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Médicos de Casa de Galicia fueron al Parlamento.

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Médicos de Casa de Galicia dicen que fueron “boicoteados dos años” y que se les termina la “reserva mental”

La mutualista les debe casi US$ 3 millones a sus médicos por atrasos en el pago de salarios  

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28 de diciembre de 2021 a las 05:02

A corto plazo, lograr el pago de los haberes de diciembre, y el medio aguinaldo. A mediano plazo, resolver la incertidumbre sobre su futuro laboral. Así viven por estas horas los casi 1.000 médicos que se desempeñan en Casa de Galicia. 

Más allá de lo que les toca atravesar, los profesionales garantizaron todo su compromiso con la salud y la correcta atención de sus pacientes. Pero también dan una advertencia: esta crisis, dicen, tiene un “componente mental” para un equipo sanitario “que viene boicoteado desde hace dos años” y al que, poco a poco, “se le va acabando la resiliencia y la reserva mental para afrontar decisiones críticas”. 

Así lo advirtió en el Parlamento Ximena Carrera, delegada de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador

Fue el mismo viernes 24, en la previa de Nochebuena, en una reunión de urgencia de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, pocas horas después de que el decreto de cierre de la institución cayera como una bomba entre médicos, funcionarios y afiliados. 

Según su relato ante los legisladores, los médicos valoraron la intervención del Ministerio de Salud Pública, cesada por decisión judicial. En esos 34 días, del 27 de octubre al 1 de diciembre, la cartera logró ordenar “ciertos aspectos” de la asistencia. Según Carrera, en ese período estuvieron sobre la mesa algunos elementos de potenciales salidas. Todo hasta la resolución que desplazó al ministerio y se quedó solo con los aspectos administrativos y judiciales del concurso a acreedores. 

“Allí se generó una situación en la que hubo una ausencia de dirección técnica en una institución de salud que no se pudo reponer”, dijo y agregó: “Eso generó una serie de deterioros que desembocaron en una situación asistencial crítica”. 

Carrera apuntó que ahora, tras el cierre de la institución definido por el juez de Concursos Leonardo Méndez, la institución enfrenta una situación inédita además de compleja. Sobre todo, dijo, por la incertidumbre que se abre sobre el futuro de las fuentes laborales en el prestador. 

En Casa de Galicia hay hoy unos 840 médicos, más otros 158 profesionales en una “precaria situación” de tercerización, pese a que cumplen con el mismo régimen laboral.  Al 18 de noviembre, fecha en que fue aprobado el concurso, la institución le debía $ 120 millones a los trabajadores médicos.  Esa cifra no incluye salarios vacacionales, en donde hay atrasos desde 2019. Tampoco las deudas con los médicos que facturan. 

Carrera valoró la voluntad y disposición de Júpiter Pérez y Fernando Cabrera, los síndicos designados por la Liga de Defensa Comercial a instancias de la Justicia de Concursos. “Pero también debemos reconocer su completa carencia de conocimientos para llevar adelante la situación”, dijo. 

No hubo seguimiento

A la comisión también fueron representantes del Sindicato Médico del Uruguay. Allí la gremial fue sumamente crítica con todo el proceso que desembocó en la clausura. "No es lo mismo el concurso en una fábrica de zapatos que en una institución de salud”, dijo el dirigente José Minarrieta. “Si algo sale mal, los problemas los pagan los usuarios”. 

El dirigente reconoció que en Casa de Galicia la situación de crisis venía de larga data. También que, cuando en 2019 se aprobó el último fideicomiso, se creó una comisión de seguimiento para determinar si se estaba gastando bien el dinero. 

Según dijo, en estos últimos tres años el sindicato le exigió “en reiteradas ocasiones al ministerio interior, al ministerio actual y a todas las autoridades” que esa comisión funcionaria. “No logramos que eso sucediera”, dijo Minarrieta. “Es un dato importante y no menor de la realidad”. 

“Por supuesto que no teníamos la bola de cristal y no sabíamos qué iba a pasar, pero teníamos claro que si se estaba manejando dinero que correspondía al Sistema Nacional Integrado de Salud, debía haber un control”, expresó. Para Minarrieta, las decisiones que se tomaron en los últimos meses fueron determinantes, y desencadenaron la situación que atraviesa hoy Casa de Galicia. 

“Pero si no hubiera sido por ese mecanismo, esto hubiera sucedido por algún otro”, admitió. “Esta situación la veníamos venir”. 

En esta etapa de “transición” el ministro designó como administradoras a Alicia Rossi y Nuria Santana, que habían sido las interventoras nombradas por la cartera y desplazadas por el fallo judicial. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que tendrá a su cargo la gestión de esta etapa, garantizó la provisión de insumos necesarios para la asistencia. 

El SMU adelantó que las definiciones sobre el futuro de la institución serán complejas. Se juega el destino de 40.000 usuarios y de 2.200 médicos y funcionarios. Se trata, dijo Minarrieta, de un “degradé” de situaciones. Desde personas que tiene alguna relación ocasional con la mutualista, cubriendo un número limitado de horas, hasta los que dependen en forma exclusiva de la institución. 

Acerca de qué pasará con la mutualista, el ministerio informó que existe un “amplio menú”: desde su absorción por parte de un solo prestador hasta el reparto entre varios. 

"Una muerte anunciada"

En Cabildo Abierto, el partido al que pertenece el ministro Daniel Salinas, hubo críticas hacia el accionar de la Justicia.  Para el diputado Martín Sodano, integrante de la comisión, la definición sobre Casa de Galicia era evitable.En su visión, la decisión del juez Méndez de decretar el cierre el día antes de Navidad “no tenía ningún mérito”. 

“No hubo una evaluación del sistema de salud, de la masa laboral ni de la cantidad de usuarios que quedan de rehenes”, lamentó. “Lo que hubo fue una evaluación económica y no de una política social, que en definitiva es el rol de una institución de salud”, dijo durante la sesión del viernes.

Sodano definió como “atropello” la decisión judicial. “Esto no es como un partido de fútbol, en donde  chifló el juez y se terminó el partido”. 

Recordó que Casa de Galicia mantiene una deuda de US$ 89 millones y se preguntó si los US$ 12 millones que la institución había pedido en un nuevo fideicomiso, rechazado por el gobierno, habrían supuesto una solución o, en el mejor de los casos, “la extensión de una muerte anunciada”. 

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