Las denuncias de abuso sexual aumentaron 7,7% en enero-octubre de 2021 respecto al mismo período el año anterior

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Las razones detrás del lento periplo de los casos de delitos sexuales en la Justicia

Por su naturaleza, las investigaciones por delitos sexuales demoran más de lo deseado
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30 de enero de 2022 a las 05:00

Todavía no saben bien los motivos. Lo que sí se sabe es que los casos de abuso sexual se dispararon en los últimos dos años. Entre enero y octubre del 2021 hubo más de 2.000 denuncias por este motivo, lo que significó un incremento de 7,7% respecto del año anterior, según informó el Ministerio del Interior. 

Las demoras, el escaso porcentaje de condenados y la alta probabilidad de revictimización hace resurgir la discusión —en el ámbito público e institucional— sobre si la actual es la mejor forma de perseguir a los ofensores sexuales.

El proceso

Los médicos forenses son los primeros en entrar a la sala donde aguardan las víctimas. Su deber principal: constatar si hay lesiones que muestren que esa persona ofreció resistencia. Para ello buscan hematomas de dedos entre las caras internas de los muslos, golpes, hematomas “de agarre” en los hombros y, en caso de que la víctima sea una mujer —como ocurre en más del 80% de las oportunidades— se constata que, por su poca lubricación, haya erosión en la cavidad vaginal, según explicó a El Observador un perito del Instituto Técnico Forense (ITF) que prefirió no ser identificado. 

Allí se extraen las muestras de ADN del cuerpo de la víctima, que luego se comparan con las de potenciales ofensores para confirmar si fueron los culpables. El período de tiempo en el que esas muestras se sintetizan es variable. Considerando que se haya logrado detener al presunto violador, no se lo puede obligar a facilitar una muestra genética salvo orden expresa de la Justicia. Para cuando esa orden llega, aparece otro escollo: debido a la gran saturación que padecen en el ITF, el estudio puede demorar unos diez días y a veces hasta dos meses, según dijo el fiscal Raúl Iglesias a El Observador.

Legalmente, se puede tener a una persona detenida 48 horas sin acusarla de un delito, por lo que los plazos no se corresponden.

Una vez se notifica de un caso de presunto abuso a la Fiscalía, entra en juego el rol de la Unidad de Víctimas y Testigos, que despliega distintas estrategias de acompañamiento para que la víctima se vuelva a sentir segura y con posibilidades de declarar cuando esté preparada. 

Paralelo a eso, se agendan las entrevistas con los peritos psicológicos y con el fiscal que llevará el caso.  “La víctima declara primero con la Policía, después con el psicólogo, después habla contigo, después con el psiquiatra. La historia la cuenta bastante más de una vez y lamentablemente es inevitable”, lamentó Iglesias, aunque aclaró que no hay otra forma garantista de llevarlo adelante. 

Mientras todo eso sucede, generalmente el presunto culpable sigue libre. Los fiscales no pueden pedirle la reclusión al juez salvo que estén seguros de que tienen todos los elementos necesarios para que las aprueben. “Vos al imputado lo traés cuando ya tenés todo prácticamente (…) A mí me parece que hay que avanzar un poquito en la investigación y los citás cuando tenés elementos. Para que no interfiera, podés pedir medidas cautelares. Hay cerca de 15 para elegir, de las más mínimas —que no se acerque a la víctima— hasta la prisión preventiva. Hay que evaluar, es muy caso a caso”, expuso el fiscal.

Hubo casos de violaciones a niños, indicó Iglesias, en los que la Justicia de Familia llamaba inmediatamente a declarar a los ofensores y eso hacía que el victimario ya estuviera al corriente de los elementos con los que contaban en su contra.  Además, que aguarden en libertad cuando no hay cargos suficientes en su contra, da garantías al proceso. “Antes era al revés, pero vos ahora tenés que juntar la mayoría de los elementos previo a  mandar a alguien preso. Mientras, la persona tiene derecho a estar en libertad. Sé que suena poco simpático, que parece que uno no quiere hacer su trabajo o que es ‘prochorro’, pero en realidad no”, manifestó. 

Denuncias falsas

Si bien no hay una estadística para Uruguay, España dio a conocer que el 0,0069% de los casos en los que se había condenado un abuso sexual, la denuncia era falsa. 

El fiscal Iglesias indicó que “es residual” pero que “no se puede decir que nunca pasó”. “Me pasó en Rocha. Una chica tomó de más, se drogó e hizo la denuncia porque los padres la vieron en una situación lamentable y denunció para protegerse ella. Cuando se empezó a investigar no aguantó la presión y contó que denunció porque los padres no paraban de atormentarla. Vi algo raro y empecé a profundizar sobre la víctima. Eso tiene un riesgo, te pueden decir que estás revictimizando. Creo que cuando se trata de una mujer adulta se puede ahondar un poco más, teniendo los recaudos del caso”, sostuvo sobre las garantías del proceso.

Pericia psicológica

Siete horas aproximadamente, aunque depende del caso, es lo que puede llevar realizar una pericia psicológica a una víctima de abuso sexual entre las entrevistas y los tests psicométricos que se deben implementar, dijo el psicólogo forense Gustavo Álvarez a El Observador.   

Con un trato cordial, empático pero escéptico, el perito debe explicarle a la persona cuáles son las condiciones del trabajo y explicar que se trata de una suerte de evaluación.

Se comienza primero por una entrevista protocolizada en base a modelos avalados internacionalmente. Allí se buscan los síntomas que generan un hecho estresor fuerte. Los test psicométricos generalmente son a través de pruebas de verdadero o falso. 

Hay diferentes protocolos para las diferentes fases. Hay una entrevista clínico forense profunda, de diferentes áreas de la vida de la persona, para establecer la historia. 

La psicología del testimonio establece que si los puntos centrales de los discursos se mantienen, es probable que el hecho haya sido real, aunque cambien las circunstancias periféricas, por lo que se realiza un análisis de archivo para sacar esa conclusión. 

También se analiza la parte gestual con ayuda de un semiólogo si fuera necesario —el uruguayo Washington Silveira es experto en la materia— y eso permite evaluar todo lo que está por fuera del relato. 

Finalmente se triangula la información y se estima si lo concluido converge con la hipótesis judicial o diverge de ella. 

Álvarez aclara que es un mito que las pericias de parte son todas positivas, sino que los abogados, a partir del resultado, deciden si presentarlas o no a la Justicia en pos del beneficio de su cliente. 

Carencias institucionales

La fiscal Sylvia Lovesio dijo esta semana en radio Del Sol que los “delitos sexuales en Uruguay no son una prioridad en materia de políticas publicas”. Únicamente se cuenta con tres fiscalías especializadas, todas en Montevideo, cada una ocupándose de 800 a 1000 investigaciones al mismo tiempo. 

Su colega Iglesias apuntó que desde la institución “muchas veces se ha errado en materia de asignación de recursos materiales y humanos”. “Los temas de delitos sexuales no son prioritarios para la Fiscalía, por más de que digan lo contrario, no lo son. En la interna, cuando los apurás y reclamás te reconocen que no es prioritario. Lo prioritario es flagrancia, los delitos de drogas, los delitos económicos”, aseguró. 

Además, expuso que en el ITF no hay un sistema que permita darle prioridad a determinadas pericias. Si bien se pueden marcar como ‘urgente’, “si hay 200 urgencias nada es urgente”, valoró. La escasez de funcionarios, dijo, también se traslada al sector policial donde están “sobrepasados”.

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