La megaminería se viene. Durante el año 2011, una comisión multipartidaria convocada por el presidente José Mujica (a partir de la propuesta de nacionalización del hierro lanzada por el diputado José Carlos Cardoso) elaboró las bases de una política de Estado en la materia. En octubre del año pasado, a partir de ese insumo clave, el Ministerio de Industrias envió un proyecto de ley al Parlamento. Desde entonces, los legisladores han venido escuchando planteos de expertos, empresas interesadas y grupos sociales afectados. Todo indica que la recta final de elaboración de la ley de Minería de Gran Porte no será nada simple e insumirá todavía más tiempo. Pero mucho más temprano que tarde, una vez que el marco legal esté claramente definido, la producción minera en Uruguay tendrá un desarrollo muy intenso.
La gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿y después qué? Por definición los recursos minerales son finitos. Se sabe, además, que el impacto ambiental de la minería a cielo abierto es muy alto. Por eso mismo es fundamental que el país, a cambio de estos costos, obtenga un beneficio de obvia, bien tangible, incuestionable relevancia para la sociedad. En ese contexto, pasa a ser fundamental definir qué hacer con los ingresos fiscales adicionales producidos por la Minería de Gran Porte. Quiero proponer una idea muy simple: sugiero destinar una parte de esos recursos adicionales a aumentar sensiblemente los sueldos de los docentes de nuestras escuelas y liceos.
A pesar de todo lo hecho desde 1985 en adelante, como país tenemos todavía una lista larga de desafíos y problemas pendientes. Soy de los que piensa que, de todos ellos, el de aumentar la calidad de la educación es el más relevante, tanto por su impacto en el desarrollo económico como por su estrechísima conexión con la integración social. Los problemas de la educación pública uruguaya no se arreglan solamente construyendo más centros educativos. Cada vez es más evidente para más actores que padecemos un problema de carácter estructural. Dicho de otra manera, sin descentralizar las decisiones, sin transferir poder a los establecimientos educativos, sin empoderar a las comunidades locales, no será posible avanzar más rápidamente. Pero, junto a los problemas de diseño institucional, existe otro tan o más decisivo: la calidad de la labor docente.
Desde luego, no pretendo estar diciendo ninguna genialidad. Todos sabemos que la docencia, la docencia de verdad, la que seduce e inspira, es un arte. Todos recordamos con gratitud a aquellos docentes que, en las distintas etapas de nuestra formación, nos contagiaron su pasión. Por eso mismo, cada vez más, los países desarrollados vienen diseñando e implementando políticas públicas para evitar el deterioro de la función docente como se desprende, por ejemplo, de la lectura de la impactante obra Los docentes son importantes publicada por la OCDE. El pasaje siguiente es de una claridad meridiana: “La mejora de la eficacia y equidad de la educación depende, en gran medida, de que se estimule a personas competentes para que deseen trabajar como docentes, de que su labor docente sea de alta calidad y todos los alumnos tengan acceso a una enseñanza de alta calidad” (2009, p. 11). 1
Para que más personas competentes se dediquen a la docencia, esta actividad debe recuperar prestigio social y estar mucho mejor remunerada. A pesar de los aumentos de los últimos años, los salarios docentes están lejos de los niveles que alcanzaron a mediados de la década de 1960, y sensiblemente por debajo de los de sus colegas de los países de nivel de desarrollo similar. Según Adriana Aristimuño y Gustavo De Armas, “en los países de muy alto desarrollo humano o alto desarrollo humano, el salario (anual) de un docente de educación media baja o básica tras 15 años de ejercicio representa 132% del PIB per cápita. (…). Entre todos los países analizados, Uruguay es el que registra el nivel más bajo (74% en el 2009)” (2012, pp. 53-54) 2 (ver gráfico). Dicho más claramente: los sueldos de los docentes uruguayos representan aproximadamente 50% del promedio de los de la OCDE.
Para mejorar la calidad de la enseñanza es necesario un shock salarial. Los recursos pueden salir de la inminente, y ambientalmente onerosa, explosión de la actividad minera. La futura ley de Minería de Gran Porte, en los artículos dedicados a regular el destino de los ingresos fiscales generados, debería establecer que una parte de esos recursos se destine a generar un fondo orientado a hacer posible, en un plazo razonable, la equiparación del salario de los docentes uruguayos con el salario promedio de sus colegas de la OCDE. Desde luego, este incremento salarial debería ir acompañado de un sistema mucho más estricto de evaluación de resultados.
Si el hierro de Valentines se transformara, en el mediano plazo, en un incremento sustancial de la calidad de la docencia, habremos compensado el innegable daño ambiental y puesto cimientos imprescindibles para un desarrollo económico y social sustentable.
1 El libro Los docentes son importantes está disponible en: http://www.waece.org/enciclopedia/2/Los%20docentes%20son%20importantes.pdf
2 La obra de Aristimuño y De Armas está disponible en: http://www.unicef.org/uruguay/spanish/transformaciones-web.pdf
*Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar - [email protected]
