Los problemas de tres dirigentes blancos que ponen al partido bajo presión

Luego del caso Raúl Sendic, el renunciante vicepresidente que antes de ser sancionado por el Frente Amplio por cuestiones éticas decidió dar un paso el costado, le llegó a la hora al Partido Nacional de tener que posicionarse ante compañeros que desfilan por los juzgados por demandas de distinto tenor.

Envueltos en denuncias están la senadora Verónica Alonso –a quien según supo El Observador, la justicia civil le embargó bienes por una deuda de la campaña electoral–; el intendente de Soriano, Agustín Bascou –que libró cheques sin fondo en su actividad privada y se lo señala por comprar combustible para la intendencia a estaciones de su propiedad–; y el diputado por Tacuarembó, Wilson Ezquerra, quien enfrenta un tribunal de faltas y otro penal, por manejar alcoholizado y atropellar a una señora que luego de ser intervenida quirúrgicamente, se recupera en la casa. Por el accidente, la señora de 60 años perdió el bazo y fue operada de la cadera..

La senadora Verónica Alonso, que tiene pretensiones de marcar sus votos en la interna para mostrar su poderío, reclamó ayer al intendente de Soriano que diera un paso al costado. "Sería bueno que Bascou dejará el cargo y se ocupara de solucionar sus problemas. Liberar cheques (sin fondo) es delito y deberá actuar la Justicia. Sería buena cosa que no siguiera en la intendencia frente a esta situación. Ocupar un lugar en la intendencia implica estar un cien por ciento comprometido", señaló la senadora en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

En lo político, ese posicionamiento la separó, una vez más, del líder del sector Juntos, Jorge Larrañaga, que ayer respaldó a Bascou y también al diputado Ezquerra que pidió "disculpas" a la población.

Pero la senadora Alonso tampoco la tiene fácil y su conducta ante una deuda de campaña la puede volver blanco de críticas.

El Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Civil de 8° Turno a cargo del juez Federico Tobía trabó un embargo sobre parte de sus bienes, según información judicial a la que accedió El Observador. Ese embargo, que exceptúa a la casa donde vive en Carrasco, es por "una cantidad suficiente" para cubrir el monto adeudado, según se determinó.

La sentencia del juez que la obliga a pagar US$ 31.780 con fecha del 3 de abril de 2017 fue apelada por lo que está a estudio de un tribunal civil.

En ese fallo el juez entendió probado que quien encargó imprimir las listas para las elecciones internas de 2014 lo hacía en nombre de Alonso y su esposo. "Puede validamente admitirse que surgió fehacientemente acreditado que (...) se desempeñó como colaborador, mano derecha, representante de la hoy senadora Alonso".

El 15 de junio el semanario Búsqueda informó de la condena a Alonso. La senadora, que apeló el fallo, argumentó que se trató de listas vinculadas a la Iglesia Misión Vida que, según dijo, se manejó en forma independiente.

Sin embargo, el juez dijo que las "manifestaciones exculpatorias ensayadas" "no psan de ser meras afirmaciones carentes de todo sustento probatorio".

En ese entonces, dirigentes del Frente Amplio cuestionaron el vínculo económico de la campaña de la legisladora con grupos religiosos.

En estas horas, tampoco es agradable para los blancos ver entrar al juzgado penal, como ocurrió el martes, al jefe comunal de Soriano, Agustín Bascou, quien declaró ante la Justicia por una denuncia por libramiento de cheques sin respaldo económico por US$ 415.488 vinculados a su actividad privada. El jefe comunal acordó con los acreedores un plazo de 15 días hábiles para pagar o de lo contrario puede ser procesado.

Pero además, al intendente Bascou, la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano, lo denunció por comprar combustibles para la comuna en dos estaciones de su propiedad. De acuerdo a datos de los ediles del FA, la intendencia gastó $ 14.139.000 en esas estaciones entre julio de 2015 y diciembre de 2016.

Bascou intentó defenderse diciendo que vendió su parte en las estaciones aunque estuvo vinculado a ellas hasta febrero pasado. El intendente y su esposa son titulares de la empresa Radial Mercedes Limitada, que maneja dos estaciones de servicio y otros negocios. Según la información que los ediles obtuvieron de ANCAP, la comuna gastó $ 1.669.000 entre julio y diciembre de 2015, enseguida que el intendente asumió el cargo. Al año siguiente, Radial Mercedes facturó $ 12.470.000 por los servicios ofrecidos a la comuna y todavía no hay datos de 2017.

Bascou explicó en radio Carve que no se compraba directamente sino a través de Ducsa, subsidiaria de ANCAP, por el Sistema de Control Vehicular (Sisconve) por el que los vehículos municipales cargan combustibles en varias estaciones, y la suya estaba en la lista de las que se podía comprar.

La defensa de Bascou, respecto a que la intendencia debía comprar en sus estaciones, es similar a las explicaciones que se dan desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cuando se contrataron servicios, por ejemplo de ambulancias para trasladar enfermos, a empresas cuyos titulares estaban vinculados a hospitales públicos donde trabajaban. Lo ocurrido en ASSE es investigado en una comisión parlamentaria formada a instancias del diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular).

Los ediles del Frente Amplio de Soriano intentarán ahora que Bascou sea sometido a un juicio político en el Parlamento y para ello esperan contar con votos colorados y hasta del sector herrerista del Partido Nacional.

Con respecto a Bascou, el senador Jorge Larrañaga aseguró que "es una persona honesta que está enfrentando una situación compleja y difícil desde el punto de vista empresarial".

Larrañaga también calificó de "oportunista" la acusación de los ediles del Frente, y opinó que llevan adelante una suerte de "revancha" por lo sucedido con Sendic. "Es como aquel que lo echan de un partido e intenta provocar al contrario para ver si se lo lleva también al vestuario", afirmó Larrañaga.