Mal año para refrendar

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, la negativa de los italianos a una reforma constitucional que reducía los poderes del Senado con el fin de facilitar la gobernabilidad, y el rechazo de los colombianos al acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) marcaron al 2016 como un mal año para refrendar.

De un lado del océano Atlántico cayeron dos primeros ministros de los principales países de la Unión Europea (UE). Del otro lado, un presidente que había alineado detrás de su figura a Estados Unidos, el resto de América y las potencias de Europa, quedó con su futuro político empantanado.

En los tres casos se trató de jefes de Estado que impulsaron referéndums por su propia voluntad y, contra todos los pronósticos, obtuvieron un resultado contrario a sus intereses.

David Cameron en el Reino Unido, Matteo Renzi en Italia y Juan Manuel Santos en Colombia transformaron las consultas populares sobre discusiones de larga data de sus naciones en plebiscitos sobre su imagen y su gobierno. Y les fue mal.

Cameron renunció de inmediato después de que los británicos apoyaron la salida del Reino Unido del bloque europeo con el 52% de los votos en un referéndum celebrado el 23 de junio.

Pero ya pasaron seis meses de la votación y el nuevo gobierno británico sigue sin dar señales claras de cómo y cuándo activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al período de dos años de negociaciones para salir de la UE.

Renzi, en tanto, se jugó su futuro político en busca de reformar la Constitución italiana de 1948 para agilizar los trámites parlamentarios. Luego de ganar el no con una votación próxima al 60%, el dirigente anunció el domingo 4 de diciembre que dejaría el cargo, lo que ocurrió cuatro días después.

Y Santos se vio obligado a renegociar el acuerdo con los guerrilleros luego de que los colombianos rechazaran el 2 de octubre con poco más del 50% de los votos un pacto que según los opositores amnistiaba a las FARC y les aseguraba cargos en el Congreso.

En Colombia, aunque el acuerdo fue renegociado, la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) continúa rechazando el texto y exige un nuevo referéndum. En cambio, Santos prefirió para la segunda negociación refrendar el texto en el Congreso la semana pasada, donde tiene mayorías, y no en las urnas.

La tarea para llevar adelante el brexit la asumió la exministra del Interior de Cameron, la también conservadora Theresa May, que estaba a favor de dejar el bloque. La dirigente designó como canciller al euroescéptico, exalcalde de Londres y líder de la campaña pro brexit Boris Johnson. Los tiempos apremian a May, que sigue sin dar señales del rumbo que tomará la salida, mientras la UE y los partidarios del brexit le exigen celeridad.

La incertidumbre incluso llegó a la Justicia. La Alta Corte de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que el gobierno de May necesitaba el aval del Parlamento británico, de mayoría pro europea, para invocar la salida. La Corte Suprema británica examinó esta semana la apelación del gobierno y emitirá sentencia a inicios de 2017.

La agencia AFP informó que los expertos legales ven pocas posibilidades para que el Ejecutivo se libere de la tutela parlamentaria.

El panorama tampoco es claro en Italia, donde la oposición gana espacio en la opinión pública y el presidente de la República, Sergio Mattarella, debe gestionar una crisis política.

En el caso del acuerdo entre Colombia y las FARC refrendado por los legisladores el jueves 1° de diciembre también hay incertidumbre. El gobierno colombiano deberá ahora implementar la paz a través de una serie de leyes que deberán ser tratadas en el Congreso.

Allí será presentada una ley de amnistía para guerrilleros, acordada en las negociaciones que transcurrieron durante cuatro años en Cuba. Además, el Poder Ejecutivo enviará un paquete legislativo que incluye un proyecto sobre participación política de los guerrilleros, según consignó AFP.

Con la oposición uribista reticente, la puesta en práctica del acuerdo en el corto plazo depende de que la Suprema Corte de Justicia de Colombia apruebe un mecanismo de aprobación rápida o fast track para acelerar los plazos.

"¿Debe el Reino Unido seguir siendo un miembro de la Unión Europea, o debe abandonar la Unión Europea?", fue la pregunta que le hicieron a los británicos el 23 de junio. La Unión Europea implica entre otros aspectos un mercado interior común que se rige por la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Con 17,4 millones de votantes a favor de abandonar el bloque y 16,5 millones que apoyaron quedarse, las consecuencias de la decisión de los británicos todavía son una incógnita. Entre las incertidumbres está la forma en que el Reino Unido negocia con el resto de Europa lo que hasta ahora era la libertad comercial y de personas entre los miembros del bloque, ya que hay partidarios de un brexit duro y otros de una salida no tan drástica.

"¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?", fue la pregunta que les hicieron a los colombianos el 2 de octubre. Aunque los sondeos previos daban una amplia ventaja en favor del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 50,2% de los votantes dijeron no al pacto. El texto rechazado preveía penas alternativas a la prisión para quienes confesaran su responsabilidad, y condenas de hasta 20 años de prisión en caso de que no lo hicieran y fueran encontrados culpables. Además, unos 5.765 combatientes de las FARC deberían concentrarse en 27 áreas de Colombia para su desarme. El acuerdo también incluía representación política.

"¿Aprueba el texto de la ley constitucional concerniente a la supresión del bicameralismo paritario, la reducción del número de parlamentarios, la contención de los costos de funcionamiento de las instituciones, la supresión del CNEL (Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo) y la revisión del título V de la parte II de la Constitución, aprobado por el Parlamento y publicado en la Gaceta Oficial número 88 del 15 de abril de 1016?", era la pregunta a responder por los italianos el domingo 4 de diciembre. La reforma –que fue rechazada por 60% de los votos– proponía cambiar la Constitución de 1948 con una drástica reducción de los poderes del Senado, facilitar la gobernabilidad al Ejecutivo, acelerar el proceso legislativo y darle más peso al gobierno central.