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El senador nacionalista Sergio Botana.

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Transporte objeta proyecto de Botana: "El 50% es una copia con puntos y comas y el 90% ya está contemplado"

Director de Transporte expresó duras objeciones a la idea de su correligionario para regular el sector

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17 de mayo de 2022 a las 05:00

Es ya una costumbre que, cada vez que quieren presentar un proyecto de ley por su cuenta, los legisladores del oficialismo coordinen previamente su iniciativa con el gobierno. Sobre todo, si pertenecen a la misma fuerza política que está el frente del Poder Ejecutivo. Así se aseguran que su intención esté en sintonía con la gestión y, fundamentalmente, le evitarán a sus correligionarios el mal rato de tener que rechazar una idea de sus compañeros. 

También impedir una situación como la que sucedió el miércoles pasado en el Senado cuando el Ministerio de Transporte y Obras demolió punto por punto un proyecto de ley surgido de la propia bancada nacionalista. Se trata de una iniciativa impulsada por el senador Sergio Botana, destinada a regular el transporte carretero de pasajeros y de carga. 

"El 50% del articulado es una copia (en algunos casos textual, incluyendo puntos y comas) de varios artículos de distintos decretos", sostuvo el director nacional de Transporte, Pablo Labandera. "Y me animo a decir que el 90% ya está contemplado en varios decretos". 

En su exposición ante la Comisión de Transporte de la cámara alta Labandera se detuvo en el artículo 5 del proyecto. Allí se propone crear un registro de cargadores, tomadores y dadores de carga. Algo que, apuntó, ya existe, pese a no estar reglamentado. También aludió al primer inciso del artículo 8 que, tal como está redactado, parece poner en un pie de igualdad los conceptos de movilidad y accesibilidad que, desde el punto de vista de las competencias del ministro, son totalmente diferentes. 

El director recordó que un decreto de 2006 deja la accesibilidad en la órbita del MTOP. Consiste en verificar que los ómnibus cumplan con determinadas condiciones que hagan posible el transporte para todas las personas.  Sin embargo, a su juicio, lo referente a la movilidad (el traslado de las personas) debería estar bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.  En ese contexto, adelantó, se analiza la posibilidad de que el Mides absorba todo lo referido al boleto gratuito para discapacitados.

Otro de los cuestionamientos del Poder Ejecutivo al proyecto de Botana (que no estaba presente en la sesión de ese día  y que "enciende una luz amarilla") pasa por la "incongruencia" entre los artículos 18 y 21, que a su juicio mezclan las figuras del leasing y de la propiedad sobre los vehículos. Una "contradicción", según el director, quien además sostuvo que el proyecto tampoco aclara de qué tipo de leasing se está hablando. 

El artículo 27 propone facultar a la Dirección Nacional de Transporte a suspender a las empresas ante una eventual infracción. Allí el director reparó que el texto no prevé ningún tipo de plazo máximo. "Tal como está redactado la sanción sería sine die, lo cual no parece razonable desde ningún punto de vista", dijo. Un decreto aprobado en 2001, hoy vigente, establece una sanción máxima de seis meses. Esa fue la sanción, recordó Labandera, que se le impuso a la empresa responsable del camión que, a fines de 2020, embistió un puente en los accesos a Montevideo y provocó la muerte de una persona. 

Otro de los artículos cuestionados del proyecto de Botana es el 38. Allí se clasifican los servicios de transporte de carga en profesional (el que se cobra) y no profesional  (el se realiza a nivel interno) dentro de un mismo grupo empresarial. A juicio de Labandera, esta norma favorecería la informalidad. 

El artículo 41 también mereció advertencias. Botana propone allí un Permiso Nacional de Transporte sin un plazo determinado de validez, pero sujeto a un visado de periodicidad que sería determinado por la reglamentación. 

"Suponemos que es el actual Permiso Nacional de Circulación, que hoy se da a los profesionales de carga por un año, con prórroga por seis meses más", reparó la asesora letrada de la Dirección de Transporte, Susana Pons. "Al no haber un plazo determinado de validez  se extendería una vez y para siempre, lo que puede ser un problema", dijo. 

Pons advirtió que "ya es difícil controlar" con un permiso por un año. "Si se da de una vez y sin plazo de culminación, nos imaginamos que nunca más se va a ir a verificar la inspección técnica vehicular", señaló. Entre otras consecuencias, adelantó, aumentará el riesgo de siniestralidad. También afectaría el vínculo que el ministerio mantiene con la empresa que hoy, bajo concesión, tiene a su cargo las inspecciones. "No lo vemos muy viable", dijo. 

Labandera, por su parte, reparó en que si la inspección técnica se vuelve voluntaria, no se hará por un tema de costos, con lo cual se va incrementaría el precio de los seguros. También que , largo del proyecto, se menciona varias veces a la "Administración". Sin embargo, no se especifica a qué parte de la Administración se refiere. 

El jerarca observó que el proyecto de Botana parece centrarse en el transporte de carga, tiene consideraciones muy laterales sobre el sector pasajeros y omite cualquier referencia al transporte aéreo, marítimo o fluvial, en donde sí se requeriría una norma con marco de ley y que, prometió, será redactada en breve por el Poder Ejecutivo. 

El director nacional de Transporte objetó asimismo el artículo 40. Allí Botana propone el principio de libertad de contratación para las empresas habilitadas a prestar servicios de transporte, aunque faculta a la Administración a establecer un régimen de servicios mínimos de carácter obligatorio, así como una eventual declaración de esencialidad. "Nos sorprende", dijo. 

En su opinión, el hecho de llevar a rango de ley algo que ya está contemplado vía decretos puede generar "incertezas" que hoy no existen. "Un equipo que juega bien no se cambia", dijo. Así, eventuales cambios (muchos de ellos "artificiales" o "innecesarios", dijo) pueden terminar generando "distorsiones y problemas". 

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