Los controvertidos créditos de carbono están en el centro de las críticas con miras a la COP28

"La ausencia de normas, regulaciones y rigor en el mercado voluntario de créditos de carbono es muy preocupante" y este instrumento no debe "minar los esfuerzos reales de reducción de las emisiones", advirtió en el secretario general de la Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante 27ª conferencia global sobre el clima.

Criticados desde su nacimiento luego del Protocolo de Kioto, en la COP3 concretada en 1997, los créditos de carbono vivieron su annus horribilis en 2022-2023, del cual salieron con la credibilidad manchada por varias investigaciones periodísticas y estudios científicos que revelaron numerosas irregularidades.

En concreto, los proyectos que afirman absorber carbono o evitan su emisión, como proteger tierras de la deforestación, reemplazar cocinas de leña o instalar parques eólicos en lugar de una central termoeléctrica a carbón, asocian bajo ciertas condiciones el beneficio medioambiental obtenido a los créditos de carbono.

Un crédito equivale a una tonelada de CO2 que no entró en la atmósfera o fue retirada de ella, y puede comprarlo una empresa para permitirse "compensar" sus propias emisiones de dióxido de carbono; es decir: reducir en los papeles sus huellas.

"He estudiado la calidad de los créditos de carbono desde hace veinte años y siempre ha sido mediocre", afirma Barbara Haya, directora del Berkeley Carbon Trading Project. El estudio sobre proyectos de deforestación que llevó a cabo su equipo es implacable.

“La reducción de las emisiones y los beneficios de los proyectos están sobreestimados y los derechos de las comunidades locales a menudo vulnerados. La independencia de los inspectores encargados de evaluar los proyectos no está garantizada. Y las metodologías de los certificadores que permiten vender créditos carbono son laxas”, concluye el estudio.

"A todos los actores les conviene que se cree un máximo de créditos de carbono", agrega la investigadora. Conclusión: se emiten demasiados créditos y la mayoría no permite las reducciones de emisiones prometidas.

"Dar credibilidad"

Frente a las críticas, el precio de los créditos de carbono se desplomó y pasó para aquellos asociados a proyectos de protección de la naturaleza de US$ 18 por tonelada en enero de 2022 a US$ 6 en enero de 2023, y a menos de US$ 2 a mediados de octubre pasado.

Tras un techo de más de US$ 350 millones de créditos emitidos en 2021, los volúmenes retrocedieron levemente en 2022 y 2023; aunque siguen por encima de los niveles anteriores a 2020. Según las proyecciones de la agencia financiera Bloomberg, podrían alcanzar los US$ 8.000 millones en 2050.

Sin embargo, las empresas no son las únicas que hacen promesas sobre la neutralidad en carbono. El Artículo 6 del Acuerdo de París, cuyos detalles serán negociados en la COP28, podría permitir a los Estados invertir de manera masiva en el mercado de esos créditos.

Los países en desarrollo cuentan con esa posibilidad para financiarse. "Es difícil decirles simplemente 'basta'", admite Haya. “Además, las petroleras ven en los créditos carbono un medio barato de avanzar hacia la emisión neta cero", explica la experta.

La cuestión será uno de los temas centrales en la COP28, cuya presidencia recayó en el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sultan bin Ahmed Al Jaber, que además es CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Adnoc).

Al Jaber manifestó en varias ocasiones que espera ver "progresos" para "dar credibilidad a los mercados de créditos de carbono". También se expresó en ese sentido Arabia Saudita, que ya anunció un mecanismo nacional de compensación de las emisiones para sus empresas "alineado con el Artículo 6 del Acuerdo de París”.

Ecoimpostura a gran escala

Por lo pronto, los medios informaron de la preparación de un acuerdo para que Liberia entregue la protección de sus bosques tropicales en un 10% de su territorio a una empresa emiratí presidida por un miembro de la familia en el poder en Dubái, con el objetivo de que obtenga créditos carbono.

"El activismo de esos países podría conducir a operaciones de ecoimpostura a gran escala", advierte Alain Karsenty, economista del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para la Desarrollo.

Por su parte, los investigadores y las oenegés dedicadas a la protección del medioambiente y la biodiversidad se han pronunciado por el final de la compensación para pasar a una lógica de la "contribución".

En este sentido, impulsan que las empresas y los Estados financien los proyectos necesarios para la reducción de emisiones sin utilizar créditos de carbono, mecanismo al que responsabilizan de producir una “ilusoria neutralidad”.

Frente a esta perspectiva casi utópica, Haya impulsa una reescritura de las metodologías por parte de expertos independientes en auditorías. “Lo central es que no haya conflictos de intereses y transparencia en los datos”, dice la investigadora.

¿Es posible en el marco del sistema de la ONU? “Sería necesario que las empresas y los países tengan la voluntad de hacerlo. Lo que me preocupa es que las negociaciones parecer ir en la dirección contraria", concluye la experta.

(Con información de AFP)