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Ganadería cambió reglamentación sobre agroquímicos y trabajadores denunciaron “precarización”
El gobierno decretó que por un año las aplicaciones de agroquímicos que hagan empresas o productores particulares con equipos de tanque mayor o igual a 1.000 litros deberán registrarse de forma voluntaria en un plazo de siete días, y en uno de tres días si se trata de aplicaciones aéreas. Esto supone un cambio de reglamentación, ya que antes el registro era obligatorio para las empresas, no voluntario, y no incluía a los productores particulares.
La decisión del Ministerio de Ganadería (MGAP) se tomó tras una reunión con actores privados. Este cambio de reglamentación generó la reacción de gremiales de trabajadores que no están de acuerdo con él. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) expresó en un comunicado que este cambio “promueve un franco retroceso en la regulación del uso y manejo de agrotóxicos, con una clara flexibilización de disposiciones protectoras de la integridad física y la salud de los trabajadores”.
Por otro lado, el sindicato consideró que “la iniciativa avanza un paso más en la precarización de las condiciones de trabajo rural”.
César Rodríguez, vocero de la Unatra, dijo a El Observador que la preocupación de la gremial es que “al quedar el registro libre a la voluntad empresarial, como todo, queda a discrecionalidad de las direcciones de las empresas y ahí hay un riesgo bastante alto de que esto se realice de forma parcial”.
Los trabajadores denuncian que, apelar a la voluntad de los privados para registrar las aplicaciones podría suponer un riesgo para los trabajadores, para las comunidades rurales y otros productores, como por ejemplo los agricultores, “por el efecto de los agrotóxicos en los territorios”, comentó Rodríguez.
Otra gremio que se expresó al respecto fue la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap), que en un comunicado indicó que conocer los datos de las aplicaciones, como dónde se realizan, con qué productos y bajo qué condiciones climáticas “resulta una información imprescindible para ejercer el contralor, la prevención y una actuación temprana en caso de contingencias”.
“Renunciar a la aplicación de la norma en aras de la libertad responsable, porque se va a cumplir la norma voluntariamente es grave de por sí, y aún más viniendo del organismo de control por diálogos únicamente con los beneficiarios de las aplicaciones, sin haber considerado ni escuchado a los demás actores involucrados y potenciales damnificados”, cuestionó la Afgap.
Reunión con el gobierno
La medida de que el registro se haga de forma voluntaria por un año se decidió luego de que autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se reunieran con gremiales agropecuarias como la Federación Rural (FR) y la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y representantes de los aplicadores de agroquímicos.
Leonardo Olivera, director de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP, declaró a La Diaria que si las gremiales dicen que pueden cargar los datos de las aplicaciones sin necesidad de que eso sea obligatorio, se podría “hacer la prueba”. Según indicó el director, se trata de “libertad responsable”.
Martín Uría, presidente de la FR, explicó a El Observador que el ministerio planteó la idea de que la declaración de aplicaciones de agroquímicos fuera obligatorio para los productores que hacen sus propias aplicaciones, así como lo venía siendo para las empresas que brindan ese servicio.
Con las gremiales y representantes de aplicadores profesionales se llegó "a la conclusión de que hacerlo obligatorio desde ahora era un poco más complicado, porque había que cambiar el sistema para hacer la declaración, por eso se planteó dejarlo un año como voluntario y aprovechar este año para conocer la herramienta”, detalló Uría.
Si bien la declaración de aplicaciones no era obligatorio para los productores, estos se regían por un programa de buenas prácticas de aplicación, comentó el presidente de la FR, quien destacó que el planteo del MGAP de hacer obligatorio el registro no se dio por un problema de mal manejo, sino para “generar un banco de información que respalde lo que se sale a vender al mundo, para mostrar que en Uruguay se hacen las cosas bien”.
