Más de 400 audiencias judiciales se reagendaron en 2022 por falta de móviles para trasladar a los presos

Preguntan, porque están acostumbrados a que no vengan. En realidad, a que no los lleven. La respuesta suele ser un poco optimista: "Todavía no". Es común que jueces, abogados y fiscales que tienen sus agendas a tope pasen más de una hora esperando que llegue el imputado al que convocaron a audiencia. Es estrictamente obligatorio que esté presente en audiencia —salvo que se haga por videoconferencia— pero el aumento exponencial de presos y una cantidad de móviles que no acompañan ese crecimiento hacen que las citaciones se vuelvan una verdadera pesadilla para los operadores judiciales. 

En 2022, al menos 406 audiencias debieron ser reagendadas porque el Instituto Nacional de Rehabilitación no pudo trasladar a los presos, según consta en un informe realizado por la Suprema Corte de Justicia a pedido de la diputada frenteamplista Dayana Pérez al que accedió El Observador. A través de la circular 93/2022 la Corte consultó por primera vez a todos los magistrados sobre el tema. Si bien en el informe no especifica cuántos no ofrecieron respuesta, entre los que sí lo hicieron contabilizaron que hubo 300 en 2021 y ese número incrementó un 35% en 2022. 

La cantidad de indagados tenidos en cuenta en este relevamiento fueron 763 en 2021 y 795 en 2022. Cabe destacar que alguno pudo haber sido citado a audiencia en más de una oportunidad, lo que vuelve más grande el universo de citaciones totales.

Los días que la agenda es más tranquila, esperar dos o tres horas la llegada de un preso implica únicamente modificar alguna que otra cita que tuvieran pautada y a la que no van a llegar. Pero cuando el ritmo de trabajo es más vertiginoso, ya sea porque tienen muchas más audiencias o están de turno, es una verdadera complicación que implica reorganizar los pocos recursos con los que cuenta el sistema para poder cubrir todos los agujeros. 

Así, es común ver fiscales en los pasillos del juzgado dando indicaciones por teléfono a la Policía, cuando tenían previsto hacerlo en una reunión presencial o incluso ir ellos mismos al lugar. Fiscales de Flagrancia que esperan horas para concretar un abreviado que ya tenían cerrado, cuando en Fiscalía los esperan otros detenidos, o fiscales de Homicidios que pretendían solucionar lo más rápido posible una audiencia de juicio porque están de turno y pretendían enfocarse en el asesinato que tuvo lugar ese día. 

Tanto es así, que varios fiscales le transmitieron la problemática al fiscal de Corte, Juan Gómez, contó el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa a El Observador, aunque detalló que no fue un reclamo que se hizo directamente desde la asociación.  "Es una decisión del Ministerio del Interior que impacta en el trabajo tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía", expresó. 

La respuesta suele ser siempre la misma. No hay móviles para trasladar a todos hasta allí. De hecho, representantes de los gremios de fiscales y jueces contaron a El Observador que muchas veces el Instituto Nacional de Rehabilitación informa qué presos que están citados para ese día y no van a llevar. Si bien el problema se agravó en el último año, no comenzó ahora.

El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, explicó que "es un proceso de deterioro de años". "Yo lo veo deteriorarse desde 2015 o 2016 (...) Hemos tenido un aumento continuo de privados de libertad, algún pico de aumento de recursos pero en una tendencia a la estabilidad, entonces los equipos se deterioran, los edificios se desgastan y la gente se agota. Se produce el burn out. (...) Si no hay una política firma de sostén, crecimiento e innovación, la tendencia es a la caída, que es lo que estamos percibiendo con estos datos", desarrolló. 

Desde el Ministerio del Interior recordaron a El Observador que la Corte realizó una "inversión millonaria" para que todas las cárceles tengan sala de videoconferencia y entienden que esa es la mejor vía para realizar las audiencias en un contexto en el que los recursos son finitos. Pero los jueces no suelen elegirlo. En ese sentido, pretenden que se legisle para que su uso sea preceptivo, "con todas las garantías de una legítima defensa y la presencia del abogado" del recluso junto a él.

Por otra parte, señalaron que se compraron 20 furgones para poder agilizar los traslados. Cinco ya fueron entregados, cinco están siendo acondicionadas y otras 10 se entregarán antes de fines de mayo. El año pasado el INR recibió otras seis. 

El año pasado, el ministerio había propuesto una artículo en rendición de cuentas para legislar sobre el tema, pero en el Senado determinaron que la cartera reformulara el artículo en cuestión para tratarlo en la misma instancia este año. 

Desde la Asociación Uruguaya de Magistrados (AMU) son conscientes de que no se trata de una falta de voluntad de los operadores, sino de falta de recursos. Pero, de todas formas, tiene impactos en sus agendas. "Son muchos atrasos, tenemos que reagendar las audiencias una y otra vez (...) Está la Fiscalía, está la defensa, está el juzgado y estamos esperando que traigan al preso y de repente no viene o viene tardísimo", expresó Jimena Rosas, jueza de Atlántida y tesorera del gremio. 

Cuando el plazo de la prisión preventiva está próximo a vencerse, los jueces lo especifican detalladamente en el oficio y los exhortan a que los trasladen sí o sí. Si eso no se cumpliera (si la medida cautelar del preso se vence y no se renovó a tiempo porque nunca se lo trasladó a la sede), deberían dejar al preso en libertad. Ni AMU ni el comisionado parlamentario fueron anoticiados de que eso haya sucedido. En todos los casos, cuando el juez le especifica al INR que la medida está para vencerse, los llevan sin falta. 

En las audiencias más sencillas, los jueces citan a los presos por videoconferencia para evitar el esfuerzo que significa su traslado. Desde el Ministerio del Interior piden que se utilice esta vía lo máximo posible, para poder utilizar los recursos en los casos que sea realmente indispensable. Sin embargo, la mayoría de los jueces siguen prefiriendo la presencialidad dado que otorga más garantías. Rosa manifestó que muchas veces, pese a que el juez dispone la presencialidad de la audiencia, el INR la realiza por videoconferencia para evitar el traslado. 

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Los perjuicios para el preso

El principal perjuicio para los presos ocurre cuando se dilata la audiencia en la que iban a concretar un acuerdo abreviado. Cuando el acuerdo se valida ante el juez, el imputado pasa a ser condenado y ahí es trasladado a otra cárcel. Generalmente, en las sedes donde están los condenados tienen más horario de visitas y más horas para salir al patio. 

Además, dependiendo del delito por el que haya sido condenado, después del acuerdo abreviado puede comenzar a redimir pena por trabajo o por estudio. Cuanto más se dilata el abreviado, pasa más tiempo sin poder descontar días de la pena total. 

El presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, detalló que muchas veces las audiencias son convocadas por los abogados defensores del imputado y tienen como finalidad "aportar información o denunciar algo" y no es lo mismo hacerlo por videoconferencia que en persona. 

"Es un problema logístico, muy grave, que afecta el funcionamiento de todo el metabolismo. Se postergan audiencias, peritajes de los que a veces depende la libertad de la persona o la salida transitoria o (impide) hacer una denuncia de cualquier tipo, gestiones donde está en juego la libertad de la persona. Ni que hablar cuando hay cuestiones de salud", valoró Petit.