torre Ejecutiva. Allí, el médico de profesión transmitió una serie de propuestas vinculadas al plan de vacunación, así como a la necesidad de "implementar por algunas semanas y de forma urgente medidas que resuelvan o mitiguen sustancialmente los puntos críticos de contagio, incluyendo la reducción efectiva de la actividad y la movilidad", según la carta entregada al mandatario a la que accedió El Observador.
