El juez en lo civil de 9° turno, Alejandro Recarey, citó para este jueves al ministro de Salud, Jorge Basso, para que dé explicaciones de por qué la cartera y el Fondo Nacional de Recursos incumplieron en la entrega de un medicamento de alto costo que no está previsto en el sistema de salud, y que fue otorgado por sentencia judicial, informó El País y confirmó El Observador.
El magistrado sugiere además que el caso pase a la órbita penal, al dar a conocer el caso a la Fiscalía para que determine “la posible verificación de delito o delitos de desacato; y omisión contumacial de los deberes del cargo del funcionario público”, señaló el decreto firmado por el magistrado al que accedió El Observador.
El juzgado civil ordenó el 23 de julio al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a que se le suministrara a una joven de 18 años el medicamento de alto costo Ustekinumab, previsto para el tratamiento de la enfermedad de Crohn, en un plazo “no mayor a 24 horas”. A pesar de eso, la cartera recién firmó la orden de compra del fármaco siete días después, sin explicar las razones de esa demora.
“Posteriormente, y con la misma falta de explicaciones el ministerio no habría controlado el progreso del proceso de adquisición; sino hasta una vez operada la intimación judicial bajo apercibimiento de desacato”, lo cual le fue notificado a la cartera el 6 de agosto. De hecho, la sede judicial debió hacer una doble intimación bajo riesgo de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y el FNR –es decir, Basso- fueran acusados del delito de “desacato”.
Fue recién después de la intimación que el ministerio se comunicó con el laboratorio para ver si tenía stock de la droga. En esa instancia, la empresa dijo que ya no le quedaba el medicamento. Una vez se supo eso, la cartera ordenó un informe para saber en qué lugar podría acceder al fármaco.
Una vez que pasaron 19 días desde que venciera el plazo de 24 para proporcionar el medicamento, el juez decidió citar al jerarca ministerial. El magistrado interrogará a Basso acerca de por qué no se ordenó la compra de forma inmediata del fármaco, por qué no se hizo un “seguimiento eficiente” de la compra, por qué razón esperaron una intimación judicial para actuar, y por qué nunca se dieron explicaciones a las demora.
“Constatada la desobediencia estatal, corresponde analizar las contramedidas judiciales a tomar, las cuales en atención al contexto de la causa, deberán por fuerza poseer la debida contundencia. Desde que no solamente debe ponderarse la categoría del derecho particular lesionado (los derechos a la vida y a la salud); sino la defensa de la vigencia misma del Estado de Derecho”, señaló la resolución judicial.
A juicio del magistrado “la independencia del Poder Judicial (que no se agota en un problema presupuestal); resulta ilusoria si el Estado escurre su obligación de acatamiento a la efectividad de los mandatos jurisdiccionales”.
El magistrado señaló que el caso de la joven de 18 años no es el único en el que se constató una desobediencia de los fallos judiciales. En total se señalaron otros cinco en los que pacientes que recurrieron a la Justicia para acceder a medicamentos de alto costo quedan esperando semanas para recibir el vital fármaco a pesar de tener fallos judiciales a su favor.
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