"El Parlamento tiene que modificar esa ley promulgada por el presidente del Congreso", Hormando Vaca Diez, intimó el dirigente cocalero, líder de la segunda fuerza parlamentaria.
Los consorcios extranjeros que operan los hidrocarburos han rechazado la ley por "confiscatoria" de sus derechos reconocidos por la abrogada ley de 1996.
Además, potencia finacieramente e instala a la compañía estatal de petróleos en la cadena de producción internacional y obliga a las multinacionales a adherir a un nuevo régimen de explotación compartida.
El proyecto de ley modificatoria postulará la industrialización de hidrocarburos en Bolivia y la reposición del derecho de veto de los pueblos indígenas, en caso de eventuales explotaciones privadas en territorios de su jurisdicción originaria.
