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Ministra de la Corte encargó alfombra de US$ 3.190 y dio marcha atrás cuando se hizo público

"Era un monto significativo pero era una alfombra que lo valía", dijo Bernadette Minvielle
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30 de abril de 2019 a las 12:45

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó la compra de una alfombra persa que cuesta US$ 3.190 para el despacho de la ministra Bernadette Minvielle. La resolución, a la que accedió El Observador, fue aprobada el 8 de abril luego de un “mandato verbal” del máximo órgano de la Justicia. Sin embargo, luego de que la imagen de la resolución comenzara a circular en redes sociales, Minvielle se arrepintió, dio de baja la compra y pidió a su secretaría que encargue una más barata, según dijo la ministra a El Observador. 

Minvielle explicó a El Observador que en su nuevo despacho en el Palacio Piria –sede de la SCJ– funcionaba la biblioteca de la Corte y supo ser el dormitorio de Piria. Varias habitaciones del edificio están siendo reparadas y "se pretendía comprar una alfombra acorde a la sala". "Que no desencajara con la sala por ser monumento histórico. Era un monto significativo pero era una alfombra que lo valía", sostuvo la ministra.

De todos modos, Minvielle ordenó que no se hiciera la compra y se lamentó "por la sala y el edificio histórico".  "Tengo muchos problemas y no estoy para meterme en un problema por una alfombra. Entiendo la sensibilidad, yo no me la compraría para mi casa", dijo. Luego agregó: "No es que crea que no valga la compra, lo vale. Si estuviera en otro momento lo defendería pero estoy pasando por un momento azaroso y no estoy en condiciones de defenderlo". 

Minvielle se lamentó también por no contar con recursos para el mantenimiento de edificios históricos y contó que en el caso del Palacio Piria se está renovando parte de los pisos porque están en mal estado y debe usarse dinero del Poder Judicial para su restauración. "Comprendo la sensibilidad de los medios porque yo no lo gastaría, pero era para un patrimonio histórico", reiteró. 

A raíz de la divulgación de la resolución, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay expresó su “absoluto rechazo al gasto efectuado”. “El gasto no se condice con la política de austeridad que aplica el organismo en otros órdenes debido a la compleja situación presupuestal de este Poder del Estado destinando al boato recursos que serían vitales para atender situaciones edilicias apremiantes en edificios destinados a la atención de materias de interés social (defensorías de oficio entre otras)”, indica.

A la vez, instó a la Corte a “revisar su desacertada decisión para volver al camino de la probidad administrativa, como es lo habitual en el Poder Judicial uruguayo” “Entendemos que la prioridad en el gasto debe estar enfocada en el justiciable y las condiciones laborales de sus funcionarios, máxime teniendo en cuenta que desde el punto de vista edilicio urge atender situaciones que afectan por igual a funcionarios y usuarios”, remata el comunicado del gremio.

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