Economía y Empresas > CONCESIÓN CONTROVERTIDA

Montecon crítica decreto del gobierno: es “ilegal” y provoca “grave daño” al comercio

La empresa de capitales chilenos y canadienses espera que el Poder Ejecutivo revea su postura y la convoque a negociar para evitar un litigio judicial 

Montecon no descarta recurrir el camino judicial si el gobierno no abre una negociación.

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23 de abril de 2021 a las 11:46

La firma logística Montecon calificó como “loco” y “absurdo” e “ilegal” el nuevo marco jurídico y operativo que el gobierno de Lacalle Pou aprobó en las últimas horas para el funcionamiento de Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo principal accionista es la firma belga Katoen Natie. Este miércoles el Poder Ejecutivo autorizó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a firmar la extensión de la concesión con TCP por 50 años -correderos a partir de 2031- y, además, aprobó un nuevo reglamento de atraque que le asegura a esa terminal la prioridad para la operativa con contenedores. 

Esa media supuso un duro revés para los intereses de Montecon (el principal operador de contenedores en los muelles públicos de la ANP), que hoy tiene el 60% de la operativa en contenedores en la principal terminal portuaria del país -el restante 40% está en manos de TCP-.

Para conocer de primera mano y evacuar algunas dudas, el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, mantuvo este jueves una reunión con el titular de la ANP, Juan Curbelo. 

“Este decreto parece tan loco, tan absurdo, que más allá de la posición de legalidad o ilegalidad, nosotros somos una empresa responsable que queríamos saber cómo vamos a asegurar la continuidad de las operaciones en Uruguay”, explicó el ejecutivo de Montecon. 

En ese encuentro, Curbelo le transmitió que el decreto que le da prioridad a TCP para operar con contenedores está previsto comience a regir en un plazo de 1 año (25 de febrero de 2022).

“Eso daría un espacio de tiempo para aterrizar el tema, que algunos actores como las líneas navieras tengan la posibilidad de firmar contratos con TCP porque hoy no todas lo tienen. Y también para abrir una instancia de diálogo entre Montecon y el gobierno para ver si hay una salida a las situación de la empresa y a mantener cierto vicio de competencia en el puerto de Montevideo”, apuntó Olascoaga. 

"Un monopolio privado y desregulado" 

Olascoaga (izquierda) junto a autoridades de la embajada de Chile en el puerto.

Más allá de la apertura al diálogo y a encontrar una salida a este proceso, la firma Montecon -propiedad de la firma chilena Ultramar (60% las acciones) y la canadiense Atco (el 40% restante)- no ocultó su fuerte disconformidad con el camino que recorrió la administración de Lacalle Pou. 


“Este nuevo marco jurídico que aprobó el gobierno no solo le genera una gravísima preocupación a Montecon, sino también a toda la comunidad portuaria, al comercio exterior, a la Unión de Exportadores, importadores y líneas navieras”, alertó el ejecutivo de Montecon. 

Olascoaga añadió que si se mira la resolución para la firma del contrato con TCP y el decreto con el reglamento de atraque para el puerto,  “explícitamente” se le otorga “un privilegio adicional” a la terminal especializada que opera Katoen Natie como socio mayoritario (80%) -el restante 20% pertenece a la ANP- porque “lisa y llanamente se obliga a los armadores a operar con TCP”. 

Motecon también cuestionó que en el marco de la extensión por 50 años de la concesión, se establece que solo habrá posibilidad para una nueva terminal en caso que la actual (por TCP) supere el 85% de su capacidad. A juicio, del ejecutivo es “imposible” que una terminal pueda operar por encima del 60% porque “colapsa”.

“Lo más grave de todo es que se desregulan tarifas. Las que estaban originalmente reguladas en la concesión original quedan sin efecto. Esto es muy grave porque además de entregar la concesión por 50 años, se están otorgando privilegios que limitan la competencia y atentan contra la ley de puertos y el mecanismo legal de subastas”, cuestionó. 

Olascoga aseguró que el Poder Ejecutivo está generando un “monopolio privado que está siendo desregulado'' (...) Para Montecon puede ser el fin de su historia, pero para el comercio exterior del país es una muy mala noticia para los próximos 60 años”, prosiguió. 

El gerente general de Montecon considera que se trata de un “tema muy grave” cuyo impacto sobre el comercio exterior “no está siendo dimensionado en su toda su plenitud”.

El operador aseguró que le consta que las líneas navieras “están muy molestas” y “alarmadas” por el camino que tomó el Poder Ejecutivo, que impedirá a estas compañías la “libertad” de poder elegir dónde atracar sus barcos en el puerto de Montevideo. Asimismo, indicó que en la Unión de Exportadores están muy preocupados porque están viendo que van a quedar rehenes de una única terminal y sin tarifas máximas”. 

"A contrapelo del mundo"

El contrato con TCP se extenderá por 50 años hasta 2081.

La firma Montecon sostiene que el gobierno está yendo “a contrapelo del mundo” porque hay puertos más reguladores e intervencionistas en otros países que procuran tener “más de una terminal” de contenedores para elevar su competencia. 

“En este país, un gobierno liberal que dice defender la libre competencia, está interviniendo y configurando un monopolio privado. Francamente no entiendo cuál es el motivo de todo esto. Además, entendemos que es ilegítimo y viola nuestros derechos”, cuestionó Olascoaga. 

El ejecutivo considera que es una “falacia” cuando se argumenta que Montecon no realizó inversiones en el puerto de Montevideo a diferencia de TCP, que sí lo hizo. Según transmitió, eso es “una mentira” porque TCP invirtió por ser el ganador de una concesión que le dio la propiedad de su espacio. “A Montecon nadie le regaló nada. La cuota de mercado que tienen no es por regalo ni privilegio. La empresa lleva invertidos -desde el 2000- más de US$ 160 millones en equipamiento e infraestructura y le ha pagado a la ANP más de US$ 100 millones por el uso de áreas públicas. Siempre se manejó en el régimen legal y ha ganado permisos en competencia con otros actores”, recordó. 

La compañía internacional asegura que ha intentado entablar una negociación con Presidencia de la República, pero no ha logrado una gran receptividad a sus planteos, salvo un par de encuentros que el accionista principal mantuvo con el ministro de Transporte, Alberto Heber

“Apostamos al diálogo y esperemos que prime la sensatez en el gobierno. Obviamente no descartamos ninguna acción legal porque tenemos confianza en el marco jurídico local a internacional, y el resguardo con los tratados de protección de inversores que están vigentes con Chile y Canadá”, dijo Olascoaga. 

La firma logística tiene actualmente una plantilla de 700 trabajadores en forma directa en el puerto de Montevideo. “Esperemos que ahora que se cerró con TCP, el gobierno se aboque a negociar con Montecon”, reclamó. 


 

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