La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, criticó al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou a través de un cuestionamiento a la Universidad Católica del Uruguay. Para la ministra, Lacalle Pou “no tiene experiencia de estudio, nada más que en la Universidad Católica, o sea en un grupo selecto donde se paga”, dijo este miércoles en el programa Doble Click de radio Del Sol.
Sin embargo, de cada 100 estudiantes de ese centro educativo, alrededor de 20 recibieron algún tipo de ayuda económica. Año a año la universidad entrega 205 becas que cubren desde el 30% de la cuota total hasta beneficios del 100% para estudiantes.
La cuota más elevada la pagan los estudiantes de Odontología y es de $29.758 por mes en la actualidad. La más económica es de $13.881 y la pagan los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales (Sociología, Trabajo Social y Ciencia Política) y Educación Inicial y Recreación. La cuota de Psicología, la carrera con mayor cantidad de inscriptos, es de $22.015. En cualquiera de los tres casos es sin contar el descuento que una beca puede generar a ese costo total.
Si la cuota mensual actual de la carrera más cara (Odontología) se congelara, se multiplica por los 12 meses del año y los cuatro años de carrera que conllevan se obtiene el costo total de la carrera: US$ 39.677. Ese número —aún en la carrera más cara— es menor a lo que los contribuyentes pagan por un estudiante de la Universidad de la República (Udelar).
Si se tiene en cuenta el presupuesto promedio de la Udelar (exceptuando el gasto en la atención en salud) y se lo divide por la cantidad de titulados de grado y posgrado, cada graduado le sale al Estado un aproximado de US$ 45.000, según un cálculo que realizó El País a principios de año.
Pero los costos no son solo para los contribuyentes. Los propios egresados de la casa de estudios pública deben aportar durante 25 años —a partir del quinto año posterior a su egreso— al Fondo de Solidaridad.
Los profesionales que realizaron una carrera de una duración de cuatro años o más y que ganan más de $33.232, deben aportar en esos 25 años un total de $186.930. Es decir, terminan pagando $53.634 más que aquellos que estudiaron Ciencia Política en la Universidad Católica con una beca del 80%, por ejemplo ($133.296 en los cuatro años).
La ministra buscó matizar sus dichos este jueves al decir que no estaba haciendo referencia a la institución en concreto sino al candidato blanco a la presidencia, Luis Lacalle Pou, quien estudió allí.
"Me preguntaban qué opinión tenía de la Universidad Católica. La verdad es que tengo una excelente opinión de la Universidad Católica; yo estaba hablando de una persona que cursó ahí, no de la universidad", dijo, según recogió Radio Uruguay durante la inauguración de un espacio de la Universidad de la República en Salto.
Beneficios a universidades
Esta no es la primera vez que desde el Frente Amplio polemizan sobre las universidades privadas y su financiamiento. En 2016, la Cámara de Diputados discutió y aprobó un artículo que buscaba eliminar beneficios fiscales por donaciones de las empresas a universidades privadas.
La iniciativa había sido propuesta por la diputada Macarena Gelman y fue votada con los 49 diputados presentes del Frente Amplio y con el voto del representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio.
"Se ha dicho públicamente que en el caso de que este Parlamento realice las modificaciones que se han mencionado, peligran las becas de los estudiantes. Quiero que quede bien claro que no es el Parlamento el que está eliminando las becas y prohibiendo las donaciones (...) Si las universidades privadas resuelven eliminar las becas, es un decisión privativa de esta instituciones", indicó Gelman en su argumentación en aquella oportunidad.
Sin embargo, las universidades privadas acusaron al Frente Amplio de “discriminación” porque entendieron que eran “las únicas instituciones excluidas” de los beneficios. “Todas las instituciones públicas o afines permanecen, así como una variedad de otras instituciones privadas educativas o de otro tipo”, dijo en aquel momento a El Observador el secretario pro témpore del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas de Uruguay y rector de la Universidad de Montevideo, Juan Manuel Gutiérrez.
La redacción de la Rendición de Cuentas acordada por la bancada frenteamplista excluía a las universidades privadas del régimen de donaciones especiales con exoneraciones fiscales. De esa manera, si el proyecto hubiera prosperado en la Cámara de Senadores, estas instituciones hubieran perdido el acceso a US$ 1,4 millones anuales, que se destinan a fondos de becas y proyectos de investigación. Pero eso no sucedió porque —además de la oposición— el sector liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, no brindó su apoyo en el Senado.
Liceos gratuitos de gestión privada
El programa de gobierno del Frente Amplio de cara a los próximos cinco años promete “revisar la creciente inversión pública derivada a formas de gestión privada de educación por la ley 18.083 (arts. 78 y 79)”. Es decir, analizan intervenir en la principal forma de financiamiento que tienen liceos gratuitos de gestión privada, principalmente ubicados en Casavalle como Impulso, Jubilar y la Fundación Los Pinos.
Estos centros tienen una tasa de egreso notoriamente superior al de los liceos públicos de la zona. Mientras en un liceo normal egresan alrededor de 20 de cada 100 estudiantes, en este tipo de liceos lo hacen alrededor de 90 de cada 100.
Entrevistada en El Observador TV en julio de 2015, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) e integrante de la Comisión de Educación, Ivonne Passada, planteó la necesidad de restringir las donaciones que los privados realizan a estos centros, dado que es "totalmente injusto" que estas superen las destinadas a centros públicos.
Durante una recorrida de Lucía Topolansky por el Colegio Los Rosales —que también se financia gracias a aportes de privados—, la vicepresidenta de la República explicó a El Observador que ella está a favor de las donaciones, pero no de las donaciones que tienen beneficios fiscales.
Consultada por lo improbable que sería que una empresa colaborara sin la motivación de exonerar impuestos, Topolansky respondió: “Lo imposible cuesta un poco más”.
