La presidenta del Sistema de Responsabilidad Adolescente (Sirpa),
Gabriela Fulco, presentó ante el juez Gustavo Iribarren una lista de 36 funcionarios que participaron de la represión de los incidentes en el centro Ceprili el 24 de julio. Todos quedaron registrados en
este video -difundido por El Observador y Subrayado- y serán indagados en las próximas horas por el magistrado. Los 36 citados deben presentar abogado defensor en el juzgado en la mañana de hoy.
Producto de la difusión de un video que alcanzó gran notoriedad en los últimos días, diferentes actores de todos los espectros políticos y también de la sociedad civil levantaron su voz exigiendo justicia. Sin embargo, los procesos judiciales demoran y muchas veces se estancan.
El año pasado, en el mes de mayo, el programa Santo y Seña difundió un video en el que se puede ver a un funcionario -conocido como "Popeye"- golpeando a un adolescente en el centro Ser, el de máxima seguridad de la Colonia Berro. El victimario, apodado como el cómico marinero de los dibujos animados, ejerció como subdirector de este centro de reclusión y recién cinco meses después fue procesado. En octubre, la jueza de Pando Isaura Tórtora accedió al pedido del fiscal Leonardo Morales de
procesarlo con prisión teniendo en cuenta "la naturaleza, gravedad y reiteración de los presuntos delitos imputados".
"Dichos actos eran llevados a cabo en forma reiterada dentro del Hogar Ser", expresa el auto de procesamiento al que accedió El Observador.
Ausencia de video que corrobore la denuncia
En 2012, Santo y Seña dio a conocer un testimonio de un recluso del
Inau que denunció haber sido violentado de varias formas por un funcionario. "Quería que le hiciera sexo oral y lo masturbara", relata. De acuerdo al testimonio que brinda la madre del menor infractor, recurría a estas prácticas habitualmente. El presidente del sindicato del Inau, Joselo López,
también apareció en el registro audiovisual pero negó conocer esa realidad. Hoy, el dirigente está bajo lupa en la órbita judicial y en el propio
Pit-Cnt, que lo dejó afuera de las reuniones del Secretariado Ejecutivo por 30 días debido a que está siendo investigado por la justicia.
Por este caso, que sucedió hace tres años, el juez Gabriel Ohanián procesó con prisión a un funcionario, quien además fue destituido de su cargo.
