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Nicaragua liberó a 12 sacerdotes católicos, pero los expulsó a Roma
El gobierno de Nicaragua liberó a una docena de sacerdotes católicos encarcelados por diversos cargos y los envió a Roma, luego de negociaciones con el Vaticano.
Un comunicado del gobierno emitido este miércoles informó que los 12 fueron trasladados en avión a Roma por la tarde, luego de “conversaciones fructíferas” con líderes católicos en Nicaragua, así como con personas no identificadas en el Vaticano.
El comunicado decía que el acuerdo mostraba “la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones”.
El presidente Daniel Ortega, que está en el poder desde 2006, trató de reprimir a la oposición desde 2018, cuando los recortes de la seguridad social desencadenaron protestas masivas contra el gobierno.
Ortega sostuvo que la Iglesia ayudó a las protestas alentando un intento de golpe, y este año intensificó la represión contra el clero católico y las instituciones afiliadas a la Iglesia.
Acusó a líderes de la iglesia de intentar derrocar su gobierno, mientras que las autoridades judiciales arrestaron a sacerdotes y acusaron a algunos de cometer traición, entre otros delitos.
El clero nicaragüense también informó de una permanente vigilancia gubernamental de servicios y agresiones contra sus miembros.
En febrero, el obispo Rolando Álvarez, quien criticó la represión de 2018 y finalmente fue arrestado durante una redada en una iglesia antes del amanecer en 2022, supuestamente por “organizar grupos violentos”, fue sentenciado a 26 años de prisión por cargos de traición.
Su sentencia se produjo poco después de que 222 presos políticos fueran enviados a Estados Unidos en un acuerdo negociado por el gobierno estadounidense.
Álvarez se había negado a abordar ese vuelo. Posteriormente, el gobierno de Nicaragua despojó a esos prisioneros de su ciudadanía.
El nombre de Álvarez no figuraba entre los 12 sacerdotes que viajaron a Roma el miércoles.
Ortega, que estuvo dentro y fuera del poder desde 1979, cuando ayudó a liderar el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza, fue acusado de desmantelar la frágil democracia de Nicaragua.
El mes pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos en Nicaragua designado por las Naciones Unidas dijo que la situación de los Derechos Humanos había empeorado en los seis meses anteriores, citando la erosión de la libertad académica y el cierre de universidades.
En agosto, el gobierno confiscó propiedades y activos pertenecientes a la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, una de las instituciones de educación superior más importantes del país.
Los funcionarios universitarios dijeron que su institución había sido acusada de funcionar como un “centro de terrorismo”.
El panel de la ONU dijo que era una de las 27 instituciones privadas a las que se les había cancelado su estatus legal en los últimos años.
Alrededor del 43% de la población de Nicaragua es católica, y la cifra está disminuyendo en medio de un creciente interés en las iglesias evangélicas, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe más reciente sobre la libertad religiosa en Nicaragua.
(Con información de agencias)
