Mayoría de legisladores apoyan acuerdos fuera del Mercosur y modernización del régimen laboral

El documento es el primero de una serie de cuatro capítulos que relevaron distintas posiciones sobre diferentes temas. El primero estuvo enfocado en cuestiones asociadas a la economía y contó con las respuestas de todos los senadores y 96% de los diputados.

Respecto a los resultados, y ante la pregunta de qué se debe hacer para favorecer la inserción internacional, un 71% contestó que hay que priorizar acuerdos comerciales con otros mercados. Casi una cuarta parte (23%) aseguró que hay que utilizar el Mercosur como plataforma de inserción, y un 6% no supo qué responder o prefirió no contestar.

Entre los senadores y diputados del oficialismo, el 97% estuvo de acuerdo en impulsar otros acuerdos y solo un 3% no respondió. Sin embargo, la respuesta fue más dispar entre los legisladores de la oposición, con una mayoría a favor del Mercosur (53%). Un 36% optó por tener autonomía del bloque comercial y uno de cada diez no respondió (11%).

Leé también

Member

Mercosur, puertos y Malvinas: crece la agenda de temas ásperos con Argentina

Sobre la regulación del régimen laboral, el informe detalló que un 61% de los legisladores está a favor de flexibilizaciones para el tiempo de trabajo semanal. En tanto, un 35% mantendría el esquema vigente de ocho horas diarias. El porcentaje restante (4%) no respondió.

En este caso, tres de cada cuatro senadores y diputados de la coalición de gobierno optó por la flexibilización, mientras un 24% mantendría el sistema actual. La posición está más repartida entre los legisladores de la oposición, con un 49% a favor de mantener el esquema vigente y un 42% de acuerdo con hacer modificaciones.

Posiciones repartidas

En otros temas como la reforma jubilatoria o el manejo fiscal "no existe una posición que obtenga una clara mayoría, además de fragmentar a la bancada oficialista y la bancada de la oposición", explicó el informe de Ceres.

Por ejemplo, ante la pregunta de cómo debería ser la base del régimen que surgirá de la reforma de la seguridad social, un 42% de los legisladores optaría por mantener el sistema vigente de aportes para reparto y ahorro individual con participación estatal y privada. Sin embargo, el 32% mantendría el esquema vigente, pero solo con administración estatal, y un 20% elegiría un régimen de reparto solo de sistema estatal.

Diego Battiste

Diferenciando por partido político, siete de cada diez oficialistas (69%) preferirían la participación de las administradoras privadas, un 23% elegiría el sistema de reparto y ahorro con administración únicamente estatal y el 1% por el sistema de reparto estatal. En la oposición, mientras tanto, el mismo porcentaje (45%) optaría por un sistema de reparto estatal o elegiría un sistema estatal de reparto y ahorro. Un 6% daría lugar a las administradoras privadas.

Leé también

En el día que anunció más gasto por la pandemia, una calificadora de riesgo le mantuvo la nota a Uruguay

En tanto, en el escenario de que fuera necesario aumentar los impuestos, un 45% estaría a favor de aumentar los gravámenes al capital (Impuesto al Patrimonio), 9% subiría los impuestos al consumo (IVA y similares), un 15% incrementaría el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) sobre los ingresos más elevados, y un 11% crearía nuevos tributos.

En este sentido, la mayoría de los senadores y diputados opositores gravaría al capital (75%), un 19% subiría el IRPF, y un 6% crearía nuevos tributos. En los multicolores, casi una cuarta parte (23%) optaría por impuestos al capital, un 15% por impuestos al consumo y un 13% por el IRPF. Además, un 15% crearía nuevos impuestos.

Sobre las maneras de reducir el déficit fiscal, la mitad (49%) cree que se debería hacer solamente bajando el gasto público y casi un cuarto (23%) esperaría que se solucionara por el crecimiento económico. Además, un 6% aumentaría los gravámenes y reduciría el gasto; mientras un 4% iría solo por el camino de subir impuestos. En el oficialismo, la posición predominante fue la de exclusivamente bajar el gasto público (80%); en la oposición, en tanto, fue la de esperar el crecimiento económico sin intervenciones (38%).