Yuri Zhelyashenko, secretario del Movimiento Ucraniano de Pacifistas denunció que funcionarios del servicio de inteligencia nacional ucraniano (SBU) visitaron su departamento en Kiev, realizaron un registro domiciliario completo y confiscaron una computadora y un teléfono móvil. La información fue publicada por el diario alemán independiente Neue Deutschland (nd).
Según Zhelyashenko, el servicio secreto lo acusa de justificar la agresión rusa. “Es todo lo contrario”, dice el pacifista. Condenó "el militarismo criminal de Putin y la brutal agresión contra Ucrania" y se pronunció a favor de la resistencia no violenta contra la ocupación. Según Zhelyashenko, la iniciación de procedimientos en su contra fue ilegal, políticamente motivada y debe entenderse como una represión contra el movimiento ucraniano por la paz.
La organización que Zhelyashenko fundó junto al periodista Ruslan Kotasaba y el publicista Ihor Skrypnik trabaja en estrecha colaboración con la Oficina Internacional de la Paz con sede en Berlín, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1910. Zhelyashenko es miembro de su junta ejecutiva y en una declaración pública exigió el cese inmediato de la investigación en su contra y al mismo tiempo exigió acceso a los documentos del caso.
La base de la investigación contra Shelyashenko es el párrafo 2022-436-2 de la ley penal que entró en vigor el 2 de marzo. Clasifica como ilegales una serie de acciones que justifican, reconocen como legales o niegan la "agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania que comenzó en 2014". Describir la guerra contra Ucrania como una guerra civil también es punible por ley.
De manera similar a la legislación rusa sobre el "desacreditamiento del ejército", el párrafo 436-2 puede usarse para condenar a cualquiera que exprese críticas. Para ello basta con un “me gusta” en una red social o el compartir publicaciones, como lo demuestran casos recientes en todo el país. Si son declarados culpables, enfrentan hasta tres años de prisión y, en casos particularmente graves, la confiscación de bienes.
La página de Facebook de Zhelyashenko hay principalmente comentarios negativos. "Pedirle a la víctima que deponga las armas es repugnante", escribe un lector. Otro, cita al director de la Radio Ortodoxa Rusa Yevgeny Nikiforov, "Radonezh", quien piensa que el asesinato y la quema de ucranianos es algo bueno. Y si depones las armas, eso es exactamente lo que sucederá”, concluye el usuario de Facebook Alexander Shvedov.
Zhelyashenko no es el único que está siendo investigado por el SBU por posiciones disidentes sobre la guerra. El 25 de julio, el organismo abrió una investigación sobre el exdiputado opositor Yevheniy Murayev por traición. En el canal Telegram de SBU, se le acusa de "estar involucrado en actividades subversivas contra Ucrania".
Es acusado de hacer un mal uso de su canal de televisión, "Nash-TV", para la "difusión masiva de narrativas del Kremlin en el espacio de información de Ucrania". Al hacerlo, supuestamente quería “manipular la opinión pública en Ucrania” en interés de Rusia.
Además, el diario Ukrayinska Pravda cita a un fiscal diciendo que Murayev ha difundido narrativas rusas sobre una "guerra cultural y la persecución de los disidentes" en Ucrania, que "desacreditan la independencia de nuestro estado y apuntan a la necesidad de cumplir los acuerdos con la Federación Rusa".
Según lo expresado por el SBU por Telegram, si es declarado culpable, enfrenta 15 años de prisión. Actualmente, no se sabe si Murayev permanece en Ucrania.
Esta no es la primera vez que las autoridades ponen la mira sobre Murayev. Un mes antes del inicio de la invasión rusa, Gran Bretaña difundió que el Kremlin quería instalar un gobierno títere en Kiev encabezado por Murayev.
El exdiputado opositor Vadim Rabinovich de la plataforma opositora Por la Vida se encuentra en una situación similar a la de Murayev. Según el portal Strana, también está acusado de alta traición por declaraciones públicas.
Rabinovich supuestamente "difundió información de propaganda antiucraniana entre la población y el liderazgo político de los países de la UE". Desde entonces, Ucrania ha presentado una solicitud de asistencia legal mutua a Israel para extraditar a Rabinovich, que vive allí.
La presión del gobierno ucraniano sobre Zhelyashenko, Murayev y Rabinovich también es una advertencia para otras mentes críticas: cualquiera que no represente la narrativa establecida sobre la cuestión de la guerra y la paz tiene un pie en la cárcel.
(Con información de agencias)
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