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Más de 100 denuncias contra cuidadores del Mides: ¿había protocolo para atenderlas?
La Justicia empezó este martes a tomar declaraciones por las más de 100 denuncias por irregularidades en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados durante el gobierno frenteamplista. Lo que estuvo sobre la mesa ante la fiscal adjunta de Delitos Complejos, Daniela Ramos, fue si el Ministerio de Desarrollo Social tenía un protocolo para recibir y dar seguimiento a estos casos.
La situación se detectó casi que por error, cuando una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) vio el año pasado que había más de 400 quejas contra cuidadores del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) sin atender y que más de 100 eran graves y ameritaban denuncias penales. A raíz de eso, se dispuso el comienzo de una auditoría que lo constató, según declaró este martes ella misma frente a la fiscal. También declaró una de las abogadas que al momento de las denuncias, sucedidas en el último gobierno frenteamplista, debía darle seguimiento a estos casos.
Según supo El Observador, la funcionaria del ministerio ratificó los hechos denunciados el año pasado y sostuvo que llegó a la información a partir de una planilla que recibió con las 420 quejas radicadas por familiares de beneficiarios contra cuidadores. Había algunas leves, pero otras graves como supuestos hechos de violencia, hurtos o abuso sexual. Incluso una denuncia fue por un atentado con una bomba molotov. También privación ilegítima de libertad, tentativa de homicidio y violencia privada. En muchos casos, los usuarios no podían despedirlos por no poder pagar el despido.
También hubo alguna denuncia por parte de cuidadores hacia familiares de beneficiarios.
Según el Mides, esos reclamos no tenían número de seguimiento y a la mayoría se le respondía con recomendaciones que iban desde llamar al Banco de Previsión Social (BPS) a notificar a la Policía. Muchas veces los usuarios no llegaban a hacerlo, razón por la que volvían a presentar la misma queja a la cartera.
Luego declaró una de las abogadas del ministerio, a quien se le preguntó sobre el protocolo que había para contener a este tipo de situaciones. Si bien señaló que se sugerían determinadas acciones, no terminó de quedar claro cuál era el protocolo. Para el actual gobierno, ese protocolo no existía.
El Mides denunció presuntas omisiones en los deberes del funcionario público, que en algunos casos era de tipo administrativo –indicarle a sus superiores– y en otro caso de orden penal.
A raíz de las denuncias, el Mides decidió reformar el sistema, lo que fue criticado por el sindicato del ministerio. Su directora, Florencia Krall, recibió un pedido directo del ministro Martín Lema: un cambio total de rumbo con base en la evidencia. Para las actuales autoridades del ministerio el Sistema de Cuidados fue “bien inspirado” pero en los hechos “no se ha desarrollado con humanidad ni con profesionalismo”.
El sistema, aprobado por ley, promueve la corresponsabilidad de género y entre generaciones en las tareas de cuidados, capacitando y especializando a las personas que las realizan, con el objetivo de generar un "modelo corresponsable de cuidados, entre familias, Estado, comunidad y mercado", según indicaba su presentación. El rol de los cuidadores es parcialmente cubierto por el Estado.
