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Lo que preguntan los argentinos: ¿Cristina puede perder todo?
La gran pregunta que hasta ahora se hacían todos en el ámbito político y judicial –¿puede Cristina Fernández de Kirchner ir presa?– acaba de ser superada por otra, que aparece más urgente y con más factibilidad de hacerse realidad: ¿puede la expresidente perder sus bienes, por ser sospechados de haber sido adquiridos con dinero de la corrupción?
Es lo que quedó planteado tras un controversial decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Mauricio Macri. En un anuncio de alto impacto político, el mandatario dijo que, ante la dilación de la discusión en el Congreso, considera imprescindible un decreto que establezca la extinción del dominio para casos de corrupción, narcotráfico o trata de personas.
El mensaje entre líneas es que el peronismo está congelando la aprobación de una ley que se considera importante como disuasora del delito. La pretensión del gobierno es que, cada vez que una persona incremente su patrimonio de una forma incompatible con sus ingresos declarados, exista la posibilidad de que el Estado presuma una situación de corrupción y confisque los bienes.
El decreto permite que, con retroactividad a 20 años, se acelere la “recuperación para el Estado” de inmuebles, cuentas bancarias, autos, embarcaciones, obras de arte y otros bienes de lujo a quienes estén siendo investigados judicialmente por causas de corrupción. El principal punto de controversia es que el decreto habilita la extinción del dominio incluso en casos de personas que no tienen condena y que estén aún en fase de procesamiento.
¿Se presume culpable?
La polémica jurídica reside en que en esos casos se estaría invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, alguien que tiene bienes por sumas millonarias sería considerado a priori culpable hasta que demuestre fuentes legítimas para esas compras. Muchos juristas se han espantado ante lo que consideran una violación al tradicional principio de la presunción de inocencia.
El gobierno parece determinado a impulsar esa postura. “En la Argentina, el que las hace, las paga”, fue la frase del presidente Macri, quien justificó esta medida en la lentitud con la que la justicia suele llevar adelante las causas por corrupción. Pero hubo un aluvión de críticas, y no solo de la oposición peronista sino también desde sectores liberales que observan con preocupación un avance del Poder Ejecutivo sobre cuestiones que le resultan vedadas, como la legislación penal.
La jurista Graciana Peñafort, una de las más cercanas a Fernández, no dudó en calificar de anticonstitucional la norma de Macri. Con tono irónico, argumentó: “O sea, no sabemos si se cometió el delito y no sabemos cuándo se cometió el delito, pero sí sabemos que le van a quitar los bienes a alguien. Lo que no sabemos es por qué se los van a quitar”.
“Otra vez violan la Constitución Nacional. Primero porque están tratando como culpables a personas que aún no lo son y que de hecho pueden ni siquiera estar acusadas de un delito. ¡O sea a cualquiera! Pero se ve que a Macri lo que dice la Constitución no le parece relevante”, agregó la abogada.
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el nuevo régimen procesal “presenta muchos problemas constitucionales, ya que se puede promover contra una persona aunque ni siquiera se encuentre imputada en una causa penal”.
En nombre de la eficiencia
Pero desde el gobierno sostienen su postura y, además, afirman que va en línea con los tratados internacionales de combate a la corrupción, al lavado de dinero, al narcotráfico y al terrorismo.
Pero, sobre todo, plantean una cuestión de eficiencia y rapidez en el decomiso, ante la tradicional lentitud de la justicia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que con la puesta en práctica de este decreto se podrá multiplicar en más de diez veces el dinero recuperado para el Estado de bienes vinculados a ilícitos. Su estimación es que se podría recaudar unos 300 mil millones de pesos, equivalente a unos US$ 8.000 millones.
En la línea del gobierno también se suman constitucionalistas para aportar al debate, como Daniel Sabsay, quien sostiene: “La interpretación de una norma tiene que apuntar a su eficacia, es decir a la condena de los culpables en el caso de corrupción con apoderamiento de bienes”.
Mientras que el abogado Alejandro Fargosi plantea: “El choreo fue inmenso. La materia es civil, no penal. El Congreso no hizo nada. La Justicia puede intervenir. El Congreso puede invalidar. ¿Dónde está lo inconstitucional?”.
Cristina, ¿fuera de peligro?
Lo cierto es que el tema será tratado por el Congreso, porque el gobierno aceptó el debate para darle legitimidad al controvertido decreto. Pero la discusión se metió de pleno en la lógica de la campaña electoral. Para la oposición kirchnerista no hay dudas sobre cómo interpretar la postura de Macri: lo ven como un intento de desviar la atención de la opinión pública hacia otros temas que no sean la recesión económica.
Y acusan al gobierno de haber generado un decreto “con nombre y apellido” para afectar bienes de Fernández, que no está sentenciada pero sí procesada, y de acuerdo con el nuevo decreto eso habilitaría que pudiera ser confiscada. De momento, no es tan claro qué tan expuesta queda la expresidenta. Hay quienes sostienen que sus propiedades no pueden ser confiscadas, porque fueron adquiridas con anterioridad a la fecha del presunto delito por el que se la investiga.
Cristina está procesada en dos causas por asociación ilícita y lavado de activos por el período comprendido entre los años 2010 y 2015. Y la mayoría de los inmuebles de los Kirchner –presuntamente utilizados como pantalla para el cobro de sobornos– habían sido adquiridos en años anteriores. La abogada Silvina Martínez, actual asesora legal de la oposición, remarca que Fernández podría salir airosa porque “solo le bastaría con demostrar que sus bienes fueron adquiridos antes de los delitos de la que se la acusa”.
Con la “causa de los cuadernos” en fase inicial, el decreto de la extinción de dominio parece destinado a marcar la agenda pública durante los próximos meses.
