22 de septiembre 2013 - 0:00hs

Cuando a inicio de la década de 1930 empezaron a llegar los primeros embarques desde la exUnión Soviética (URSS), los uruguayos agregamos a nuestro vocabulario la denominación nafta, para referirnos a la gasolina. Nafta significa gasolina en ruso, y así estaban rotulados los barriles de petróleo llegados desde aquel lejano país.



El 15 de octubre de 1931 se clausuraba el período de actividades legislativas de ese año y diversas decisiones tomó en esa jornada la Asamblea General; una de ellas fue la creación de un Ente Industrial del Estado, denominado “Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland” (ANCAP), con el cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados y de fabricar portland. A tal fin, se declaró de utilidad pública el derecho exclusivo a favor del Estado.



En diciembre de 2003 la ciudadanía derogó la denominada Ley de ANCAP que permitía la asociación de del ente con privados con el apoyo del entonces opositor Frente Amplio que argumentaba falazmente que la norma habilitaba su privatización.



Desde la restauración democrática las tarifas de los combustibles fueron manejadas políticamente a pesar de tratarse de un ente autónomo y la actual gestión no fue ni de cerca la excepción.



De hecho, días atrás el directorio de ANCAP y el Ministerio de Economía y Finanzas definieron un fuerte aumento de las tarifas de los carburantes de casi 10% (9,7 en promedio) como consecuencia de la brecha que existía entre la cotización del dólar y el valor que tenía el ente petrolero en su paramétrica, explicaron



Ese porcentaje de ajuste resuelto políticamente fue mucho mayor al que en ANCAP se consideraba necesario, que era de 6%, según información que recogió El Observador en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que tutela los entes comerciales. La explicación es sencilla: el dinero que recauda Rentas Generales (la caja del Estado) por concepto de impuestos (IVA e imesi) a los combustibles es de rápida percepción (“cash”) y por un monto jugoso. En 2012 Rentas Generales recaudó un total de US$ 921 millones por ese concepto.



Ese dinero le caerá de maravillas al gobierno que pretende impulsar políticas “sociales” en su último año de gestión además de morigerar el deterioro de las cuentas públicas que se ha producido a pesar de la larga primavera económica.



Históricamente –aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en una reciente actividad política– los últimos años de gobierno registran los peores desempeños fiscales. Ello también sucederá con la administración de José Mujica, advirtió al término del último consejo de ministros el jerarca a la vez que anunció planes económicos a costo del Estado que comenzarán a impactar cuando Uruguay ya esté en campaña electoral.

Se pondrá en marcha la promesa electoral de rebajar el IVA para las compras realizadas por beneficiarios de planes sociales y en el marco del proyecto de “inclusión financiera” y, además, los jóvenes de entre 18 y 29 años podrán acceder a créditos para comprar viviendas.. A eso se suman otras políticas que también financia Rentas Generales (la caja del Estado), como la ampliación de la licencia por maternidad, otra medida taquillera que caerá cuando los partidos se disputen una vez más el poder en las elecciones.

De esa forma, la costumbre de tener un último año del período con mayor déficit fiscal parece cumplirse. Más aún cuando el Poder Ejecutivo descartó suspender la devolución de aportes excedentes al Fondo de Salud (Fonasa) o retocar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para recaudar el dinero necesario para financiar planes sociales. Eso último, que incluye la aplicación del plan “Siete Zonas” (destinado a barrios de la periferia con niveles importantes de seguridad y pobreza) y el “Uruguay Crece Contigo” (para niños menores de cuatro años y madres embarazadas), tiene un costo de US$ 90 millones por año, lo cual tendrá un impacto de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el déficit fiscal. Con ello, el déficit pasaría del 2,4% proyectado para 2014 por el Ministerio de Economía a 2,6% del PIB.

Hasta hace unos meses el argumento del gobierno para no implementar la rebaja del IVA era el manejo del déficit. Sin embargo, se proyecta la puesta en marcha durante la campaña. Ahora se aduce que puede no tener un costo para las cuentas públicas ya que se “formaliza la economía” y se mejora el combate a la evasión. Además, la mayor parte de la rebaja del IVA se notará en el año electoral. En las compras con tarjeta de debito el impuesto se reducirá de 22% a 18% en el primer año de vigencia de la ley y luego quedará en 20%. A su vez, la reducción del IVA en compras con tarjetas de crédito de 22% a 20% sólo estará vigente tres años.

El déficit promedio de cada año de la administración muestra de forma clara un peor desempeño en el año cinco de gobierno, lo cual empuja también un deterioro para el año uno del siguiente período. Si se toman los datos de los gobiernos posteriores a la dictadura (1985 a la fecha), se observa que el déficit fiscal promedio en el último año fue de 3,03% del PIB, mientras que en el primer año fue de 2,53%.

En 2003, integrantes del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) editaron el libro Economía política en Uruguay. Entre otras cosas, plantearon allí el uso de los gobiernos de los dineros públicos en años electorales. En un capítulo de ese libro escribió el hoy ministro de Economía, Fernando Lorenzo, acompañado por Diego Aboal, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone.

Como principal conclusión, el estudio muestra una “clara existencia de ciclos electorales oportunistas sobre el déficit del sector público”. Los autores definen a los políticos “oportunistas” como aquellos que buscan ser reelectos en el gobierno, “a través de la manipulación de variables económicas fundamentales”. Los votantes, apunta el trabajo, otorgan mayor importancia a los acontecimientos más próximos a la campaña electoral en comparación a los hechos que tuvieron lugar al comienzo del período de gobierno.

El libro también elabora indicadores para analizar ese “oportunismo” electoral. Concluye que cuanto mayor sea el apoyo parlamentario del presidente, mayor será el resultado fiscal del gobierno. En el caso del gobierno actual ello no sucederá, ya que tiene mayoría absoluta en el Parlamento y, por el contrario, mostrará un déficit fiscal por fuera de la meta.

El trabajo de Cinve recuerda expresiones del ministro de Economía del gobierno nacionalista de Luis Alberto Lacalle, Ignacio de Posadas, informadas en 1992 por El Observador. “De Posadas también percibía con claridad el vínculo entre economía y política al afirmarle a la dirigencia herrerista que ‘los tiempos económicos calzan con los tiempos políticos’. Ello permitiría a su sector y al Partido Nacional llegar en ‘buenas condiciones’ de popularidad a las elecciones de 1994. En esencia, De Posadas asumía que la fase expansiva del ciclo económico y el año electoral coincidirían, siendo de esperar un buen desempeño electoral del PN en las elecciones de 1994”, dice el capítulo firmado por Lorenzo, entre otros.

A mitad de 2009, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió al uso de las cuentas públicas durante la campaña electoral. “Casualmente en el año electoral es como si todas las tareas pendientes se asumieran de repente y simultáneamente transformando el escenario ciudadano en una realidad ganada por los vallados, por las balizas y las calles cortadas. Al ingresar en el último año de gobierno, casualmente otra vez el año electoral, se desata una andanada de ofertas de vivienda, de construcciones que surgen aquí y allá”, escribió.

En junio el expresidente Jorge Batlle bromeó con el tema. “Si yo en los últimos tres meses de mi gobierno hubiera hecho carnaval electoral, el Frente Amplio perdía y como no lo hice, perdí”, dijo.

A juzgar por las últimas movidas económicas el “nuevo Uruguay" no está ajeno a algunas viejas prácticas.

Es posible que Tabaré Vázquez con el hoy titular de ANCAP Raúl Sendic como vice gane las próximas elecciones por méritos propios y que la izquierda se mantenga otro lustro en el poder porque al fin y al cabo la gente vota con la credencial en una mano y la otra en el bolsillo. Pero eso es especulación pura

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