Mundo > españa
Líderes independentistas siguen presos por dictamen judicial
El Tribunal Supremo mantuvo el encarcelamiento de cuatro exconsejeros de Puigdemont
Tiempo de lectura: -'
05 de diciembre de 2017 a las 05:00
Denunciados "por delitos de rebelión, sedición y malversación" y debido al "riesgo de reiteración delictiva", el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) español emitió una resolución este lunes en la que mantiene en prisión a cuatro líderes independentistas catalanes.
El acta dictaminó la permanencia en prisión dirigida al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de las asociaciones secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La misma sentencia del TSJ, en cambio, concedió la libertad bajo fianza de € 100 mil a los otros seis independentistas encarcelados, todos ellos integrantes del Ejecutivo catalán cesado a finales de octubre por Madrid, como el exportavoz Jordi Turull o el exresponsable de Exteriores Raúl Romeva, que por la tarde salieron de la cárcel.
Las fianzas fueron abonadas por la ANC, que también convocó manifestaciones por la noche en varios municipios catalanes para exigir la liberación del resto de presos.
Estos anuncios se dieron a pocas horas de que arranque la campaña de las elecciones regionales del 21 de diciembre (21-D) y mientras el cesado presidente Carles Puigdemont intenta evitar que lo extraditen desde la capital belga y sede administrativa de la Unión Europea.
"El cuento del independentismo ya no da más de sí, nadie lo apoya", había declarado días antes el presidente del gobierno español Mariano Rajoy en acto público en Mataró, ciudad costera de Barcelona.
Pero a pesar de que los sondeos plantean un panorama desfavorable para los independentistas, que ya se mostraron divididos cuando presentaron dos candidaturas a las elecciones de diciembre, este movimiento del Supremo puede ser interpretado por la opinión pública como un intento de censura a la Generalitat por parte del gobierno de España.
De hecho, hubo varias declaraciones de líderes independentistas que iban en esa línea.
"Esta interlocutoria del Tribunal Supremo tiene un impacto directo en la campaña electoral e impide que esta tenga todas las garantías democráticas", dijo Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido liderado por Junqueras, quien iba a ser el cabeza de lista para las elecciones del 21-D. Rovira añadió: "La cárcel de Junqueras es una ilegalización encubierta de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)".
Por su parte, la directora de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi, expresó: "Esta noche empezamos la campaña electoral con presos políticos".
La decisión fue anunciada el mismo día en que Puigdemont y otros cuatro exintegrantes de su ejecutivo comparecieron en Bruselas ante un juez, como parte del pedido de extradición emitido por la justicia española.
El magistrado dará a conocer su decisión el 14 de diciembre, según los abogados. No obstante, en el caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica, con lo que habría que esperar al menos a enero para la decisión definitiva.
"Si son extraditados (...), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales", dijo en Bruselas Christophe Marchand, abogado defensor de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret. "Es otra razón para rechazar la extradición", incidió.
Los exconsejeros catalanes ingresaron en prisión provisional el pasado 2 de noviembre, como sospechosos de rebelión (un delito penado con hasta 30 años de cárcel), sedición y malversación. Los mismos cargos pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.
Se les acusa de haber alentado "un movimiento de insurrección activa" para lograr la independencia unilateral de Cataluña, ignorando todas las decisiones de la Justicia, entre ellas la prohibición del referendo de autodeterminación del 1° de octubre.
El acta dictaminó la permanencia en prisión dirigida al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de las asociaciones secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La misma sentencia del TSJ, en cambio, concedió la libertad bajo fianza de € 100 mil a los otros seis independentistas encarcelados, todos ellos integrantes del Ejecutivo catalán cesado a finales de octubre por Madrid, como el exportavoz Jordi Turull o el exresponsable de Exteriores Raúl Romeva, que por la tarde salieron de la cárcel.
Las fianzas fueron abonadas por la ANC, que también convocó manifestaciones por la noche en varios municipios catalanes para exigir la liberación del resto de presos.
Estos anuncios se dieron a pocas horas de que arranque la campaña de las elecciones regionales del 21 de diciembre (21-D) y mientras el cesado presidente Carles Puigdemont intenta evitar que lo extraditen desde la capital belga y sede administrativa de la Unión Europea.
"El cuento del independentismo ya no da más de sí, nadie lo apoya", había declarado días antes el presidente del gobierno español Mariano Rajoy en acto público en Mataró, ciudad costera de Barcelona.
Pero a pesar de que los sondeos plantean un panorama desfavorable para los independentistas, que ya se mostraron divididos cuando presentaron dos candidaturas a las elecciones de diciembre, este movimiento del Supremo puede ser interpretado por la opinión pública como un intento de censura a la Generalitat por parte del gobierno de España.
De hecho, hubo varias declaraciones de líderes independentistas que iban en esa línea.
"Esta interlocutoria del Tribunal Supremo tiene un impacto directo en la campaña electoral e impide que esta tenga todas las garantías democráticas", dijo Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido liderado por Junqueras, quien iba a ser el cabeza de lista para las elecciones del 21-D. Rovira añadió: "La cárcel de Junqueras es una ilegalización encubierta de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)".
Por su parte, la directora de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi, expresó: "Esta noche empezamos la campaña electoral con presos políticos".
La decisión fue anunciada el mismo día en que Puigdemont y otros cuatro exintegrantes de su ejecutivo comparecieron en Bruselas ante un juez, como parte del pedido de extradición emitido por la justicia española.
El magistrado dará a conocer su decisión el 14 de diciembre, según los abogados. No obstante, en el caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica, con lo que habría que esperar al menos a enero para la decisión definitiva.
"Si son extraditados (...), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales", dijo en Bruselas Christophe Marchand, abogado defensor de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret. "Es otra razón para rechazar la extradición", incidió.
Los exconsejeros catalanes ingresaron en prisión provisional el pasado 2 de noviembre, como sospechosos de rebelión (un delito penado con hasta 30 años de cárcel), sedición y malversación. Los mismos cargos pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.
Se les acusa de haber alentado "un movimiento de insurrección activa" para lograr la independencia unilateral de Cataluña, ignorando todas las decisiones de la Justicia, entre ellas la prohibición del referendo de autodeterminación del 1° de octubre.
