Lula da Silva llamó a los países ricos a financiar la preservación del mayor bosque tropical

"No somos los países Brasil, Colombia, Venezuela... los que precisamos dinero, es la naturaleza que necesita financiamiento", afirmó el mandatario al cabo del segundo día de la cita, que congregó por primera vez en 14 años a representantes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

En la primera jornada de la cumbre, que se desarrolló en la ciudad de Belém, en el noroeste de Brasil, los países amazónicos anunciaron una alianza contra la deforestación de la mayor selva tropical del planeta, pero no lograron consensuar metas comunes, lo que decepcionó a oenegés y observadores.

Durante la jornada final, los integrantes de la OTCA se reunieron con representantes de otras regiones, como Congo, República Democrática del Congo (RDC) e Indonesia, que también albergan extensos bosques tropicales en sus territorios, iniciativa que apunta a unificar posiciones de cara a la COP28 contra el cambio climático que se celebrará este año en Dubái.

"Vamos a la COP28 con el objetivo de decirle al mundo rico que si quiere preservar efectivamente los bosques, hace falta colocar dinero, no sólo para cuidar de los árboles, sino también de las personas que viven" allí, añadió Lula.

Brasil también invitó a los presidentes de países como Noruega y Alemania, principales donantes del Fondo Amazonia de Brasil, creado para financiar proyectos ambientales, pero también a Francia, naciones que mandaron representantes ministeriales o de sus respectivas embajadas.

En una declaración conjunta al cabo de la reunión ampliada, los países amazónicos llamaron a los desarrollados a que "cumplan con sus obligaciones en materia de financiación climática" y aporten "200.000 millones de dólares al año para 2030", año en el que Belém será sede de la COP30, según lo pautado por Naciones Unidas (ONU).

El documento también expresa la necesidad urgente de sensibilización y cooperación regional para evitar el llamado “punto de no retorno”, término utilizado por los especialistas para referirse al punto en el que la floresta pierde su capacidad de regenerarse, debido a la deforestación, la degradación y el calentamiento global.

La Declaración de Belém también prevé la creación de "mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible, con énfasis en la Coalición Verde, que agrupa a los bancos de desarrollo de la región".

Sin metas comunes contra la deforestación

Lula recibió en la primera jornada de la cumbre a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce; de Perú, Dina Boluarte; así como al primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez; además de los cancilleres de Ecuador y Surinam.

Los ocho miembros acordaron en la declaración "establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación" y reforzar la cooperación para combatir al crimen organizado y fomentar al desarrollo sustentable de la Amazonia.

La alianza regional trabajará para la consecución de las "metas nacionales" de deforestación de cada país, como la de Brasil, que prevé erradicarla para 2030, según OTCA.

"Nunca fue tan urgente retomar y ampliar nuestra cooperación", dijo Lula, cuyo país alberga el 60% del mayor boque tropical del planeta. Expertos en medio ambiente lamentaron, sin embargo, que la "Declaración de Belém" trajera pocas medidas concretas.

"No hay metas o plazos para erradicar la deforestación, ni mención al fin de la explotación petrolífera en la región. Sin esas medidas, los países amazónicos no lograrán cambiar la actual relación predatoria con la selva", afirmó Leandro Ramos, director de Programas de la ONG Greenpeace Brasil.

Divergencias y consensos

El presidente  Petro abogó por una erradicación de los combustibles fósiles en la Amazonia. "¿No es un contrasentido total? ¿Una selva que extrae petróleo? ¿Es posible mantener una línea política de ese nivel, apostarle a la muerte y destruir la vida?", dijo en su discurso. Posición que choca con el proyecto de Petrobras, alentado por el gobierno de Brasil, de explotar yacimientos marinos muy cerca de la desembocadura del río  Amazonas.

Más allá de las divergencias y la ausencia de metas concretas, los observadores destacaron algunos avances. Entre ellos, el objetivo consensuado de "garantizar los derechos de los pueblos indígenas", incluyendo la "posesión plena y efectiva" de sus territorios, considerados una importante barrera contra la deforestación, por el uso sustentable que hacen de los recursos.

También la creación de un panel científico, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas (ONU).

El gobierno brasileño, además, se comprometió a instalar un “Centro de Cooperación Policial Internacional” en la ciudad de Manaos para integrar las fuerzas policiales de los ocho países. También se prevé el establecimiento de un “Sistema Integrado de Control del Tráfico Aéreo para combatir el tráfico aéreo ilícito, el tráfico de drogas y otros delitos en la región”.

En el ámbito de la OTCA, los mandatarios acordaron la creación de nuevas instancias. Entre ellas, el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas; el Panel Técnico Científico Intergubernamental de la Amazonía, que contará con la participación de gobiernos, investigadores, sociedad civil, así como pueblos indígenas y comunidades locales y tradicionales.

Los países también anunciaron el establecimiento de un observatorio sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, el medio ambiente y los pueblos indígenas; un Observatorio de Mujeres Rurales para la Amazonia; y una Red de Innovación y Difusión Tecnológica de la Amazonia y la Red de Autoridades de Agua, esta última para mejorar la gestión de los recursos hídricos entre los países.

(Con información de AFP y Agencia Brasil