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Militares advierten que reducción de oficiales hará "inviable" funcionamiento de las fuerzas

Las Fuerzas Armadas afirman que si prospera la iniciativa de reducir el número de oficiales se comprometerá su capacidad operativa
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11 de julio de 2017 a las 05:00
Las Fuerzas Armadas saben que deben reiventarse para lograr una adecuación a los tiempos que corren y por eso las altas esferas castrenses están sumergidas en un proceso de discusión interno que concluirá con la modificación de la ley orgánica; una norma que tiene más de 40 años.

Sin embargo, desde las tres armas advirtieron a El Observador que la propuesta del Movimiento de Participación Popular (MPP) de reducir el número de oficiales afectará seriamente la capacidad de que algunas unidades puedan seguir funcionando, sobre todo en la Armada y la Fuerza Aérea.

La iniciativa del mujiquismo apunta a reformar las leyes orgánicas de las tres fuerzas para "achicar" en su pirámide el tamaño del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dijo a El Observador la senadora del MPP, Lucía Topolansky, el 31 de mayo.

De hecho, el senador José Mujica propuso que el Senado trate la iniciativa del Poder Ejecutivo para la reforma del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas en el marco general del análisis de las leyes orgánicas que constituyen a los militares.

"Hay que intentar hacer un estudio de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y ver si es posible lograr un esfuerzo de racionalización que permita, por un lado, aminorar ciertas cosas y, por el otro, aumentar el presupuesto efectivo que tiene la base", dijo Mujica el 3 de julio en la Comisión de Defensa.

Pero de todos esos cambios que se proyectan, la reducción en la cantidad del número de oficiales es la que se ve con más preocupación y la que se considera como más inconveniente.

En la Armada, por ejemplo, el panorama es desolador respecto a la disponibilidad de recursos humanos, señalaron fuentes de esa fuerza a El Observador. La estimación extraoficial es que en este momento hace falta alrededor de 2.000 funcionarios para poder completar las tareas de manera adecuada.

Si la situación actual ya es complicada, una reducción de fuerzas –por más que sea a nivel de los oficiales y no del personal subalterno- empeoraría drásticamente la vida de la Armada al punto total que sería difícil que pudiera cumplir con sus cometidos. "Una reducción sería nefasta. Tendríamos que cerrar unidades", dijo uno de los informantes.

Multitarea

Tanto la Armada como la Fuerza Aérea comparten una realidad común: una franja significativa de su personal especializado decidió migrar hacia el sector privado y, en consecuencia, hubo que redistribuir la tarea entre menos personas para cumplir con los cometidos.

Por ejemplo, la Fuerza Aérea está funcionando hoy a impulso de 2.800 trabajadores que se multiplican en sus tareas y que muchas veces ni siquiera tienen puntos de conexión. Quien hace un traslado sanitario o quien maneja un helicóptero se puede encontrar haciendo una actividad totalmente diferente a las pocas horas.

Más complejo aún, en la FAU hay oficiales que asumieron puestos jerárquicos que en una situación de normalidad, por rango y edad, no deberían estar, dijo un informante de la fuerza del aire. En algunos casos la diferencia llega a los 15 años.

Esa sobrecarga de las actividades genera un desgaste natural del personal, razón por la cual en la Fuerza Aérea creen que una reducción del número de oficiales provocaría una situación "insostenible". En efecto, la fuerza ya tiene problemas para conseguir los recursos humanos necesarios para las misiones de paz.

¿Para qué?

De las tres fuerzas, el Ejército es la que tiene más oficiales (1.478), mientras que la Armada (502) y las Fuerza Aérea (411) apenas completan juntos dos tercios del personal superior que tiene la fuerza de tierra.

Pero esos números no dicen nada –asegura una fuente del Ejército- si no están contextualizados en el marco de una discusión acerca del rol que el estado uruguayo presente para las Fuerzas Armadas.

Para los militares no se puede proponer una reducción de oficiales sin acompañar esa decisión con una quita de obligaciones. En ese sentido, desde el Ejército consideran imperioso saber si seguirán cumpliendo con misiones de paz o si seguirán a cargo de custodiar las prisiones.

"Tendríamos que ver qué misiones nos van a asignar. Se pueden tener más o menos misiones. Pero de eso depende el número de efectivos que necesitamos", dijo una de las fuentes consultadas.

En la Armada esto es especialmente relevante ya que en el último tiempo la fuerza amplió su jurisdicción en el Río Negro, en Maldonado -con la incorporación de la Laguna del Sauce para que sea vigilada por Prefectura- y también tendrá más responsabilidades con la ampliación de la plataforma continental uruguaya a 350 millas.

De manera que antes de tomar cualquier decisión respecto al número de efectivos con que cuentan las Fuerzas Armadas, la esperanza es que haya una ponderación a nivel político del conjunto de tareas que desarrollan los militares.

Innecesario

Hay un argumento más que los militares esbozan, un poco en broma y bastante en serio, para explicar por qué no es necesario reducir el número de oficiales por ley: si triunfa la propuesta del gobierno para la reforma de la caja militar por lo bajo y por lo alto se habla de renuncias masivas.

Los efectos llegarían incluso al Hospital Militar, según advirtió el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, a los partidos políticos. "Si se aprueba esta reforma que impulsa el Poder Ejecutivo se va a ir todo el mundo", dijo Bonilla a El Observador el 13 de junio. Una salida masiva de personal superior crearía un nuevo problema para el gobierno.

Intentos en suspenso

Reforma de la caja militar

La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa), conocido como caja militar, es el caballito de batalla del gobierno para cortar con la sangría de millones que ese servicio le cuesta al Estado uruguayo.

El proyecto de ley establece que la causal de retiro voluntario será para los militares que tengan 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio. El texto propone un régimen de transición con distintos niveles de gradualidad para contemplar "los derechos en curso de adquisición". En tanto, el nuevo régimen se aplicará de forma total para aquellos que llevan menos de 10 años en las Fuerzas Armadas. La propuesta generó controversia en la interna del gobierno, del Frente Amplio y con los militares. Un documento interno enviado por el Srpffaa a sus beneficiarios, al que accedió El Observador a principios de junio, cuestionó los argumentos del gobierno y de varios dirigentes del Frente Amplio que impulsan la reforma.

Los militares retirados argumentan que el oficialismo maneja cifras inexactas y que, entre otras cosas, las transferencias desde Rentas Generales son mayores al Banco de Previsión Social (BPS) que a la caja militar. El principal impulsor de la reforma es el ministro de Economía, Danilo Astori, quien argumenta que el desfase entre la cantidad de retirados y los militares en actividad genera un déficit anual de US$ 470 millones. "Del total de las transferencias que realizó el Estado a la seguridad social, el 80% correspondió al BPS y el 15% a las FFAA", señaló el documento.

Impuesto polémico

En octubre de 2016, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que proponía un impuesto a las jubilaciones militares más altas con el fin de financiar la caja militar. La iniciativa se envió como un adelanto de la reforma.

Según el gobierno, el nuevo impuesto buscaría "contribuir a paliar en el corto plazo" ese "grave" desequilibrio a través de una reducción del 10% de las transferencias de Rentas Generales a la caja militar.

El gravamen estaba pensado para afectar, progresivamente, a las jubilaciones mayores de $ 50 mil y caería con más peso en aquellas que estuvieran por encima de los $ 100 mil. "A partir de este diseño, se estima que no serán gravados aproximadamente el 80% de los pasivos militares lo que implica que más de 40.000 beneficiarios no pagarán ese tributo. Por su parte, se prevé que más del 65% de los ingresos se obtendrán a través de aquellas prestaciones mayores al equivalente a 30 BPC (base de prestaciones y contribuciones)", decía el proyecto firmado por el presidente Tabaré Vázquez.

Sin embargo, ese proyecto de ley estuvo condenado al fracaso desde el inicio y, de hecho, nunca se llegó a votar. La pérdida del voto 50 –por el alejamiento del diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio– y la negativa de Unidad Popular a apoyarlo terminaron con la corta vida de la iniciativa.
La propuesta se consideró en comisión, ámbito en el que recibió severas críticas. La más importante fue la amenaza de los militares de plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Ese elemento fue lo que llevó a la representación de Unidad Popular en el Parlamento a no darle su voto al proyecto del Ejecutivo.

El futuro de las misiones de paz

La continuidad de la participación de soldados uruguayos en misiones de paz de Naciones Unidas (ONU) es uno de los temas que está en el tintero. El asunto enfrenta al gobierno a una paradoja. Mientras sectores del Frente Amplio rechazan la permanencia de militares uruguayos en misiones de paz, la tarea en países en crisis humanitaria es el punto que más elogios le genera a Uruguay de parte de la comunidad internacional. Incluso, fue uno de los puntales que llevó a la administración de Tabaré Vázquez a tener voz y voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo más importante en materia de construcción de la paz global.

Pero la participación en este tipo de misiones también tiene otros beneficios ya conocidos, principalmente para las Fuerzas Armadas. A muchos uruguayos servir en los cuerpos de paz de la ONU representa una oportunidad económica. A nivel de recursos humanos, la participación en misiones de paz ofrece la posibilidad de acumular experiencia en el terreno, algo que en Uruguay no pueden hacer. Finalmente, brinda la posibilidad de ayudar a personas necesitadas.

El gobierno anunció que seguirá evaluando las ofertas de misiones de paz que lleguen. Pero el asunto polariza la interna del Frente Amplio y no está claro cuál será el futuro. Lo que sí resulta evidente es que de seguir adelante con esta política, las Fuerzas Armadas requerirán de recursos humanos y materiales. Y el Estado deberá seguir con determinados costos que algunos sectores del Frente Amplio piden cortar.

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