17 de septiembre 2023 - 5:00hs

A los tres los une su ambición por la Intendencia de Salto, pero protagonizan un juego de poder que cobró dimensiones nacionales. 

Carlos Albisu, hijo de dos padres a los que la ciudad de Salto homenajeó con dos calles, y otorrinolaringólogo reconocido en sus pagos, líder del Partido Nacional y predilecto de la Torre Ejecutiva, era el favorito para tomar el poder. 

Germán Coutinho lideró a un Partido Colorado que en Salto se impuso como primera fuerza tanto en junio como en octubre del 2019, y este exintendente, alentado por "haber ganado en cuartos y en semifinales", nunca accedió a bajarse de ir por un segundo round. 

"Cuando un dirigente blanco o colorado va a una casa, yo ya fui dos veces", suele decir Andrés Lima, y con ese trille incansable que hasta sus más acérrimos detractores le distinguen, le ganó a dos caudillos de coalición que no supieron juntar votos para triunfar, y ahora quiere ser precandidato a la presidencia por el Frente Amplio. 

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Salto es el único departamento en que los tres partidos tradicionales tienen chances reales de ser gobierno y hoy está en el ojo de la tormenta tras la renuncia del blanco Albisu (un delfín de Luis Lacalle Pou en el litoral) como titular de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, sin poder justificar al menos 27 designaciones políticas y otros seis ascensos que beneficiaron a funcionarios de filas oficialistas

Foto: Vicente Massarino/Focouy Carlos Albisu renunció a la presidencia de la CTM en Salto Grande

La nómina de contratos (que llevó a que la plantilla pase de 230 a 251 funcionarios) incluye desde nueve ediles blancos hasta una exalcaldesa canaria secretaria de Lacalle Pou, dirigentes de la 404 y al menos cinco personas de confianza (hoy solo tres) del senador colorado Coutinho, informó Brecha. Buena parte del Partido Nacional ya se desmarcaba por lo bajo del accionar de Albisu salvo por Aire Fresco, mientras que en la antesala a una interpelación parlamentaria impulsada por la oposición el cabildante Guido Manini Ríos anunciaba que "sería bueno" que renunciara.

La delegación uruguaya de la CTM (con el edil blanco Martín Burutarán recién designado como presidente, el colorado Nicolás Irigoyen como vice y el nacionalista Daniel Arcieri como delegado) se verá las caras el próximo martes con los senadores de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, con el discurso de que nunca se apartaron de la legalidad y que las contrataciones (aunque discutibles desde un plano político) se entendieron necesarias para sostener una nueva impronta de "desarrollo regional" que derramó hacia el departamento

“En estos años cumplimos con reclamos históricos y actuamos con responsabilidad. Seguramente nos equivocamos motivados con las ganas de hacer”, admitía Albisu a su salida. 

Con dos desafíos parlamentarios a sortear en las próximas semanas (incluida la interpelación que el 3 de octubre encabezará el diputado del MPP, Nicolás Viera) la delegación también planteará el "riesgo institucional" que el conflicto político supone para el organismo binacional, que suministra el 40% de la energía eléctrica que consume el país

Ramiro Pisabarro El "corazón" de Salto Grande según el gerente general Sardi, desde donde se monitorean todas las líneas de la represa, la cantidad de metros cúbicos de agua movilizados por las turbinas y la cantidad vertida

Albisu y Coutinho, hermanados por los reclamos de que un acuerdo electoral hubiera dejado a Lima sin la reelección, cimentaban desde la gestión (ya no solo en la CTM) su camino hacia mayo de 2025. Y el intendente frentista, que hasta ahora elogiaba al gobierno por designar a un salteño en Salto Grande, algo que lo ponía a contrapelo de otros dirigentes de la izquierda y que hasta hoy en el departamento lleva a hablar de un tácito "pacto de no agresión", comenzó por primera vez a machacar sobre el manejo clientelístico.

Como si por tiempos políticos se rigiera, junto a la sede uruguaya del complejo hidroeléctrico hoy solo flamea la bandera argentina. 

A la uruguaya la bajaron para poner una nueva. 

2020 y 2030

El senador Coutinho se negó a bajarse de la contienda, incluso cuando en conversaciones con el blanco Gustavo Penadés, uno de los negociadores de la coalición, se llegaron a manejar distintas posiciones y hasta a su hijo Carlos (contador de profesión) para contador de la CTM, en procura de que juntaran fuerzas con Albisu para derrotar a Lima, indicaron fuentes políticas al tanto de los intercambios.

Tras denunciar una "injerencia directa" de la Torre Ejecutiva al designar a Albisu al frente de Salto Grande en tiempos de campaña, Coutinho recién nombraría a uno de los suyos en la delegación (Nicolás Irigoyen) después de las departamentales. Desde su entorno aseguran que la vicepresidencia en la CTM ya estaba reservada a su sector desde las negociaciones en la interna de la coalición entre fines de 2019 y comienzos del 2020.  

El Frente Amplio quedaría fuera de la dirección del organismo, luego de que en las conversaciones con la administración entrante priorizaran la representación en otros directorios ante las escasos espacios que les cedía el oficialismo, según reconstruyó El Observador

Albisu y Coutinho sellaron la alianza ante la victoria de Lima. Fue a partir de ese plazo que se firmaron casi todas las contrataciones políticas que hoy están en la mira de la oposición, en pleno período de restricciones económicas por la pandemia, sin contemplar más cuota proporcional entre sectores partidarios que los que encabezaban los excandidatos, y en especial de dirigentes de Aire Fresco. Todas fueron avaladas tanto por la delegación uruguaya de dos blancos y un colorado, como por la argentina. 

Federico Gutiérrez Germán Coutinho, senador del Partido Colorado

Mientras tanto, cerca de US$ 1 millón recaudados anualmente en los peajes cobrados al transporte de carga entre Salto y Concordia comenzaron a destinarse para proyectos de "desarrollo regional", como inversiones en clubes de fútbol infantil o espacios públicos del departamento.

Era un viejo anhelo salteño para una central que produce cada megavatio de energía a un precio (US$ 7 dólares) diez veces menor que el que UTE paga a los parques eólicos (entre US$ 65 y US$ 95) y 42 veces menor que al que el ente lo comercializa en los hogares (US$ 295). "Albisu se puso la camiseta de Salto", dicen hasta hoy los trabajadores uruguayos en el complejo hidroeléctrico, mientras que los gerentes de área lamentan no poder venderle a otros países el excedente que a diario monitorean en la represa.  

La nueva política de inversiones dejó a los tres integrantes de la delegación (Albisu, Irigoyen y Arcieri) como los encargados de decidir en qué destinos distribuirlo. Eso está hoy bajo la lupa el Frente Amplio y Cabildo Abierto.

El diputado cabildante Rodrigo Albernaz había declarado que en distintos casos tenían "derecho" a sospechar de "la compra de un dirigente" cuando determinada institución se beneficiaba con la donación de Salto Grande. "¿Voy a estar en desacuerdo con que se le haya arreglado el techo a una policlínica? No. Ahora, yo tengo cinco policlínicas con goteras en el techo. ¿Cuáles son los parámetros que elijo?", reclama su asesor Luis García. 

Ramiro Pisabarro Sede de Cabildo Abierto en Salto, donde hace su trabajo político el diputado Rodrigo Albernaz

"En Salto Grande no tenemos ni al portero", apuntaban días atrás fuentes de la cúpula de Cabildo Abierto, en días en que exigen explicaciones a los socios y cobran con la misma moneda que cuando Lacalle Pou cesó a Irene Moreira por adjudicaciones directas de viviendas.

El cabildante Albernaz, sin embargo, también se reunió con Albisu para colocar a uno de los suyos, y su propio asesor no lo desmiente. "Cabildo es parte de la coalición y en la CTM no tiene ningún cargo, es bueno decirlo. No tendría que haber reclamado nada, porque es normal que los socios de una coalición tengan cargos en diferentes lugares. Si el presidente decidió que no, está perfecto. Ahora, yo digo que tal vez el control lo podríamos haber ejercido desde adentro, y podríamos haber dicho: 'Che, se nos está yendo la mano'", dice García. 

Las acusaciones por los cargos y aportes son una constante que los principales dirigentes políticos relatan off the record y que salpica en todas las filas. 

Y de eso no se salva el propio Lima en la intendencia. Según la respuesta a un pedido de informes del edil blanco Facundo Marziotte, al que accedió El Observador, la comuna lleva 194 designaciones directas en el período, siete de ellas a ediles frentistas que para asumir debieron renunciar antes a la banca de la Junta Departamental. Otras 23 personas de esta nómina estaban vinculadas al Partido Colorado en Salto, entre las que se incluyen el hijo del actual diputado Omar Estévez

"Fue una de las cachetadas políticas más grandes que he recibido", había dicho Estévez (padre) a El Observador, asegurando haber "caminado siempre por la buena política", porque a su hijo "lo podría haber colocado fácilmente en Salto Grande"

Pero tanto la coalición como el sindicato de la comuna (señalado en Salto como un gremio "amarillo") arremeten además contra la contratación de al menos 110 monotributistas en la Intendencia de Salto, que implican un vínculo laboral por fuera de la plantilla y al que en todas las filas achacan estar exigiendo a cambio compromisos políticos. 

"Y hablando de clientelismo, ¿por casa cómo estamos?", lo criticó en La Prensa el frenteamplista Felipe Mutti, uno de los referentes del sector Raíces, que en la izquierda salteña juntó a la (escasa) dirigencia divorciada de la gestión de Lima, que engrosa un liderazgo casi excluyente en la departamental del Frente Amplio, con su hermano Álvaro Lima (diputado) como heredero al poder.

Leonardo Carreño Andrés Lima, intendente de Salto

Lima reivindica sin embargo haber bajado el rubro cero del 76% al 60% desde su asunción en 2015 hasta hoy, lo que demuestra que "hay un manejo prolijo de los recursos", según declaró a Doble Click. 

Mientras tanto, pese a no gobernar el departamento, la ascendencia de Albisu y Coutinho en el litoral es tal que puede medirse en la distribución de puestos casi par a par en organismos nacionales: Sergio Acuña (de Vamos Salto) y Walter Texeira (de la 404) como coordinadores de la OPP para la regional norte, Roberto Báez (de Albisu) y Julio Flores (de Coutinho) como directores adjuntos de la Red de Atención Primaria de ASSE, Lucía Minutti (404) y Carlos Rattín (Vamos Salto) en la dirección del Hospital de Salto, Andrés Machiavello (de Albisu) y Dariela Sagnol (de Coutinho) en la dirección salteña del Ministerio de Desarrollo Social.

Todos los equipos se fueron nombrando tras las elecciones departamentales. Entre sucesivas conversaciones llegaron a juntarse en Punta del Este con el empresario salteño Carlos Gelpi como anfitrión, según supo El Observador. De Albisu es correligionario y de Coutinho supo ser empleador, como titular de los principales medios de comunicación en el norte del país, cuando el colorado ejercía como periodista deportivo. 

Gelpi entró en la polémica cuando primero la administración lo subió de escalafón, pasando de jefe de seguridad al rango de asesor, con una remuneración más alta. El empresario se acogió luego a un retiro anticipado como funcionario con más de 30 años de antigüedad en la CTM -ingresó en 1991 durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera-, con el que cobrará durante los próximos seis años (sin trabajar y a partir de sus 56 años) un alto porcentaje de su salario de más de $ 400 mil, informó el periodista Eduardo Preve. 

La administración lo defiende como un mecanismo de varias décadas para reducir el gasto estructural, incentivando a los funcionarios más viejos y con sueldos más altos a retirarse con un (levemente) menor porcentaje de remuneración, bajo la premisa de que tienen una menor productividad

Y justamente en la antesala a la interpelación del FA a los ministerios de Economía y Cancillería, y con buena parte de la dirigencia multicolor llamándose a silencio tras la salida de Albisu, desde esas filas aguardan a ver "cómo juega" la oposición antes de mostrar cartas como la de Andrés de la Iglesia. Se trata del exsecretario de la delegación (2005-2021) nombrado por la primera administración de Enrique Topolansky. En el medio, mientras tenía ese cargo, fue edil en Salto por el Partido Socialista, y el año pasado ingresó en el controvertido régimen de retiro. 

"Yo no voy a echar a nadie", dijo Albisu en la interna al asumir la presidencia, tras haber ejercido el período anterior como el delegado en la CTM por la entonces oposición. De esa administración siguen desempeñándose por ejemplo Gabriel Duarte -exedil frentista e íntimo del entonces canciller Rodolfo Nin Novoa- que en 2019 ganó el concurso para ingresar como asesor letrado; Nicolás Urrutia -suplente de la exdiputada Manuela Mutti- que en 2019 entró por concurso como administrativo y Nicolás Jardim, un comunicador que trabajó en la campaña de Ramón Fontinciella y que el último titular frentista de la CTM, Eduardo Bandeira (exsecretario de Tabaré Vázquez), contrató para diversos proyectos con el organismo.

“Durante la gestión (...) entre el 2005 y 2019, el único ingreso ‘político’ fue el del secretario de la delegación del Uruguay, como está previsto en el Reglamento de la delegación (...), aprobado por el gobierno de Uruguay en la década del 1960. Salvo ese caso, no hubo otros ingresos de carácter (o por cuota) político. Quien asevere lo contrario, debe demostrarlo”, ha defendido Gabriel Rodríguez, expresidente de la CTM, según una carta consignada por Montevideo Portal. 

Lejos ahora del ruido político, Albisu volvió a la actividad médica. El otorrinolaringólogo ha dicho a los suyos estar "muy golpeado", pero en su entorno confían que cualquier encuesta ratificaría que no ha retrocedido ni un punto en Salto. 

"Error de diseño"

Acuciada mientras tanto por el conflicto, la delegación uruguaya comenzó en estos días a postergar el pago a proveedores para garantizar la remuneración de su personal, a la espera de que la UTE libere una partida de $ 200 millones para hacer frente a los gastos de funcionamiento, según reconstruyó El Observador. No son pocos los pequeños proveedores que tras la salida de Albisu quedaron en suspenso en la ciudad de Salto, a la espera de una partida que en esta coyuntura tiene especial sensibilidad liberar. 

El Ministerio de Economía (MEF) había autorizado semanas antes una partida extraordinaria de $200 millones y el documento desató la polémica luego de que el intendente Yamandú Orsi denunciara que era "fruto del clientelismo".

Ambos montos sumados a un valor fijo de $ 744 millones anuales desde 2015 totalizan los $ 1.300 millones que la CTM tiene presupuestados para funcionar en el correr de este año. "Nuestro presupuesto está congelado en pesos desde 2015, por eso desde ahí a la fecha el MEF va completando la forma de actualizarlo con partidas extraordinarias", explica a El Observador el gerente general Gabriel Sardi, un ingeniero industrial que se desempeña desde 2016 en el organismo y que tiene al argentino Javier Murguía como homónimo, en el único cargo técnico duplicado en la CTM. 

Ramiro Pisabarro En pleno proceso de renovación iniciado en 2019, la CTM renovará sus generadores a partir de 2026. Las turbinas fueron fabricadas entre 1978 y 1981 en la entonces Unión Soviética, y el material sigue siendo el original desde la fundación de la represa

El jerarca -nombrado en ese puesto por el propio Albisu- opina que el organismo tiene un "error de diseño institucional". "Salto Grande es binacional, depende de la Cancillería y su funcionamiento está regulado por la ley de marco regulatorio, pero en concreto respecto a la operativa no tenemos ningún vinculo formal ni con MEF, ni con UTE ni el Ministerio de Industria. Fuera de que hay reuniones, formalmente no existe un lugar formal donde tratar los temas de Salto Grande", considera Sardi, en una visión que también pronunciará en el Parlamento la delegación política, en el entendido de que esa dinámica no admite por ejemplo aumentar el presupuesto -siquiera empatar su valor real en pesos respecto al 2015- en un contexto en que el complejo hidroeléctrico está renovándose. 

Salto Grande había pedido al MEF para este año un refuerzo de $ 630 millones de modo de cerrar su presupuesto para 2023, que no llega a cubrirse en su totalidad con las dos partidas de $ 200 millones. "Generalmente los termina poniendo el MEF. Hay costos de intereses y amortización del préstamo con el BID (con el que se está ampliando la subestación de transmisión de energía) que salen de este mismo presupuesto", indica, antes de concluir: "Cómo se resuelve, no sabemos". 

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