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Mides inició investigación administrativa para saber qué ocurrió con el expediente que indagó a Bazzano
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició una investigación administrativa de urgencia para "esclarecer los hechos" por los que no se encontró registro de un expediente iniciado en 2015 que indagó a la organización Seamos y el Programa Familias Articuladas, por el cual hijos de parejas con discapacidades se asociaban a una segunda familia que adquiría la tenencia. Al frente de la ONG estaba quien hoy es la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, Gabriela Bazzano, y quien fue indagada por la Justicia de Crimen Organizado, en el marco de su actuación en esa sociedad entre 2015 y 2017.
Según la resolución de la cartera, tomada a cuatro días de que el caso fuera difundido por La Diaria, la medida se ejecutó porque las autoridades actuales no pudieran localizar el expediente de una investigación sobre el mismo tema que había sido dispuesta durante la gestión de la ministra frenteamplista, Marina Arismendi.
"Las actuaciones electrónicas en dicho expediente se encuentran vacías", consigna la resolución, y agrega que en la misma situación se encuentran "las actuaciones físicas en el Departamento de Archivo".
La información había sido adelantada en un comunicado del Mides de este martes, mediante el cual se avaló la "reapertura de la causa judicial". "Se entiende necesaria la reapertura de la causa judicial archivada y se promuevan las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda y así obrar con la máxima transparencia", decía el comunicado.
La causa que tuvo a Bazzano como indagada fue archivada en 2017 por el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que investigó una "posible venta irregular de recién nacidos".
En el comunicado del Mides, difundido este martes, se respaldó a la jerarca como respuesta al pedido de destitución inmediata que exigió el Frente Amplio. Uno de los argumentos de la secretaría de Estado para defender a la funcionaria es que la indagatoria penal concluyó sin la comprobación de ningún delito y que "la labor del hogar Seamos era pública y conocida por las anteriores autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)".
Asimismo, el comunicado expresaba que los cuatro casos de cambio en la tenencia por parte de padres biológicos a otros adultos que participaron del programa –difundidos el sábado por La Diaria– "fueron debidamente homologados por el juzgado de familia que por turno intervino, participando un defensor de oficio, el Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial y, finalmente, dando vista al INAU de la época, que manifestó no tener competencia por tratarse de niños y niñas no institucionalizados y solicitó la continuidad del proceso de tenencia".
"El proceso de tenencia no implica una adopción y, por lo tanto, los padres biológicos continúan con la patria potestad de sus hijos y en contacto con ellos", concluía el texto.
