Lilia Paredes: de maestra rural a primera dama de Perú y de allí, al asilo político en México

Este miércoles, Lilia Paredes aterrizó junto a sus dos hijos en México, país que le dio asilo político. Antes estuvo refugiada con su familia en la embajada mexicana en Lima, cuyo gobierno expulsó al embajador del país azteca.

Viajaron después de que la cancillería peruana le otorgara un salvoconducto tanto a ella como a sus hijos Alondra y Arnold.

"No existe la persecución política", enfatizó la canciller peruana Cecilia Gervasi en una conferencia de prensa sin preguntas. Pero sí lanzó una advertencia: en cualquier momento, Perú puede solicitar la extradición de Paredes si así lo requiere.

La ex primera dama peruana, de 49 años, es objeto de una investigación preparatoria "como coautora del delito de organización criminal". Y no solo ella: también tres de sus seis hermanos.

Lilia está sometida a una investigación penal por la misma fiscalía que en sólo 16 meses de gestión le abrió ocho causas por supuesta corrupción a su marido. Un tema de gran pregnancia social en un país donde varios expresidentes fueron acusados, destituidos y presos por esa razón.

"Silenciosa, sin influencia gravitante"

Lilia Paredes nació en abril de 1973 en Anguía, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, uno de los más pobres del país.

En los medios locales la describieron como artesana, tejedora y ganadera. Y con un foco: la religión, ya que su familia pertenece a la Iglesia Cristiana del Nazareno.

Conoció a Castillo en la primaria y, tras unos años sin verse, retomaron el contacto en la educación secundaria. Llevan casados 21 años.

Hasta que Pedro Castillo fue elegido presidente de Perú en 2021, vivió en el campo de Chugur, a siete horas de Lima. Allí se desempeñó como maestra y se involucró en labores del campo y ganadería.

"Nunca nos vamos a olvidar de dónde somos", dijo en la iglesia de la localidad poco antes de marchar a la capital peruana.

Ya en Lima, Paredes empezó su rol como primera dama con actos de corte social. También estuvo a cargo de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República.

"A diferencia de otras primeras damas [de Perú], Lilia ha tenido un perfil bajo, no ha tenido mucha exposición pública", le dijo a BBC Mundo el periodista peruano Martín Riepl.

Y ha sido, dice, "silenciosa, no ha tenido una influencia gravitante", como por ejemplo sí tuvo en su día Nadiene Heredia, "el poder detrás del poder de Ollanta Humala".

Al igual que su marido, Lilia nunca había tenido contacto con las élites limeñas, cuyo desprecio por los “cholos” (mestizo de blanco e indio) es bien conocido.

Lo destacó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en cuyo país también hay una base poblacional de ese origen, al sostener que esa fue una de las causas del hostigamiento político y judicial del que fue objeto como jefe de Estado.

La acusación

Lilia Paredes no estuvo en la mira periodística hasta que la justicia la llamó a declarar por causas por supuesta corrupción en los que, en principio, solo estaba involucrada una de sus hermanas, Yenifer.

Se trata de la hermana menor de Lilia, de 26 años, que fue criada desde niña por el matrimonio. La justicia le adjudicó el rol de lobista de una red criminal.

Yenifer se entregó después de que las autoridades allanaran su casa y el Palacio Presidencial tras la difusión de un video que fundamentó la acusación. En el video se ve a la cuñada de Castillo haciendo gestiones para construir una obra de saneamiento en una localidad aunque no ocupaba ningún cargo público.

Estuvo recluida en el penal de Mujeres de Chorrillos hasta octubre, cuando un juez revocó la medida y fue puesta en libertad con restricciones, que, por ahora, incluyen no ausentarse de su domicilio sin notificación al Ministerio Público y acudir puntualmente ante las autoridades en caso de que se le solicite.

En agosto un fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, también adjudicó a Lilia integrar una red encargada de conceder obras públicas para el beneficio de su familia junto a sus hermanos y el empresario Hugo Espino.

La sindicaron como “coordinadora” de una organización criminal que encabezaría Pedro Castillo para adjudicar obras públicas a través del Ministerio de Vivienda, cuyo extitular Geiner Alvarado está prófugo.

Tras una audiencia en octubre, donde la fiscalía dijo que, de probarse la participación de Paredes, podría recibir una pena de entre 8 años y 10 años con cuatro meses de cárcel efectiva, el juez impuso una serie de restricciones a la entonces primera dama.

Concretamente, someterse a control mensual ante la fiscalía, reportar sus actividades y no ausentarse de su localidad de residencia sin permiso judicial. Todo ello durante 36 meses, los cuatro años restantes del mandato de su marido.

Así que, cuando Paredes solicitó asilo ante México tras la detención de su marido, no estaba claro si podría, efectivamente, salir de Perú.

Antes del anuncio del salvoconducto emitido por la cancillería peruana, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia anuló las restricciones que tenía Paredes.

Todo ello en medio de un debate promovido sobre los supuestos beneficios que recibía una acusada por corrupción.

Los varones: Walter y David

Lilia Paredes no es la única de su familia que está dentro de la investigación que se conoce en Perú como "caso Anguía".

La fiscalía también señaló a Walter y David, los hermanos varones de Lilia, por los delitos de lavado de activos y organización criminal.

En el caso de David, de 32 años, se investiga el uso de una empresa para hacer el expediente técnico de obras en la provincia de Chota. Walter, de 40 años, está en la mira por haber hecho unos presuntos pagos con el mismo fin.

Ambos, según la audiencia del pasado octubre, podrían enfrentar una condena de 16 años de cárcel.

Hasta esta semana, David y Walter tenían las mismas restricciones que su hermana Lilia, es decir, el control mensual ante fiscalía, el reporte de sus actividades y no ausentarse de su residencia sin permiso del juez.

Además, ellos tenían prohibición de acudir al Palacio de Gobierno, a las sedes de los ministerios de Transportes y de Vivienda así como a varios municipios donde, supuestamente, se cometieron estas irregularidades.

Pero, igual que con la ex primera dama, la justicia anuló estas restricciones.

Familias corruptas

Lilia Paredes está bajo “investigación preparatoria” por el supuesto delito de asociarse con pequeños empresarios y gobernadores locales en el oriente y norte del Perú. Son de las zonas cercanas a Cajamarca donde ella siempre se ha movido.

Su marido preso declaró el pasado martes 13 ante la justicia que “estoy injusta y arbitrariamente detenido: no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón (…) Nunca he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión”, alegó.

Buscaba diferenciarse de varios de sus antecesores que pese a sus linajes más distinguidos terminaros procesados, detenidos o fugitivos, acusados de sonados casos de corrupción.

En 2019, el dos veces expresidente Alan García se suicidó cuando estaba punto de ser arrestado acusado de recibir coimas.

Pedro Pablo Kuczinsky, un economista y empresario que fue varias veces ministro antes de presidente (2016-18), fue procesado y detenido por recibir coimas de la constructora brasileña Odebrecht, pero liberado por problemas de salud.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, el militar nacionalista Ollanta Humala, que pasó 300 días detenido por idéntico motivo, y con el predecesor de este, Alejandro Toledo, acusado de recibir US$ 36 millones para financiar su campaña de la constructora brasileña.

Nadine Heredia (mujer de Ollanta Humala) está procesada por actos de corrupción, su juicio ya está en etapa oral y también estuvo en prisión preventiva; Eliane Karp, primera dama de Alejandro Toledo, también está investigada por corrupción y a la espera de si se resuelve la solicitud de extradición a Perú de Estados Unidos, donde ambos viven.

Pedro Castillo, un exsindicalista que llegó a presidente, y su mujer Lilia Paredes, maestra rural hoy exiliada, se integraron a este cuadro. Pero la justicia debe probar aún que son culpables y no un mero caso de persecución política por vía judicial.