Latinoamérica y Caribe acuerdan una posición común sobre medioambiente para llevar a la COP28

La propuesta, aprobada por unanimidad en la jornada final del foro, incluye temas sobre cambio climático, biodiversidad, contaminación, género y ambiente, educación ambiental y consumo y producción sostenible. “Las seis decisiones quedaron adoptadas”, dijo el ministro del Ambiente de Costa Rica, Franz Tattenbach, quien presidió la reunión de dos días en la capital panameña.

Los funcionarios también aprobaron una “declaración” de 51 puntos que fija la agenda ambiental para los próximos años y llama al mundo industrializado a apoyar la adaptación al cambio climático de las naciones latinoamericanas. “Estamos firmemente comprometidas y comprometidos en acelerar la acción contra el cambio climático”, señala la declaración.

“Urgimos a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de provisión y movilización de recursos, incluyendo la meta de movilizar el mínimo de US$ 100 mil millones anuales en financiamiento climático, para apoyar las necesidades de los países en desarrollo”, agrega el texto.

Los ministros sesionaron en Panamá en el marco de la Semana del Clima de América latina y el Caribe, que congrega a unos 3.000 delegados de gobiernos locales y nacionales, pueblos indígenas, sociedad civil y sector privado, con debates centrados en la transición a energías renovables.

“Promoveremos iniciativas nacionales y regionales que integren los esfuerzos en calidad del aire, suelo, así como en calidad y cantidad de agua, e implementar medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático”, dice la declaración aprobada por los ministros.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un futuro energético sostenible, que permita afianzar la seguridad energética, promover la interconexión e integración energética, fomentar la estabilidad de los mercados, garantizando una transición energética justa, limpia, sostenible”, agrega el documento.

“El tema de las posiciones comunes es fundamental, porque América latina y el Caribe no necesariamente en los espacios globales llega con posiciones concertadas como región”, destacó el director regional para América latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Juan Bello.

Según un informe divulgado en el marco del cónclave, los países latinoamericanos avanzan con “éxito” en la transición a energías renovables, principalmente eólica y solar. Sin embargo, muchos de los participantes coincidieron en que estos avances serán insuficientes para contener el calentamiento global, por lo que también se deben redoblar los esfuerzos para evitar la degradación de la tierra, advirtió una funcionaria de la Naciones Unidas (ONU).

“La tierra y el manejo, protección y restauración del planeta, es fundamental para alcanzar las metas climáticas y para detener la pérdida de biodiversidad”, advirtió Andrea Meza, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

“Estamos perdiendo globalmente 100.000 millones de hectáreas de tierra sana, de tierra buena, y la tierra sana es fundamental para producir buenos alimentos y garantizar la seguridad hídrica”, añadió la funcionaria. “Con hacer sólo la transición energética no vamos a alcanzar las metas, hay que hacer también una transición para mejorar el manejo de nuestras tierras”, insistió Meza.

La COP28 que se realizará en Emiratos Árabes Unidos abordará principalmente mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la progresiva eliminación del uso de los combustibles fósiles, la explotación de energías renovables y la asistencia financiera a países en desarrollo para alcanzar las metas del Acuerdo de París, entre otros temas.

El cónclave en Panamá, al que asisten 27 de los 33 países de la región, se desarrolló en medio de protestas y bloqueos de calles para exigir la derogación de un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Las protestas estallaron el viernes pasado luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara la ley que establece el contrato, aprobado pocas horas antes por el Congreso, y que habilita a la minera a operar por 20 años, prorrogables a otros 20, la mina a cielo abierto situada en la costa del Caribe que produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

(Con información de AFP)