El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) respaldó a la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, Gabriela Bazzano, tras conocerse que estuvo investigada por Crimen Organizado en el marco de su actuación al mando de la organización Seamos y el programa Familias Articuladas, por el cual hijos de parejas con discapacidades se asociaban a una segunda familia que adquiría la tenencia.
Cuatro días después de que La Diaria informara acerca de una causa –archivada en 2017– en la que Bazzano era acusada de "posible venta irregular de recién nacidos", el Mides rompió el silencio a través de un comunicado en el que destaca que la Justicia Penal no encontró ilícitos y que las tenencias fueron homologadas por jueces de familia, pero que avala la "reapertura de la causa judicial", tal como reclamó el Frente Amplio una vez conocida la noticia.
"Se entiende necesaria la reapertura de la causa judicial archivada y se promuevan las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda y así obrar con la máxima transparencia", dice el comunicado difundido este martes.
Sin embargo, mientras que la oposición solicitó la "destitución inmediata" de la jerarca, las autoridades del Mides "expresan el respaldo a la gestión de Gabriela Bazzano al frente de la Secretaria Nacional de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad".
Entre los argumentos esgrimidos señalan que "la labor del Hogar Seamos era pública y conocida por las anteriores autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)". También afirman que "tanto el Hogar Seamos como Gabriela Bazzano fueron investigados por la Justicia uruguaya y por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que no habiendo encontrado ningún obrar ilícito decidió el archivo de la causa".
Asimismo, el comunicado expresa "que las cuatro tenencias sobre las cuales hace referencia la nota periodística fueron debidamente homologadas por el juzgado de familia que por turno intervino, participando un defensor de oficio, el Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial y finalmente dando vista al INAU de la época, que manifestó no tener competencia por tratarse de niños y niñas no institucionalizados y solicitó la continuidad del proceso de tenencia".
"El proceso de tenencia no implica una adopción y por lo tanto los padres biológicos continúan con la patria potestad de sus hijos y en contacto con ellos", añade el texto.
Por otra parte, el Mides advierte que la administración anterior estaba al tanto de la actividad de Seamos, al punto que "con fecha 22 de julio de 2015 (...) ordenó una investigación administrativa a efectos de determinar actos o hechos ilícitos sobre el servicio del hogar".
"Dicha investigación nunca concluyó, el expediente físico fue extraviado, el expediente electrónico está vacío y la resolución que indicaba el inicio de la investigación no obra en los registros del Ministerio de Desarrollo Social", agrega el comunicado.
Ante esa situación, la nueva administración decidió "instruir una investigación administrativa para determinar responsabilidades".
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