La mayoría de la ciudadanía, con más convicción en la primera vuelta de la elección nacional que en la segunda, optó por el cambio. Cayó, de este modo, el telón sobre quince años de gobierno del Frente Amplio. Hemos escrito mucho sobre las causas de este desenlace. Corresponde, ahora, hacer un balance. Adelanto mi conclusión: a pesar de los serios problemas que se han acumulado durante los últimos años en diversos planos, pese a errores y cuentas pendientes, el saldo del enorme esfuerzo realizado por los sucesivos elencos frenteamplistas a lo largo de tres mandatos consecutivos es ampliamente positivo en crecimiento económico, igualdad social, derechos humanos y desarrollo institucional. Vayamos por partes.
Uruguay es uno de los dos países con mayor ingreso per cápita de América Latina (solamente lo supera Chile). El PIB per cápita pasó, en números redondos, de US$ 4.000 a US$ 17 mil. Aunque fue perdiendo dinamismo a medida que pasaron los años, la economía uruguaya experimentó un período de crecimiento inusualmente extenso. Desde luego, la dinámica económica es inseparable del contexto internacional. El período de mayor dinamismo coincide con circunstancias internacionales excepcionalmente favorables. El freno ulterior, al menos en parte, tiene que ver con la crisis de 2008 y el desplome de nuestros grandes vecinos. Pero las decisiones de política económica adoptadas desde 2005 en adelante también deben ser tenidas en cuenta para explicar por qué Uruguay aprovechó, primero, el viento de cola, y minimizó, después, los daños del shock externo adverso. Cuando se escriba la historia de los méritos, por cierto, habrá que reservar un lugar especial en el podio a Danilo Astori.
Uruguay también ha vuelto a ser el país menos desigual de América Latina. Para mi gusto está fuera de discusión que el Frente Amplio ha hecho, en este sentido, un enorme esfuerzo. Norberto Bobbio escribió alguna vez que la estrella polar que guía a las izquierdas es el anhelo de construir un mundo más justo. El FA no ha sido la excepción. Tabaré Vázquez dio el tono desde el principio, anunciando la creación del MIDES y el lanzamiento del Plan de Emergencia. De ahí en más, se fue poniendo en marcha una extensa batería de políticas que contribuyeron a mejorar los indicadores. La tasa de personas en situación de pobreza bajó de 32% a 8% y la distribución del ingreso medida por el índice de Gini bajó de 0,45 a 0,38. El incremento del poder de los sindicatos de trabajadores sumado al papel activo del Estado en la regulación del mercado laboral ha permitido el aumento sostenido del salario real. El FA logró que Uruguay haya vuelto a ser un país de clases medias y a estar en la vanguardia regional en materia de bienestar.
El FA también honró otra tradición nacional: la de intentar ser vanguardia mundial en el respeto a los derechos humanos. Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, llevando a un nuevo nivel lo intentado contra viento y marea por Jorge Batlle durante los primeros dos años de su presidencia, el gobierno trabajó mucho para obtener información sobre los detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Más tarde, recuperando una tradición que se remonta al menos un siglo atrás, el país empezó a ponerse a tono de algunos de los cambios culturales más importantes de las últimas décadas: la protección de las mujeres y la consagración de “nuevos derechos” orientados a respetar la diversidad de orientaciones en materia sexual y a cuidar a las minorías discriminadas. El resultado es que nuestra gente, hoy, es más libre que hace quince años.
La Era Progresista deja un saldo positivo también en materia institucional. Sin pretender ser exhaustivo quiero mencionar la creación de algunas instituciones que, recogiendo aprendizajes, están llamadas a seguir jugando un papel muy importante. El FA emprende la retirada dejando el Plan CEIBAL, habiendo instalado un ministerio especializado en el combate a la fractura social (MIDES), una agencia orientada a promover la investigación y la innovación (ANII) y otra orientada a apoyar el desarrollo productivo (ANDE). La Ley de Educación, muy discutida y tan discutible, dejó una institución técnica de un valor extraordinario cuyo funcionamiento, desde luego, habrá que mejorar para preservarlo mejor de presiones partidarias: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La Era Progresista nos legó la Institución Nacional de Derechos Humanos, un nuevo Código de Proceso Penal y la creación de la Fiscalía General de la Nación. No es poco.
No siempre las distintas “patrias subjetivas” logran reconocer sus respectivos méritos. Escuché durante décadas a los frenteamplistas negándose a admitir méritos y merecimientos de colorados y blancos en el gobierno. Después, cuando les tocó gobernar, admitieron de hecho el acierto de lo que tantas veces habían criticado. Sería deseable, para facilitar el diálogo entre nuestras “patrias subjetivas”, y avanzar algunos pasos más en la escalera de la civilidad política, escuchar a los gobernantes electos reconocer todo lo bueno que reciben. El país tiene desafíos muy serios. Pero está mucho mejor que hace quince años. Y muchísimo mejor que cuando, entre todos, logramos ponerle fin a la dictadura. Los méritos son de todos. Las cuentas pendientes también.
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR
[email protected]