Lea aquí el borrador del acuerdo de la coalición opositora

“En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53% del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas acumulan 54 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de 99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30). Todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos”, comienza la introducción del documento al que accedió El Observador. Al final del texto, están incluidos los nombres de los cinco candidatos de la oposición que compitieron el 27 de octubre para que sea firmado por cada uno. 

Compromiso por el país by El Observador on Scribd

Punto por punto 

El documento plantea “disminuir el déficit fiscal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, “identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social”, “diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una regla fiscal de balance estructural”, “avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una lógica de ‘base cero’ para todos los gastos discrecionales” y “analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles”.

En materia de seguridad, el documento plantea “declarar la emergencia nacional”, el combate al narcotráfico, recuperar las comisarías barriales, devolver a la ciudadanía la cercanía con la policía, impulsar la legítima defensa policial presunta, mantener los antecedentes judiciales de menores y prever la pena perpetua revisable para delitos gravísimos. Este último punto estaba incluido en la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga y que no prosperó porque alcanzó 47% de adhesiones en las elecciones. También se plantea erradicar la violencia de género y el abuso y maltrato infantil, así como desplegar la Guardia Republicana.

En materia de empleo, indica que se reconocerán los Consejos de Salarios, se impulsarán convenios sectoriales, se defenderá el poder de compra de los trabajadores y profundizará el programa Uruguay Trabaja. A la vez, plantea “incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas, tales como adultos de más de 50 años y jefas o jefes de hogar desocupados, entre otros, mediante reducciones de aportes patronales y mecanismos como los establecidos por la Ley 19.689” (sobre incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo a través del fomento del empleo juvenil).

En el área de agenda de derechos, “Compromiso por el país” asegura que se mantendrán todas las leyes, se combatirá la discriminación por orientación sexual y se destinarán recursos para la búsqueda de detenidos y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Asimismo, se plantea denunciar regímenes políticos que violen los derechos humanos.

En políticas sociales, plantea entre otros puntos, “reorganizar y redefinir las estrategias de acción del Mides, reduciendo la burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los gobiernos departamentales, con las familias y con la propia sociedad”; “dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de la formación de la persona y como momento en el que se juega buena parte de la igualdad de oportunidades”. “Nos preponemos asegurar una atención integral que alcance a todos los niños en situación de vulnerabilidad”, asegura. En tanto, propone “reformular las asignaciones familiares y otras formas de transferencia monetaria, dando coherencia al conjunto y poniéndolas al servicio de una auténtica integración generadora de oportunidades”.

Plantea “fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol” y “crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población”.

En educación se plantea modificar el estatuto docente y no docente y expandir los liceos militares porque “esta formación consigue buenos resultados en términos de retención y aprendizaje, a costos reducidos y atendiendo a una población que en una proporción importante proviene de sectores vulnerables”. Por otro lado,  propone “un plan nacional de construcción de escuelas y liceos en zonas vulnerables” que pretenden que funcione “en el marco de un nuevo estatuto docente”, fortalecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), continuar con el desarrollo de la UTEC, modificar la gobernanza de ANEP, fortalecer las asambleas técnico docentes como ámbitos de reflexión y propuesta educativa y realizar un “plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente, que incluya un sistema de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones formadoras”.

En materia de salud, se propone la eliminación del corralito mutual para “proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los prestadores” y “adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona”, entre otros.

En defensa, busca “asegurar la continuidad de las Misiones de Paz de Naciones Unidas, mediante el despliegue de contingentes militares, observadores militares, policiales e integrantes en Estados Mayores Multinacionales”;  “fomentar el acceso a la vivienda digna por parte del personal subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se desarrollarán en esta materia” y “reforzar la presencia del país en el continente antártico”.

El documento también refiere a temas medioambientales y de bienestar animal como "crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"; "desarrollar una Política Nacional de Aguas, sostenible y solidaria con las generaciones futuras, que proteja al recurso natural de maneras compatibles con una actividad productiva sana y un desarrollo urbano que satisfaga las necesidades de los uruguayos" y "crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales, y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía". 

Otro capítulo incluye medidas para crear un “estado inteligente y transparente”. Según el documento, “durante los gobiernos del Frente Amplio el Estado se ha vuelto más grande y más caro, más ineficiente, más opaco y más burocrático”. En ese sentido se plantea crear una agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas, vinculándola con agencias ya existentes como la Auditoría Interna de la Nación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea, jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria, fortalecer las capacidades del Estado en Planificación Estratégica, concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos.

También se plantea fortalecer el sistema de compras públicas, firmar contratos por resultado con organizaciones que proveen servicios públicos, “humanizar la función pública mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios”, “modernizar la institucionalidad del Banco Central”, “fortalecer el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, “avanzar en la descentralización” con “más competencias y recursos”, instalar un “plan de desburocratización y simplificación de trámites, con apoyo en la tecnología”, así como un “plan de aprovechamiento de inmuebles del Estado”.