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Ministerio del Interior quiere evitar que uso de tobilleras se perpetúe
El Ministerio del Interior quiere evitar que el uso de tobilleras electrónicas para casos de violencia de género se extienda por períodos de tiempo indefinidos. Según dijo a El Observador la responsable de la Unidad de Género de la cartera, July Zabaleta, en el 65% de los casos, los jueces renuevan la orden de uso de la tobillera electrónica una vez que vence el plazo que se había impuesto inicialmente, lo que lleva a que algunas víctimas y sus agresores estén hasta dos años bajo monitoreo del Ministerio del Interior.
Para Zabaleta, esta situación va en contra del espíritu con el que fue concebido el uso de esta tecnología. Considera que "tanto la tobillera como la custodia policial son herramientas de protección transitorias. Al prorrogarse tanto en el tiempo, lo que se hace es convertir la fortaleza de la protección en una debilidad, porque obliga a la víctima a cargar durante años con un aparato y restringir su movilidad”, opinó la responsable de la Unidad de Género del Ministerio del Interior.
En los casos de violencia doméstica, la tobillera o pulsera se le coloca por orden judicial al agresor, junto con un GPS que transmite una señal. A la vez, la víctima tiene otro dispositivo con un botón de pánico. Las alertas son recibidas en el Centro de Comando Unificado, donde trabajan dos policías en turnos de seis horas y un supervisor.
Una forma de establecer un tope en la renovación de esta medida es por la vía legal y, según dijo Zabaleta, seguramente el tema sea tenido en cuenta en la reglamentación de los artículos 82, 83 y 96 de la última ley de Rendición de Cuentas (19.670). Esos artículos marcaron limitaciones para los jueces que tomaran como medida cautelar el uso de tobilleras electrónicas y de custodias policiales para la protección de víctimas de violencia de género.
Entre ellas se puso como requisito obligatorio el contar con la aprobación y colaboración de las víctimas, quienes deben comprometerse a seguir las recomendaciones y cuidados necesarios para no exponerse al contacto con sus agresores, al tiempo que se dispuso la necesidad de contar con un informe de evaluación de riesgos. En el decreto de reglamentación de los artículos podrían presentarse las modificaciones para evitar que se perpetúe el uso de la tobillera, explicó Zabaleta.
Consultada sobre si se impondría un tope de reposición de la medida del uso de tobillera o custodia policial, Zabaleta se negó a dar una definición, ya que el tema está a estudio de un equipo que integran el Ministerio de Desarrollo Social y la Fiscalía. El Ministerio del Interior busca mejorar los análisis de riesgo que se hacen cuando se evalúa extender el plazo de una custodia, de modo que se haga solo en casos excepcionales, siempre y cuando exista un peligro real para la víctima.
Desde que se puso en marcha el sistema de tobilleras, en el año 2013, unas 6.000 personas entre víctimas y victimarios fueron monitoreados por el sistema sin que se produjeran agresiones contra las personas a las que se pretendía proteger. El número de estos dispositivos pasó de 93 en el primer año de aplicación a 1.099 en 2019, sin que esto permitiera cubrir por completo la demanda, entre otras cosas por la cantidad de víctimas que pasan años usando tobilleras.
Debido a la escasez de dispositivos, los jueces recurren a las custodias policiales para proteger a las víctimas. En cada una debe haber dos efectivos por turno, por lo que se dispone de seis funcionarios por día para proteger a una sola víctima de violencia de género.
Zabaleta dijo que el número de tobilleras que se utilizan en Uruguay es una prueba de que la herramienta es utilizada en demasía por los jueces, que no visualizan alternativas a la colocación de estos dispositivos. En Madrid, una ciudad con 3,16 millones de personas, la colocación anual de tobilleras no llega a las 200, muy por debajo de Uruguay pese a tener prácticamente la misma población.
¿Tobillera para los agresores?
El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou propuso días atrás que las custodias policiales se dispongan sobre el victimario y no la víctima. “Vigilemos al que amenaza y no al amenazado”, dijo el pasado viernes al ser consultado por la prensa.
Este jueves, en la conmemoración de los 10 años de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, el director general de Secretaría de esa cartera, Federico Laca, dijo que “no es efectivo, ni correcto poner policías a acompañar al agresor”, puesto que esa medida deja a la víctima que corre riesgo “expuesta y sola” y puede ser dañada por terceros.
Laca dijo además que tampoco sería lo mismo seguir a una persona que rechaza la vigilancia, como ocurriría en el caso de un agresor, con la vigilancia que se aplica a una víctima, a la que no solo se le pide su aprobación para ser custodiada, sino también su colaboración.
El jerarca dijo que aunque es cierto que la tobillera puede “restringir la vida de la víctima”, siempre debe verse como una solución transitoria, en la que no deberían ponerse prórrogas constantes.
