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Legítima defensa: mató a un hombre, estuvo preso y ahora cobrará US$ 10 mil por prisión indebida
El hombre contó en la Justicia que unos narcos vinieron a "apretarlo" simplemente por ser vecino, cuando él no tenía nada que ver con sus negocios. En 2017, se defendió con un cuchillo, de lo que él entendió como una agresión, y uno de ellos murió. Lo procesaron por homicidio y pasó poco más de cuatro meses en prisión hasta que la Justicia determinaron que en realidad se trató de un caso de legítima defensa.
Dos años después, el hombre volvió a la Justicia, pero esta vez como denunciante. Demandó al Poder Judicial por daño moral y lucro cesante por los cuatro meses que estuvo preso por homicidio. La jueza de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno le dieron la razón en el cargo por daño moral y dispusieron que el Estado le pague US$ 10.500 por los cuatro meses que estuvo preso en forma indebida.
"Se coincide con el mismo que frente a un caso de responsabilidad objetiva del Estado, el único elemento de la responsabilidad que requiere prueba respecto de su dimensión, es el daño", afirma la sentencia a la que accedió El Observador y que suscribieron los ministros Loreley Opertti, Fernando Tovagliare y Claudia Kelland.
A su vez, expresaron que valoraron especialmente que el hombre tenía 39 años cuando fue encarcelado, lo que implicó dejar de ejercer "la responsabilidad de una familia y un buen trabajo" que tuvo que dejar durante esos cuatro meses. También valoraron que no tenía ningún antecedente penal a la fecha del hecho.
El Poder Judicial había apelado la sentencia de primera instancia alegando que el monto que se había dispuesto era excesivo para las circunstancias del caso y los parámetros de la jurisprudencia. "La repercusión o estigmatización sufrida en razón del caso no es imputable al Poder Judicial, sino que surge de las circunstancias de los hechos: el actor le quitó la vida a una persona", manifestaron en respuesta a lo argumentado por el demandante.
Por su parte, el hombre, que fue patrocinado por el abogado Nicolás Pereyra, también había apelado la decisión judicial de primera instancia porque entendían que el monto era muy bajo. Entendían que no es suficiente "para indemnizar el daño emocional o psicológico sufrido, así como tampoco la afectación a la vida de relación (la normalidad, la convivencia familiar)". "Existe una incorrecta apreciación en la recurrida al sostener que la prisión indebida no fue extensa", indicaron en respuesta al fallo inicial.
Tribunal de Apelaciones en lo Civil ratificó el fallo de la jueza en primera instancia en todos sus términos.
