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14 de agosto 2023 - 5:04hs

La historia política de América latina y el Caribe está manchada de sangre. La violencia teñida de ideología marcó los caminos de la gran mayoría de los países de la región desde hace décadas. Los magnicidios son como la punta del iceberg de este problema, que afecta a todas las capas de la población.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador es el enésimo ejemplo de esta dolorosa tradición, que también tuvo ecos recientes en Haití y Colombia, entre otros países vecinos.

En el caso ecuatoriano, la investigación avanza con la detención de un grupo de colombianos. Villavicencio proponía una agenda sobre la seguridad y la lucha contra el narcotráfico basada en la militarización del país y de mano dura contra el crimen organizado. En las últimas semanas había denunciado amenazas del cartel mexicano de Sinaloa.

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El candidato había crecido ante la opinión pública por sus denuncias contra el expresidente de izquierda Rafael Correa, condenado en ausencia por corrupción y líder de la agrupación política que hoy lidera la intención de voto en las presidenciales del próximo domingo, en las que Villavicencio marchaba segundo, según algunas encuestas.

El crimen había sido precedido por el asesinato del candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador Rider Sánchez, y del alcalde de la ciudad portuaria de Manta, Agustín Itriago, ambos cometidos en el mes de julio, una señal clara del auge de la violencia impune en el país

Colombianos en Haití

La muerte de Villavicencio remite irremediablemente al magnicidio del presidente electo haitiano Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio de 2021 en la misma residencia presidencial.

En medio de una crisis de seguridad que tiene a Haití paralizado desde hace meses, sino años, con grupos armados expandiendo su control territorial, el político fue asesinado en su propia casa a manos de una banda de sicarios colombianos.

Según una investigación del periódico estadounidense The New York Times, el asesinato sucedió mientras Moïse preparaba una lista de políticos y empresarios involucrados en el narcotráfico para ponerlo a disposición de los Estados Unidos.

Dos años después, el proceso judicial está estancado: a pesar de la detención de los autores materiales del homicidio, sigue sin esclarecerse la motivación detrás del asesinato de Moïse ni la identidad de sus responsables.

Los paralelismos entre el caso de Haití y Ecuador quedan resaltados por el hecho de que las redes del crimen organizado cada vez más transnacionales, capaces de operar en cualquier lugar contratando mano de obra sicarios.

“Lo que hay en Colombia es una industria del crimen que está fermentada desde hace mucho tiempo, desde la época de los carteles de la droga en los ‘80 y a esa industria del crimen llegó a mucha gente”, dijo a la agencia de noticias EFE Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado de Colombia.

“En la medida en que el narcotráfico es un fenómeno trasnacional, esa mano de obra colombiana, que creció en la industria del crimen, fue útil y efectiva para la expansión del crimen organizado en otras regiones”, agregó.

El país del magnicidio

La “industria colombiana del crimen”, donde se mezclan grupos de crimen organizado hasta representantes de la fuerza pública, guerrillas y organizaciones paramilitares, se cobró la vida de un sinfín de personas vinculadas a la actividad política.

Los magnicidios son la cara visible y sonada de un conflicto armado de raíces profundas que dejó casi dos millones de víctimas de asesinatos o desaparición forzada y que hoy en día sigue, bajo distintas dinámicas, impactando la cotidianidad de gran parte de la población colombiana.

Antes incluso de que el conflicto armado tomara la forma que se le conoció durante décadas, la violencia en Colombia cuajó en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, un político liberal que, aunque no era candidato oficial para la Presidencia del país, era uno de las opciones más firmes en las urnas.

El crimen de Gaitán desató el “Bogotazo”, la pueblada que le sucedió. Y tras ella surguieron la guerrilla de las FARC, el bandidaje narco y los paramilitares.

En octubre de 1987, Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), partido que buscaba llevar a la arena política las propuestas de la ahora extinta guerrilla de las FARC, cayó muerto ante una lluvia de balas mientras regresaba a Bogotá con su familia.

Previamente había denunciado varias veces ante las cámaras que los grupos paramilitares lo iban a matar por su activismo, una amenaza que se cumplió para él y otros de sus compañeros.

La historia se repitió con el magnicidio en 1989 de Luis Carlos Galán, candidato por el Partido Liberal a las elecciones presidenciales de 1990, a manos de un gatillero contratado por los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha con el apoyo de uniformados retirados. El político se destacaba precisamente por una agenda social y una lucha clara contra el narcotráfico y los grupos armados.

Esas elecciones fueron un baño de sangre: asesinaron también a Bernardo Jaramillo Ossa y a Carlos Pizarro Leongómez. Ossa era el candidato de la UP y Pizarro la cara del acuerdo de paz y de la desmovilización de la guerrilla del M-19, congelados tras el crimen.

Más de 5.700 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en una década, en un genocidio político sin precedentes que en Colombia es calificado de “exterminio”.

A enero de este año, al menos 355 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016, según un informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

México, violencia que no cesa

Otro país con una historia marcada por la violencia es México. Su magnicidio más sonoro fue el del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Los motivos del asesinato son poco claros: se encarceló a Mario Aburto, quien confesó ser autor del crimen.

Sin embargo, en julio de 2022 la Fiscalía reabrió su caso después de haber recolectado evidencias de que la investigación podría haber sido irregular. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había pedido que se repasara el caso, después de denunciar que Aburto había sido torturado por agentes de la fuerza pública para conseguir su confesión.

La violencia contra políticos en México no es algo del pasado. En las elecciones federales del país en 2021, se registraron 169 ataques violentos contra campañas, con 143 víctimas mortales entre militantes, activistas y trabajadores de las candidaturas. Entre ellas, 27 personas eran candidatas a posiciones de la política local.

Todo esto sin contar los más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000, una función básica para el debate político público.

También dictadores

Centroamérica también fue escenario de asesinatos a sus líderes políticos. En 1955 ocurrió el de José Antonio Remón Cantera, el primer militar en asumir la presidencia de Panamá.

Las investigaciones apuntaron a que se trató de un complot del vicepresidente José Ramón Guizado, aunque revisiones posteriores muestran que la trama completa se desconoce.

En la vecina Guatemala, dos años después, murió asesinado en la casa presidencial el general Carlos Castillo Armas, que devolvió a la estadounidense United Fruit Company las tierras expropiadas.

Anastasio Somoza García y su homónimo Anastasio Somoza Debayle, que gobernaron Nicaragua durante décadas en beneficio de las elites económicas y bajo patrocinio de Washington, fueron muertos de modo violento. El primero en 1956 por un atentado y el segundo en Paraguay en 1980, tras ser derrocado por la guerrilla sandinista.

Dejando de lado al presidente socialista de Chile, Salvador Allende, muerto durante el golpe del general Augusto Pinochet en 1973, en Brasil el exmandatario Juscelino Kubitschek de Oliveira, quien gobernó entre 1956 y 1961, falleció en 1976 en un accidente automovilístico sobre el que todavía existe la dudas.

(Con información de France24)

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