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Narco se fugó luego de que Interior le advirtiera tres veces a la jueza Chamsarian que no se encontraba en su domicilio
El Ministerio del Interior le había advertido en varias oportunidades a la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian que el narco Miguel Ángel Leal Da Costa Porto no estaba en su domicilio, pese a lo cual nada cambió en la decisión de mantenerle el beneficio de la prisión domiciliaria, sin tobillera. Hace unas semanas se fugó.
Según informó a El Observador, el director de la Dirección Nacional de Supervisión de la Libertad Asistida (Dinasla), Fabián Rosano, la primera vez ocurrió cuando Leal cumplía prisión domiciliaria en Montevideo, el 24 de octubre. Después de eso la jueza le autorizó trasladarse a Rocha, también sin tobillera. El 10 de febrero de este año volvieron a advertirle a la sede judicial que no estaba en su domicilio, y lo mismo ocurrió el 5 de marzo.
Rosano contó que cuando no fue ubicado por segunda vez, en febrero, le pidieron a su pareja el contacto de su abogado. Cuando llamaron los atendió Matías Campero, el líder de la maniobra de las falsificaciones. Ahora a la luz de lo que se conoce, es otro elemento más que prueba que Leal formó parte de las maniobras por las cuales se adulteraron pericias médicas para que determinados reclusos obtuvieran prisión domiciliaria.
Este jueves la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió sumariar y trasladar en forma provisoria a la jueza Chamsarian al juzgado penal que está a cargo de su colega Fernando Islas e Islas la subrogará a ella en Crimen Organizado mientras se indaga la actuación de la magistrada.
Campero firmaba como abogado, pese a ser enfermero, y fue quien presentó los informes médicos en estos casos que ahora se indagan, aduciendo que tenían enfermedades graves para pedir la prisión domiciliaria.
Leal fue condenado el 10 de febrero de 2022 a la pena de cuatro años y siete meses de penitenciaría luego de ser detenido cuando se disponía a entregar 15 kilos de cocaína. Pero sólo estuvo tres meses y medio en prisión. El 27 de mayo fue excarcelado. La fiscal Ferrero indaga si los documentos que presentó alegando problemas de salud son falsos como en el caso de Juan Antonio González Bica, quien se fugó a fines de agosto tras romper la tobillera electrónica que lo monitoreaba.
La fuga de Leal la comunicó el ministro del Interior Luis Alberto Heber el 8 de setiembre.
Seis fugas y 35 casos “priorizados”
Como ya informó El Observador, en total en lo que va del año se fugaron seis personas que cumplían prisión domiciliaria por delitos vinculados a estupefacientes entre ellos González Bica y Leal. Del total, cuatro eran monitoreados por tobillera y otros dos por planilla, lo que significa que un móvil policial realiza dos visitas semanales en horario aleatorios al imputado.
Rosano señaló que el resto de las personas que se fugaron habían participado en actos preparatorios para el ingreso de droga al país, o estaban imputados por tenencia no para consumo pero no tenían la peligrosidad de González y Leal considerados líderes de bandas.
En ambos casos Rosano dijo que “si no hubiera sido por estas cuestiones (en relación a los certificados médicos adulterados) no hubieran accedido a medidas alternativas porque no daban con el perfil”.
Otro dato que ha trascendido a raíz de estas fugas, es que en lo que va de 2023, la justicia otorgó 53 prisiones domiciliarias vinculados al narcotráfico. Rosano dijo que creen que hay casos en los que no correspondía ese beneficio, por lo que en esos casos, "se incrementan las medidas". Afirmó que en este momento hay 35 casos en esa situación.
"Si vemos que hay más movimientos de lo normal, o se trata de perfiles complicados por tratarse de personas que han demostrado nivel de cumplimiento bajo los priorizamos y ampliamos los controles", dijo el jerarca.
Piden participación en la decisión
El director de Supervisión de la Libertad Asistida contó que ya hicieron un planteo institucional para intervenir en la decisión que hoy toman los jueces cuando le otorgan a un recién imputado o a un preso la prisión domiciliaria.
Rosano entiende que deberían participar de la decisión en dos momentos, el primero antes de que se tome la decisión para evaluar si la persona está en condiciones de adherir o no a la medida y el otro cuando se dispone la medida para poder hacer un análisis de riesgo y poder definir cuál es el tipo de control que requiere cada persona.
"No nos oponemos a que los jueces dicten las medidas pero pedimos que nos permitan definir si lo vamos a controlar por tobillera o planilla", tras analizar los riesgos.
En el caso de Leal, la jueza determinó que fuera a cumplir prisión domiciliaria primero en Montevideo y luego en Rocha sin tobillera, lo que implicaba que personal de la jefatura departamental que trabaja como "enlace" para la Dinasla debiera trasladarse dos veces por semana al domicilio para verificar que estuviera ahí.
Luego de que trascendió que la Justicia empezaría a revisar las prisiones domiciliarias a causa de la maniobra descubierta y que involucraba a Campero, una abogada y otras personas ya imputadas, Leal huyó. Hasta ahora se desconoce su paradero.
