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La Comisión de Ética del Partido Nacional no encontró argumentos que “justifiquen un cuestionamiento ético" al edil por Maladonado, Rodrigo Blás, quien integra el sector del líder nacionalista Luis Lacalle Pou. El dirigente fernandino es propietario de la inmobiliaria Blás Propiedades y fue acusado por la Dirección General Impositiva de ser parte de una maniobra para evadir impuestos que correspondían a la venta de terrenos de otra empresa de la que es apoderado, Javipark SA., por lo que la policía fiscal lo obligó a pagar US$ 1,9 millones por evadir unos US$ 500 mil de IVA e Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).En sus conclusiones, divulgadas este viernes por el programa Rompekbezas de El Espectador y a las que accedió El Observador, la Comisión de Ética del Partido Nacional analiza el camino judicial recorrido por el edil de Maldonado, que llegó a ser denunciado penalmente por defraudación tributaria junto a los directores de Javiprak SA. “A la fecha, según surge de las actuaciones judiciales, no han prestado declaración ni los testigos ni el denunciante en vía administrativa, ni ninguno de los denunciados, incluyendo a Rodrigo Blás”, indicó la Comisión de Ética.
El Directorio del Partido Nacional analizará esas conclusiones en la sesión de este lunes y, según fuentes partidarias, el fallo de la comisión no implica que si el caso sigue a nivel penal y civil, se vuelva a analizar.
El informe destacó que que la DGI pidió medidas cautelares, decretadas en 2014, por las que solicitó sucesivas prórrogas y que finalmente se terminaron cesando. Luego de que el caso se publicara en el semanario Brecha, Blás concurrió al Directorio del Partido Nacional y solicitó licencia de sus derechos como afiliado “a los efectos de que las implicancias contra él no interfirieran con los intereses y objetivos del Partido Nacional”, destacó el informe de la Comisión de Ética. Luego fue recibido por esa comisión y entregó documentación con el procedimiento administrativo seguido por la DGI, del expediente penal y del civil.
Al analizar esa información, la Comisión de Ética nacionalista entendió que “las actuaciones se dirigen en forma principal contra Javipark SA y lo hacen contra Blás en su calidad de apoderado como agente inmobiliario, sin que integre el directorio ni teniendo participación patrimonial alguna en dicha sociedad”. Además, sostiene que Blás elevará una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que el edil se presentó en 2015 para denunciar “la violación del secreto tributario, debido a las filtraciones en diversos medios”.
La Comisión de Ética de los blancos también afirmó que “una persona que fue testigo en el procedimiento administrativo ante DGI declaró ante escribano público haber sido presionada para que cambiara su declaración o de lo contrario podría ser procesada penalmente”.
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