La mala gestión en una mala reforma de la salud, que ha estallado con la formación de una comisión investigadora y la declaración de esencialidad de los servicios, no solo le cuesta a los uruguayos un injustificado volumen gigantesco de recursos fiscales. Más grave aun es que mantiene una asistencia insatisfactoria para el más de millón de usuarios de bajos recursos que dependen de la gratuidad estatal. Los diputados de todos los partidos, incluyendo al oficialismo, acordaron que una comisión parlamentaria investigue denunciadas deficiencias e irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La investigación cubre desde que empezó a funcionar una reforma innecesaria, pergeñada a los tumbos y cuyo texto original sufrió al menos cinco revisiones que de poco sirvieron, antes de convertirse en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
El propulsor de la investigadora, el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, sostuvo que la falta de controles desde el nacimiento del sistema facilitó ilicitudes y presunción de actos corruptos, como el caso de jerarcas estatales que se contrataban a sí mismos a través de servicios privados de su propiedad o la sonada estafa al Fonasa. A lo largo de los años hubo cambios de autoridades de ASSE y hasta algún procesamiento, sin que mejorara el funcionamiento global del sistema. Cuando entró en vigencia se destacó que extendía la cobertura médica a cientos de miles de uruguayos que no la tenían. Pero de poco ha servido esa inclusión debido a la persistente carencia de médicos, insumos y demoras de meses para una consulta o una operación en centros de todo el país, especialmente en el interior.
Las tribulaciones del organismo no terminan con la investigación que realizará el Parlamento de las claudicaciones acumuladas a lo largo de casi una década. En forma más inmediata tiene un ríspido enfrentamiento con el sindicato de funcionarios de la salud, que forzó al gobierno a decretar la esencialidad de los servicios a raíz de la ocupación de hospitales y otros centros del sistema, con el consecuente empeoramiento de la atención a pacientes. Los reclamos sindicales en parte derivan también de la pobreza de gestión en ASSE, donde la falta de controles que viene desde hace años le ha costado recursos cuantiosos. De no haber sido así, el organismo habría estado en mejores condiciones de atender reclamos salariales y de condiciones de trabajo en caso de estar justificados.
Cuando se implementó la reforma, que incluyó la creación de ASSE, sostuvimos que hubiera sido mucho más sencillo y menos costoso invertir en mejorar los centros estatales de salud y apuntalar la frágil situación financiera de muchas mutualistas. Se optó, en cambio, por un enredado sistema asistencial que no termina de funcionar de manera eficiente pese a la inversión estatal y a la extracción obligatoria a todos de aportes al Fonasa, incluyendo los de personas que no utilizan el servicio público. El tiempo ha dado la razón a esa afirmación. Lamentablemente ya no parece factible dar marcha atrás en un error comprobado. Pero es indispensable que las notorias deficiencias en el funcionamiento de ASSE, que probablemente confirmará la investigación parlamentaria, conduzcan a corregirlas mediante una conducción técnica de alta capacidad y la imposición de los controles estrictos que han faltado hasta ahora.
