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Los cuestionamientos que el FA marca a la reforma jubilatoria y anticipa postura crítica
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lo repitió al menos tres veces durante la última Mesa Política: la coalición de izquierda no se va a pronunciar hasta que no haya acuerdo de la coalición gobernante para enviar un proyecto definitivo de reforma de la seguridad social. "Cuando lo haya, habrá que dar una discusión y encontrar una posición de consenso, lo que requiere de un debate profundo de la fuerza política y de la bancada", adelantó el exsindicalista ante la dirigencia en la Huella de Seregni.
Fue así que, una vez que estuvo pronto para su distribución un informe de 37 páginas de la Comisión de Seguridad Social de la oposición –redactado por el exministro Ernesto Murro, la economista Jimena Pardo y el abogado José Luis Baumgartner–, volvió a enfatizar: "Este documento no es una respuesta política al proyecto de (presidente Luis) Lacalle Pou, es una explicación técnica a la fuerza política".
Ese texto –que adelantó Subrayado y al que también accedió El Observador– da cuenta de "importantes ausencias" en el anteproyecto que el propio mandatario hizo llegar a la Huella de Seregni, acompañado de su principal redactor, Rodolfo Saldain. Esas valoraciones, que buscan despegarse de los vaivenes políticos que también deberá calcular –y zurcir– la izquierda, ya anticipan la postura crítica hacia varios de los ejes postulados por Lacalle Pou.
"El anteproyecto solo se ocupa de la contención de egresos, pero nada contiene acerca del otro componente fundamental de la sostenibilidad financiera, como lo es el relativo a los ingresos", afirman los expertos, sintetizando uno de los cuestionamientos centrales en filas opositoras.
En este sentido, apuntan contra la creación de un “Plan de Ahorro por Consumo” como único camino para abordar los actuales ingresos al sistema. El proyecto prevé asignarle a ese plan los dos puntos de IVA que hoy se reducen en las compras con tarjetas de débito y otros instrumentos de dinero electrónico.
"O sea, la plata que antes los trabajadores se ahorraban y que aumentaba su ingreso disponible, ahora ya no la tendrán más. No cabe duda, por lo tanto, que se trata de un aumento encubierto de la imposición que recae sobre los trabajadores, un aumento encubierto de los aportes personales que los trabajadores realizan a la seguridad social, siendo el único cambio que el anteproyecto prevé en relación con el financiamiento de la seguridad social", indica el texto del FA.
Los expertos de la oposición reparan en que hay "excesivas facultades" otorgadas al Poder Ejecutivo y a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social a ser creada, en tanto un 20% del articulado le otorga responsabilidades en ese sentido, entre reglamentaciones y decisiones a tomar.
En otro orden, ponen la lupa en la creación de la Tasa de Adquisición de Derechos (TAD) –coeficiente que se multiplica por el número de años de servicios que la persona tenga– que sustituye la actual Tasa de Reemplazo, y sube en función de la edad. El FA plantea sus dudas respecto a que ese porcentaje a percibir respecto al sueldo a la hora del retiro termina implicando una rebaja respecto a la proporción establecida por el régimen actual.
Los expertos señalan que "la reglamentación (del Poder Ejecutivo) será decisiva en la determinación" de las excepciones al aumento de la edad de retiro prometidas por Lacalle Pou para los sectores de la construcción y del ámbito rural –por el alto grado de esfuerzo físico que conllevan–. "Existen otros sectores de actividad y tipos de trabajo que deberían estudiarse en consideración a sus particularidades. Por ejemplo, y sin perjuicio de los notorios avances de los últimos años, el trabajo doméstico", sugieren los técnicos frentistas, aludiendo a una "alta feminización", "riesgos de precarización y evasión de aportes" en esos rubros.
Respecto a la adecuación automática de los parámetros de edad, tasas de adquisición de derechos y tiempos mínimos de servicios asociados a cada edad, en función de la evolución de la esperanza de vida, señalan que "a partir del 2037 tanto las edades como los años de servicio mínimos crecerían gradualmente, estimándose un aumento de un año en cada uno". "Por ejemplo, en 2050 la edad mínima sería 66 años y los años de servicio requeridos serían 31 años", exponen.
"La indexación en particular de años de servicio mínimos es altamente inconveniente y no contempla que existen muchos desafíos e imprevistos para las personas, particularmente en un mundo del trabajo con fuertes impactos de la tecnología, pensando en que los estudios actuales ya alertan que aún con las reglas actuales, un 30% de los trabajadores no reunirían los requisitos para jubilarse con 30 años de trabajo ni siquiera a los 70 años", afirman.
Sobre los cambios para el régimen de pensiones, los frentistas advierten una "dureza inusitada". Sobre esa fracción del proyecto ha puesto la lupa también Cabildo Abierto, que aún está estudiando la iniciativa. Los opositores plantean que las modificaciones hacen "caso omiso de la brecha de género observable en el mundo del trabajo y en la distribución de las tareas de cuidados, que dista aún mucho de cerrarse".
"El capítulo relativo a pensiones de sobrevivencia castiga muy especialmente a las mujeres. Reduce a más de la mitad el tope de ingresos propios que admite para que la mujer pueda acceder a la pensión (de $ 215.179 - a $ 100.000)", critican en ese sentido.
En lo referido a las AFAP –un componente sensible para varios sectores de la izquierda, que se oponen a la "rentabilidad" en lugar de la solidaridad intergeneracional–, entienden que es necesario solicitar mayor información. Una de las discrepancias radica en que con el anteproyecto, las afiliaciones de oficio –la "totalidad" de las cuales van hoy a la entidad pública, República AFAP, por ser la más barata en su comisión de administración– podrían pasar a adjudicarse ahora a aquellas que son propiedad de capital privado.
