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5 de febrero 2013 - 10:36hs

El misterio está centrado en Chávez, desde que fue operado en La Habana hace más de un mes, por cuarta vez en 18 meses, para combatir el cáncer. Después de graves complicaciones y de estimaciones médicas de una situación terminal, el vicepresidente Nicolás Maduro y el canciller Elías Jaua reiteran seguridades, más voluntaristas que demostradas, de que se está recuperando, imparte directivas de gobierno desde su lecho y pronto regresará a Caracas.

Tan poco confiables son las afirmaciones de Maduro, Jaua y otros jerarcas que la rectora de la estatal Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, le exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “que designe una junta médica integrada por especialistas que puedan determinar si la ausencia de Chávez es temporal o absoluta”. La falta de información basada en evidencias médicas sobre el verdadero estado de Chávez aparece como un intento de ganar tiempo ante el actual vacío de poder. Maduro ejerce interinamente la jefatura de gobierno por decisión del TSJ desde que pasó el 10 de enero, cuando Chávez debía asumir personalmente el nuevo período para el que fue reelecto en octubre. Pero como Maduro no fue electo sino designado para el anterior período de Chávez, su cargo de vicepresidente caducó en esa fecha, lo que constitucionalmente lo inhabilita para encabezar el gobierno.

Antes de su último viaje a La Habana, Chávez había declarado que si no podía estar presente para el acto de jura el 10 de enero se convocara a las nuevas elecciones que dispone la Constitución. En esa oportunidad instó a los venezolanos a votar por Maduro. La instrucción de Chávez, sin embargo, fue desoída por el TSJ, probablemente bajo presión de quienes compiten por la sucesión. En esta área persiste la puja entre Maduro, Jaua y otras figuras del chavismo. Fueron además sospechosas la designación de Jaua como canciller, en un decreto presumiblemente firmado por Chávez pero fechado en Caracas, donde obviamente no estaba, y la carta que envió a la cumbre de Chile.

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Quienes aparecen como dirigiendo el gobierno, por otra parte, están legalmente inhabilitados para tomar decisiones urgentes que Chávez dejó pendientes. Incluyen la prevista devaluación del debilitado bolívar y temas fiscales y comerciales para combatir la inflación, la crisis energética y el agudo desabastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad. Además, Gustavo Linares Benzo, catedrático de Derecho Administrativo de la UCV, afirmó categóricamente que no se pueden nombrar ministros, embajadores o jefes militares ni aprobar normas legales o regulatorias porque “el presidente no le delegó a Maduro su facultad normativa”. Todos estos elementos han hundido a Venezuela en una parálisis gubernativa que nadie sabe en qué terminará. Es el precio de 14 años de caudillismo autoritario y mala administración de Chávez y de los ocultos entretelones sucesorios entre sus principales lugartenientes, lección que otros países de la región deberían aprender como negación de la democracia real.

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